Crítica:
El artículo expone claramente la problemática de la doble imposición y las diferencias regionales, pero podría profundizar más en posibles soluciones legislativas. El título es informativo pero no sensacionalista.
Más de 53.000 españoles renuncian a la herencia de sus padres porque no pueden asumir los impuestos: "En algunas regiones la diferencia es de 100.000 euros"
Impuestos ahogan herencias en España
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Cierre nuclear: Impacto económico
El cierre de Almaraz I, con sus primeros 1.000 megavatios de potencia firme, podría encarecer la vida un 23% para hogares y pymes, y un 35% para la industria, según un informe de OBS Business School. El estudio, dirigido por Víctor Ruiz Ezpeleta, advierte de un posible incremento anual de entre 150 y 250 euros para hogares y pymes. La retirada de la energía nuclear dejará un vacío de 55-60 TWh anuales, que será cubierto principalmente por el gas natural, lo que hará que el precio marginal del mercado mayorista suba entre 13 y 37 euros por MWh. Esto no solo encarecerá la electricidad, sino que también aumentará los costes de emisión de CO2. Además, la falta de inercia de los turbogeneradores nucleares podría provocar episodios de volatilidad extrema si no se despliega masivamente tecnología de almacenamiento y baterías para 2027. El informe subraya la urgencia de invertir en digitalización y almacenamiento eléctrico para mitigar riesgos económicos que podrían alcanzar miles de millones de euros en sectores clave como la industria y los servicios. La pérdida de miles de empleos de alta cualificación técnica debido al desmantelamiento nuclear es otro de los riesgos destacados.
Subsidio paro sube 1.260 millones
En un giro inesperado, el subsidio por desempleo en España ha aumentado un 5,44% en 2025, alcanzando los 24.421 millones de euros, pese a una reducción del 5,94% en el número de parados registrados. A diciembre de 2025, el SEPE reportó 2.560.718 desempleados, un incremento de 152.048 respecto al año anterior. Sin embargo, el número de beneficiarios de prestaciones apenas varió, pasando de 1.783.205 a 1.788.185. Esta discrepancia se debe en parte a que quienes perdieron su empleo en 2025 tenían historiales de cotización más largos, lo que resulta en prestaciones más elevadas. El gasto mensual promedio en prestaciones por desempleo se situó en 2.035 millones de euros, con un máximo de 2.215 millones en enero y un mínimo de 1.852 millones en junio. El coste medio por beneficiario experimentó un aumento significativo, pasando de 1.117 euros mensuales en 2024 a 1.465 euros en octubre de 2025, lo que representa un incremento del 31,12%.
Teletrabajo récord en funcionarios públicos
El teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) ha alcanzado un máximo histórico, con más de 90.000 funcionarios trabajando a distancia al menos una vez por semana. Esto representa más del 50% de los empleados públicos estatales, una cifra que triplica la tasa observada en el sector privado, donde solo el 14,8% de los asalariados teletrabaja. La diferencia se debe en gran medida a la naturaleza de los puestos y al grado de digitalización de las tareas en la Administración estatal, donde predominan funciones administrativas y técnicas que pueden desarrollarse mediante sistemas electrónicos. La extensión del expediente digital y la firma electrónica han permitido trasladar parte del trabajo fuera de la oficina sin alterar la continuidad del servicio público. En el sector privado, la adopción del teletrabajo es limitada fuera de nichos específicos como tecnología, consultoría y finanzas, donde la flexibilidad laboral funciona como herramienta de atracción de talento. El modelo híbrido se ha consolidado en la AGE, permitiendo optimizar el uso de edificios administrativos y ajustar consumos energéticos, aunque parte del coste se traslada al ámbito doméstico.
Fraude del pescado al descubierto
En el vasto y complejo mercado mundial de la pesca, valorado en casi 200.000 millones de dólares, el engaño se ha convertido en una práctica habitual. La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que uno de cada cinco productos pesqueros y de acuicultura que se comercializan es fraudulento. Esto no solo afecta al consumidor, sino que también amenaza la biodiversidad y la credibilidad de toda la cadena alimentaria. El informe de la FAO revela un panorama inquietante que incluye adulteración con colorantes, sustituciones de especies de alto valor por otras más baratas, falsificación de productos y ocultación del origen geográfico real del pescado. La complejidad del mercado, con más de 12.000 especies comercializadas globalmente, muchas con apariencias similares una vez procesadas, convierte el sector en un terreno fértil para el engaño. Entre las prácticas más habituales está la sustitución de especies, como vender tilapia como pargo rojo o salmón de piscifactoría como si fuera salvaje, lo que puede generar un beneficio adicional de hasta 10 dólares por kilo. El fraude no se limita a tiendas y supermercados, sino que también se aprecia en restaurantes, donde hasta el 30% de los productos de mar servidos podrían estar mal etiquetados. La FAO propone armonizar los requisitos de etiquetado a nivel internacional, exigir el nombre científico de las especies y reforzar los sistemas de trazabilidad para frenar estas prácticas. El uso de modelos de aprendizaje automático para detectar anomalías en los flujos comerciales también se destaca como una herramienta emergente para combatir el fraude.
