La noticia revela una falta de transparencia en las operaciones financieras de Bono, especialmente en relación con sus inversiones en Marruecos tras el cambio de postura del Gobierno español sobre el Sahara Occidental. El artículo podría profundizar más en las implicaciones políticas de estas inversiones.
El Gobierno español está considerando crear una 'Criteria pública' para aglutinar empresas de Defensa, incluyendo Indra y EM&E, propiedad de la familia Escribano. La Sepi, el brazo inversor de Moncloa, podría comprar una participación mayoritaria en EM&E por alrededor de 1.000 millones de euros. Esto daría a la familia Escribano un peso superior al 25% en la empresa fusionada, lo que ha generado recelos en Bruselas. El objetivo es crear un 'campeón nacional' en Defensa, similar a CriteriaCaixa, para garantizar el control sin interferencias. Se especula con nombres como Ángel Simón o Carlos Ocaña para liderar el holding. La operación podría incluir otras empresas como Navantia y Airbus. Mientras tanto, el Gobierno se mueve en la sombra para sondear la opinión de Estados Unidos y podría usar la batalla judicial entre Indra y Santa Bárbara como palanca para forzar cambios en la dirección de Indra.
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no adaptarse adecuadamente a la normativa europea sobre créditos hipotecarios de 2014. Bruselas detecta fallos en la protección al consumidor y en la competencia en el mercado hipotecario español, limitando la entrada de entidades extranjeras y reduciendo las opciones para los ciudadanos. España tiene un ultimátum de dos meses para corregir las deficiencias antes de enfrentar posibles sanciones y ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE. La normativa en cuestión busca crear un mercado único y competitivo, garantizando una protección blindada para los consumidores. Sin embargo, España ha fallado en varios puntos críticos, como el acceso a bases de datos de solvencia para prestamistas extranjeros y la supervisión de intermediarios de créditos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encargado al economista Manuel Illueca, actual presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la titánica misión de movilizar 60.000 millones de euros en las empresas a través del fondo soberano del Estado español. Illueca, un experto en gestión crediticia y financiación de proyectos con dinero público, carece de experiencia en el sector privado, lo que ha generado escepticismo en algunas grandes empresas. Su nombramiento se produce en un contexto en el que España busca implementar un fondo soberano similar al de Noruega o los estados petroleros del Golfo Pérsico, con una primera partida de 10.500 millones procedentes de fondos europeos. El objetivo es movilizar un total de 120.000 millones, con la mitad proveniente de las administraciones públicas y los 60.000 millones restantes de las empresas. La iniciativa, presentada sin consultar previamente con el sector privado, ha generado dudas sobre su viabilidad. El economista Santiago Sánchez destaca que los multiplicadores de inversión previstos son muy superiores a los del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, que resultó en un fiasco en la ejecución de los PERTE. El ICO, bajo la dirección de Illueca, había impulsado líneas de inversión ligadas a fondos europeos, pero tuvo que renunciar al 95% de las partidas comunitarias por falta de ejecución. La misión de Illueca se complica aún más por la falta de confianza del sector empresarial, que ha mostrado su descontento con las políticas del Gobierno, como la reciente subida del salario mínimo interprofesional sin la presencia de representantes empresariales.
El ambicioso plan de Pedro Sánchez para construir 15.000 viviendas públicas se enfrenta a un obstáculo insalvable: la saturación de la red eléctrica española, que ha alcanzado un 88% de capacidad. Las empresas eléctricas advierten que no hay margen para conectar nuevas viviendas o empresas a la red. La situación se ha agravado por la falta de inversiones en la red de alta tensión y el rechazo de las compañías eléctricas al nuevo marco de retribución establecido por la CNMC. Según Asprima, la patronal de promotoras inmobiliarias, 350.000 proyectos de nuevas viviendas vieron denegada su petición de acceso a la red eléctrica en 2024. La CNMC ha fijado el 20 de febrero como fecha tope para resolver los 'mapas de capacidad de acceso de la demanda a la red', pero Red Eléctrica solo ha logrado acuerdos en el 26% de los nudos de interconexión. Mientras, Moncloa ha reciclado 10.500 millones de fondos de la UE, prometiendo multiplicarlos por 12 sin detallar cómo.
La decisión de cerrar progresivamente las centrales nucleares en España está generando una gran preocupación en el sector energético. Según un reciente estudio de OBS Business School dirigido por Víctor Ruiz, la clausura de estas plantas no solo afectará la factura eléctrica de los hogares, sino que también provocará un aumento del 35% en la industria y del 20% en el sector servicios. La razón principal de este encarecimiento es que prescindir de la energía nuclear obligará a recurrir más al gas, una fuente más cara y que aumenta la dependencia energética del exterior. El director del estudio advierte sobre la necesidad de buscar alternativas viables antes de proceder con el cierre, ya que el calendario actual no tiene un plan B consolidado. La fecha marcada para el inicio del cierre es 2027, con la central de Almaraz como primera en la lista. Los expertos coinciden en que España no está preparada para este cambio y que se necesitan más baterías y conexiones internacionales para asegurar la estabilidad del suministro energético.
La A-4, autovía de Andalucía, se ha convertido en una trampa mortal para los conductores debido a los socavones provocados por los últimos temporales. El ingeniero Jesús denunció en 'Herrera en COPE' que el problema radica en la forma de licitar las infraestructuras públicas, donde se prima la baja temeraria, es decir, ofertas un 20% más baratas que la media, lo que compromete la calidad de los proyectos. El 85% de estas ofertas son aprobadas pese a que se presupone que no serán viables técnicamente. El propietario de una empresa de grúas en Bailén, Francisco Ozaez, calificó los días 9, 10 y 11 del mes como 'trágicos' debido al volumen de trabajo generado por los accidentes en la autovía. La Guardia Civil acumulaba más de 300 denuncias de usuarios. El déficit de inversión en conservación durante los últimos diez años se estima entre 5.000 y 13.000 millones de euros, según la Asociación Española de la Carretera. El ministerio de Óscar Puente gestiona más de 12.000 kilómetros de la red de carreteras del Estado. La falta de Presupuestos Generales del Estado desde hace más de tres años dificulta conocer la inversión real en mantenimiento.
Un reciente informe de Tax Down Europe, elaborado por el economista Alex Mengden, sitúa a España como el cuarto país con el IRPF más elevado para autónomos con altos ingresos en Europa. El estudio analiza las tasas máximas del impuesto sobre la renta en 35 países europeos, destacando la progresividad de los sistemas impositivos. España alcanza un tipo máximo del 54%, solo superado por Dinamarca (60,5%), Francia (55,4%) y Austria (55%). El informe subraya que tasas máximas elevadas pueden desincentivar la obtención de mayores ingresos, afectando negativamente la recaudación. Los datos provienen de fuentes como la Comisión Europea y PwC. Mientras que países de la OCDE tienen un tipo impositivo máximo medio del 43,4%, naciones no pertenecientes a la OCDE como Bulgaria y Rumania presentan tipos únicos más bajos (10%).
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