Con un precio de salida de 6.218 euros anuales, el Gobierno español ha licitado un seguro de responsabilidad civil para blindar a la cúpula de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa), en pleno relanzamiento del proyecto del túnel bajo el Estrecho de Gibraltar.
El seguro, que cubrirá reclamaciones por errores de gestión, negligencias u omisiones en la toma de decisiones, así como gastos de defensa jurídica, investigaciones administrativas y procedimientos judiciales, tiene un importe máximo asegurado de 1,64 millones de euros y podrá prorrogarse hasta un máximo de cinco años, lo que eleva su valor estimado a 28.750 euros.
El presidente de Secegsa, el general José Luis Goberna, y los miembros del consejo de la sociedad, entre los que se encuentran representantes del Gobierno español y de Marruecos, serán los beneficiarios de esta póliza. La cobertura incluye además posibles sanciones y responsabilidades contables derivadas de actuaciones fiscalizadas por organismos públicos como el Tribunal de Cuentas, junto a coberturas adicionales como restitución de imagen, prácticas laborales o asistencia a los directivos en caso de verse implicados en procedimientos derivados de su actividad.
El seguro cuenta con un presupuesto base de 6.218 euros anuales y podrá prorrogarse hasta un máximo de cinco años, lo que eleva su valor estimado a 28.750 euros. La licitación de este seguro se produce en un momento clave para el proyecto, ya que el Gobierno prevé contar hacia mediados de año con la actualización del anteproyecto y avanzar en el diseño de la galería de reconocimiento, el túnel exploratorio que ratificaría de forma definitiva la viabilidad del enlace ferroviario.
El proyecto básico de esa galería podría quedar en condiciones de licitarse a partir de 2027, en función de los resultados de las campañas geológicas y sísmicas en curso sobre las zonas más complejas desde el punto de vista técnico. Los estudios técnicos manejados hasta ahora apuntan a que la construcción del proyecto en su conjunto requeriría alrededor de una década de obras y una inversión cercana a los 8.500 millones de euros del lado español, aunque estas cifras siguen siendo preliminares y dependerán de los resultados de las investigaciones en curso.
En este contexto, la contratación del seguro sugiere un cambio de fase en el proyecto, ya que la gestión del túnel comienza a implicar mayores responsabilidades jurídicas y económicas. El Gobierno ha incrementado de forma sostenida la financiación de Secegsa, que ha pasado de recibir apenas 50.000 euros anuales a acumular más de 9,6 millones de euros en recursos públicos desde 2022, en paralelo al avance de los estudios técnicos.
El seguro cubrirá las decisiones adoptadas desde el relanzamiento del proyecto, que coincide con la etapa en la que el Gobierno reactivó el proyecto del túnel del Estrecho tras el cambio de posición sobre el Sáhara y el acercamiento al rey Mohamed VI, un giro que marcó el relanzamiento de la cooperación bilateral con Marruecos.
La retroactividad de hasta cuatro años permitirá cubrir posibles responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas antes de la entrada en vigor de la póliza, lo que sugiere que el Gobierno está tomando medidas para proteger a sus directivos y asegurar el éxito del proyecto.
En resumen, el seguro de responsabilidad civil licitado por el Gobierno español es un paso importante para proteger a la cúpula de Secegsa y asegurar el éxito del proyecto del túnel bajo el Estrecho de Gibraltar, que se encuentra en una fase clave de su desarrollo.
Crítica:
El artículo carece de profundidad en la análisis de las implicaciones políticas y económicas del proyecto, y se centra demasiado en los detalles técnicos. La falta de contexto histórico y la ausencia de voces críticas debilitan la narrativa.
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