Agricultores protestan por Mercosur
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha convocado una masiva tractorada en Madrid para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, denunciando una competencia desleal y el riesgo para la salud pública debido a productos químicos prohibidos en la UE. Luis Cortés, coordinador estatal de la organización, ha criticado duramente el acuerdo, afirmando que 'nos han engañado durante 20 años' al permitir la entrada de productos con tratamientos fitosanitarios y hormonales prohibidos en territorio comunitario. La protesta, que ha congregado a unos 500 tractores y más de 1000 manifestantes, ha marchado desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Agricultura en Atocha. Cortés ha cuestionado la estrategia de la Comisión Europea y ha mostrado su desconfianza en las soluciones propuestas por el Gobierno, como las 'cláusulas de salvaguardia' y los contingentes. La principal reivindicación del sector es la aplicación de 'cláusulas espejo', es decir, la reciprocidad en las condiciones de producción. El experto agrícola ha alertado sobre la pérdida de soberanía alimentaria y la dependencia de mercados lejanos, subrayando que los agricultores europeos se sienten 'agricultores de segunda dentro de nuestra propia tierra'.
Fondo soberano para telecomunicaciones
El Gobierno español ha puesto en marcha un ambicioso plan para crear un fondo 'soberano' destinado a impulsar el despliegue de redes de telecomunicaciones en todo el país. Con un presupuesto inicial de 10.500 millones de euros procedentes de los fondos Next Gen, el Ejecutivo pretende movilizar inversiones privadas por un importe muy superior, multiplicando por doce veces la aportación pública. Para lograrlo, el Ministerio para la Transformación Digital, dirigido por Óscar López, ha comenzado a reclamar a las principales operadoras de telecomunicaciones -Telefónica, Avatel, Adamo y Hispasat- la devolución anticipada de subvenciones no ejecutadas o con un grado de ejecución muy retrasado. Estos fondos, que inicialmente estaban destinados a programas de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones financiados con fondos europeos, se devolverán antes de mayo y se utilizarán para nutrir el nuevo fondo España Crece, anunciado por el presidente Pedro Sánchez el pasado 15 de enero. La complejidad de los programas Unico, destinados a dotar de conexiones de fibra óptica a zonas rurales y a extender las redes de fibra FTTH, unida a la dificultad para obtener permisos administrativos, ha lastrado su ejecución. Telefónica es la operadora que mejor nivel de ejecución ha mostrado. La devolución voluntaria de estas subvenciones permitirá a las empresas adjudicatarias evitar intereses de demora.
Escribano vale 3.000 millones
La posible fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha puesto en el punto de mira la valoración de esta última, que podría alcanzar los 3.000 millones de euros en una hipotética salida a bolsa. Los hermanos Ángel y Javier Escribano tasaron su empresa en 100 millones en 2021, pero el crecimiento exponencial de la firma ha disparado esta cifra. Según estimaciones basadas en comparables de mercado y supuestos de crecimiento, EM&E podría valer entre 2.827 y 3.319 millones de euros en los próximos años. El Gobierno, a través de la SEPI, y los Escribano están dispuestos a negociar para desbloquear la integración, aunque Moncloa ha mostrado dudas sobre la manera de acometerla. La decisión final se tomará próximamente en el consejo de Indra y deberá ser negociada con EM&E. La valoración final será crucial para determinar el peso de los accionistas actuales en la estructura final de Indra, especialmente para Moncloa, que no quiere perder su posición de control. Además, una valoración demasiado alta o baja podría generar críticas de inversores, problemas regulatorios o rechazo. Los Escribano han reiterado que no hay un 'plan B' si la operación no se concreta, pero una salida a bolsa podría ser una opción. Javier Escribano anticipó que para 2030 la compañía podría tener un EBITDA de 410 millones y facturar más de 1.300 millones. Utilizando la mediana y la media de los ratios de capitalización/EBITDA de 15 empresas de defensa de referencia, se estima que EM&E podría valer 2.827,2 millones en 2026 y 3.319,4 millones en 2027. Aplicando un descuento del 10-15% por salida a bolsa, la valoración se acercaría a los 3.000 millones de euros.
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