Acuerdo definitivo: los funcionarios reducirán su jornada a 35 horas en la primera quincena de abril

35 Horas: Nuevo Ritmo Laboral

economia Una sala de oficinas con pantallas luminosas que muestran horarios de 35 horas, empleados sonrientes trabajando en mesas compartidas, relojes de pared marcando 35, papeles con acuerdos sindicales y una atmósfera de colaboración y progreso, sin rostros específicos ni nombres reales.

La primera quincena de abril marcará un hito en la gestión pública española. La Administración General del Estado firmó, hoy, un acuerdo definitivo que fija una jornada laboral de 35 horas semanales en todos los organismos, ministerios e instituciones del poder central. El pacto, fruto de negociaciones que se remontan a 2022 y que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía en noviembre, incluye a 246.500 funcionarios cuyo horario cambiará de forma irrevocable. El documento, que no excluye a ninguna rama de la AGE, también extiende la medida a las agencias públicas y a las empresas públicas vinculadas.

Además, adapta las jornadas de especial dedicación, que antes eran de 40 horas, a 37 horas y media, y revisa la jornada intensiva de verano. En las unidades con requisitos propios—como las Instituciones Penitenciarias—la aplicación se negociará mediante mesas de trabajo específicas, garantizando que la prestación de servicios no sufra ninguna brecha. El sindicato CSIF, pieza clave en el desbloqueo del acuerdo, declaró que su interlocución fue “fundamental para lograr este acuerdo que estaba pendiente de aplicación desde 2022”.

Por su parte, Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, confirmó en una entrevista que “en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril”, aunque reconoció que “algunas comunidades ya la implementan, otras no”. UGT dio el visto bueno al pacto; CC OO aún evalúa la propuesta, y el sindicato ha pedido la inclusión de más colectivos. El Ministerio de Función Pública deberá publicar una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de quince días.

Con el acuerdo firmado, la AGE se dispone a suscribir la nota de protocolo y a iniciar los trámites de adaptación en cada ámbito, marcando el inicio de una nueva era laboral para el sector público.

Crítica:

El texto ignora las posibles repercusiones en la calidad del servicio público. La promesa de 35 horas parece más política que práctica.

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