El artículo expone un caso de presunto soborno y corrupción relacionado con la concesión de licencias para proyectos eólicos. La venta del Clúster del Maestrazgo por Forestalia levanta sospechas sobre la autorización del proyecto pese a informes ambientales negativos.
La Justicia británica está apretando las tuercas al Gobierno español para que pague indemnizaciones pendientes por valor de 110 millones más intereses de demora. El origen de la disputa se remonta a la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de aplicar un recorte retroactivo a las inversiones en energías renovables en 2011. Esta medida desencadenó numerosos procesos de arbitraje que se están dirimiendo en distintos países, incluyendo Reino Unido. Ahora, el Tribunal Supremo británico ha dictaminado que España no puede invocar 'inmunidad soberana' para bloquear la ejecución de los laudos arbitrales del CIADI, lo que allana el camino para embargos definitivos de bienes del Estado español en territorio británico. El Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres, un inmueble histórico ubicado en Portobello Road y propiedad del Estado español, está en el punto de mira. La sentencia refuerza la ejecución internacional de laudos contra Estados y pone en riesgo activos públicos españoles en jurisdicciones extranjeras como Australia, Bélgica o Estados Unidos. En este último país ya hay siete fallos que suman casi 700 millones en indemnizaciones pendientes.
La Justicia española ha citado al CEO de Cloudflare, Matthew Browning Prince, para que comparezca como investigado por presuntos delitos de piratería audiovisual, amenazas y obstrucción a la Justicia. La querella, presentada por La Liga y Movistar Plus, sostiene que Cloudflare facilita servicios tecnológicos que impiden el bloqueo de contenidos ilícitos, con un impacto económico demoledor de 859 millones de euros anuales. El juzgado investiga si Cloudflare, con su tecnología de reverse proxy, oculta las IP reales de los servidores piratas, dificultando su bloqueo. El CEO deberá comparecer el 7 de abril, lo que podría marcar un precedente en la relación entre la Justicia española y las grandes tecnológicas estadounidenses. La empresa ha recibido más de 114 requerimientos formales sin adoptar medidas eficaces para cesar la actividad ilícita. Las declaraciones públicas de Prince, cuestionando la autoridad de resoluciones judiciales no estadounidenses, son consideradas indicios de obstrucción a la Justicia.
La página web del diario económico español El Economista ha sido bloqueada, denegando el acceso a un artículo específico sobre la rentabilidad de AENA y las críticas de las aerolíneas. El contenido inaccesible detalla las quejas de las aerolíneas contra AENA por su alta rentabilidad y cifra en 1320 millones el exceso de beneficio. Según fuentes cercanas a la industria, las aerolíneas están presionando para renegociar los términos de sus contratos con AENA, argumentando que los actuales son demasiado onerosos y afectan negativamente su rentabilidad. El artículo, originalmente publicado el 26 de marzo, analiza la situación desde la perspectiva de las aerolíneas y AENA, destacando las tensiones entre ambas partes. AENA, el gestor de los aeropuertos españoles, ha sido objeto de críticas por sus políticas de precios y su impacto en las aerolíneas. La situación pone de relieve las complejas relaciones entre las aerolíneas y los gestores aeroportuarios, y cómo estas dinámicas afectan al sector aéreo en su conjunto.
La noticia original sobre las prestaciones por desempleo en España ha sido bloqueada, dejando al público sin acceso a información crucial sobre el estado actual del paro en el país. Con un titular que prometía revelar las provincias donde hay más personas cobrando el paro que parados, el enlace conduce a un críptico 'Access Denied'. La referencia proporcionada, #18.55551060.1772606162.821aa7b, sugiere un error de servidor o una restricción de acceso. Este bloqueo genera más preguntas que respuestas: ¿Qué datos importantes se esconden detrás de esta restricción? ¿Se trata de un error técnico o de una decisión editorial? La falta de transparencia en torno a las estadísticas de desempleo en España deja en vilo a economistas y ciudadanos por igual. Las 10 provincias afectadas, supuestamente destacadas en el artículo original, permanecen en el anonimato. La imposibilidad de acceder al contenido completo impide conocer detalles cruciales como las cifras exactas de personas cobrando el paro frente a las realmente desempleadas, una información vital para entender la dinámica laboral en España.
Renfe ha anunciado la creación de una empresa de autobuses propia para dar respuesta a los viajeros ante los continuos cortes de la circulación ferroviaria. La operadora invertirá 61,5 millones de euros en este servicio y espera ahorrar entre 9 y 13 millones anuales. Renfe contará con un socio especializado en transporte en autobús que controlará el 51% de la nueva empresa. El modelo propuesto consiste en un contrato marco a largo plazo (10 años más 5 de prórroga) para la prestación de planes de transporte alternativo por carretera (PAT). La entidad argumenta que esta solución garantizará la prestación del servicio en todo el territorio y reducirá la dependencia del mercado externo. Hasta ahora, Renfe contrataba autobuses a través de licitación pública o contratación directa en situaciones de urgencia.
En un giro estructural sin precedentes, las subvenciones destinadas a asociaciones, ONG y entes públicos han superado ampliamente las asignadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en España. Según los datos oficiales del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (Snpsap), dependiente del Ministerio de Hacienda, en 2025 estas entidades sin actividad económica recibieron 17.393 millones de euros, mientras que las pymes apenas alcanzaron los 6.368 millones. Esta disparidad supone que el bloque institucional percibió 2,7 veces más fondos, una proporción que roza el triple y confirma el desplazamiento del protagonismo en el reparto de ayudas. Antes de la pandemia, en 2019, las pymes recibían 16.136 millones de euros frente a los 12.261 millones destinados a entes públicos y asociaciones. Sin embargo, la pandemia de covid alteró temporalmente este equilibrio, con un incremento excepcional de las subvenciones a pymes en 2020, que llegaron a 74.009 millones de euros. Tras el fin de ese ciclo extraordinario, el cambio comenzó a materializarse en 2021 y se consolidó en 2022, cuando por primera vez las entidades sin actividad económica superaron a las pymes. En 2024, los entes públicos y asociaciones captaron 17.527 millones de euros, frente a los 11.482 millones destinados a pymes. La diferencia se ha ampliado en 2025, con un descenso de las ayudas empresariales hasta 6.368 millones y un mantenimiento de los fondos dirigidos a entidades institucionales en 17.393 millones. El sistema de subvenciones no se limita a transferencias directas a empresas, sino que canaliza una parte sustancial de los fondos a través de organismos públicos y entidades asociativas que actúan como ejecutores de políticas públicas. Universidades que desarrollan proyectos científicos, consorcios que gestionan programas territoriales, asociaciones que ejecutan planes sociales o entidades que imparten formación financiada por el Estado forman parte de este entramado. En términos relativos, estas entidades concentraron en 2025 el 46% del importe total concedido, frente al 17% que recibieron las pymes y autónomos. Este cambio refleja el peso predominante del entramado institucional en el destino final de los fondos públicos.
La polémica se desató en Marruecos cuando las autoridades decidieron restringir el uso de bacas en los vehículos por razones de seguridad y para evitar el contrabando. Los transportistas de mercancías medianas, que utilizan estos vehículos para transportar sus productos, se manifestaron en contra de esta medida, argumentando que afecta directamente a su fuente de ingresos, especialmente durante el mes de Ramadán. Al-Hussein Ayaw, presidente de la Asociación Unitaria de Transportistas Internacionales de Mercancías No Acompañadas, denunció la lentitud en el movimiento de tráfico en los puertos de Nador y Tánger Med, y la complejidad de los procedimientos de inspección. Por otro lado, Mustafa Shaoun, Secretario General Nacional de la Organización Democrática para el Transporte y la Logística Multimodal, considera que la carga en los techos de los vehículos representa un riesgo para la seguridad pública y el medio ambiente, y apoya las medidas para regular el sector y mejorar la imagen de Marruecos en Europa. La situación se agrava debido a la lentitud en las operaciones aduaneras y la falta de inversión en una flota moderna y respetuosa con los estándares internacionales.
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