El informe de la OCDE es contundente, pero la pregunta es ¿qué hará el gobierno español al respecto? La crítica a las exenciones fiscales y los tipos reducidos del IVA es bienvenida, pero la eliminación progresiva de subsidios debe ser acompañada de medidas que protejan a los más vulnerables.
La presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, ha defendido el rescate a Plus Ultra, asegurando que la aerolínea cumplía con los 13 requisitos de elegibilidad y era solvente, a pesar de tener pérdidas. La situación es similar a cuando te dicen que tu cuenta bancaria está en orden, pero te cobran un sablazo en la factura. Gualda ha señalado que la empresa ha devuelto 12 millones de euros en intereses, pero todavía debe 19 millones de euros, lo que es como tener una tarjeta de crédito con un límite alto, pero no poder pagar la factura. La presidenta ha subrayado que la Comisión Europea considera que el sector aéreo es estratégico y que el rescate de Plus Ultra se ajusta a la normativa. Sin embargo, el senador del PP, Salvador Foronda, ha cuestionado la viabilidad de la aerolínea y ha recordado que una empresa necesita ser viable y solvente en condiciones normales para recibir un préstamo. La situación es como intentar pedir un préstamo para comprar un coche, pero tener un historial crediticio dudoso. Gualda ha asegurado que la SEPI ha realizado 700 auditorías y más de 800 controles internos, lo que es como tener un contador que revisa tus gastos, pero no necesariamente te dice que estás haciendo algo mal. La presidenta ha defendido que el plan de viabilidad de Plus Ultra es sólido y que la empresa no está en quiebra, lo que es como decir que un barco que se hunde puede seguir navegando. La situación es confusa y genera más preguntas que respuestas, como si estuvieras intentando armar un rompecabezas con piezas que no encajan.
En un giro inesperado, el vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha condicionado la presentación de los presupuestos a la evolución de las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Esto sucede en un momento de gran incertidumbre internacional, con la guerra en Irán y la volatilidad de los precios de las materias primas energéticas. Cuerpo ha asegurado que el Gobierno está trabajando para presentar los presupuestos, pero que es pronto para conocer el impacto de la guerra y las medidas adoptadas. Mientras tanto, la inflación sigue siendo un tema candente, con un aumento del 6,5% en los salarios reales entre 2018 y 2025, aunque la percepción generalizada es de encarecimiento de la vida. El vicepresidente ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la inflación y ha destacado la importancia de la coordinación política y económica dentro del Ejecutivo. En cuanto a la pobreza infantil, ha reconocido que sigue siendo un problema estructural, pero ha defendido que el Gobierno está avanzando hacia la convergencia con otros países europeos. La situación económica es compleja, con una deuda pública que supone un sablazo en la factura de los españoles, pero Cuerpo ha asegurado que el Ejecutivo está operando dentro de la normativa y que vamos a presentar los presupuestos. La pregunta es, ¿qué pasará con los presupuestos y cómo afectará a la economía española? Solo el tiempo lo dirá. La visita de Pedro Sánchez a China y la necesidad de reforzar el orden multilateral son temas que también han sido abordados en la entrevista. En resumen, la situación económica es incierta, pero el Gobierno está trabajando para presentar los presupuestos y contener la inflación. La coordinación política y económica es clave para superar esta situación. La inflación es un tema candente, y la percepción generalizada es de encarecimiento de la vida. El Gobierno debe trabajar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y avanzar hacia la convergencia con otros países europeos. La pobreza infantil es un problema estructural que debe ser abordado con políticas de crecimiento y estabilidad. La situación es compleja, pero el Gobierno está operando dentro de la normativa y vamos a presentar los presupuestos.
En un giro inesperado, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la presentación de los Presupuestos Generales del Estado dependerá de la evolución de los efectos de las medidas adoptadas. Esto suena a 'espera y verás', pero con la economía española en juego, el suspense es palpable. Mientras tanto, el conflicto en Irán y la volatilidad de los precios de las materias primas energéticas como el petróleo y el gas están poniendo a prueba la capacidad del Gobierno para navegar en aguas turbulentas. La inflación, el poder adquisitivo y la pobreza infantil son solo algunos de los temas que Cuerpo ha abordado en su reciente entrevista en Onda Cero. Con un tono de confianza, ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la inflación y mejorar las rentas, pero también ha reconocido que queda mucho por hacer. La pregunta del millón es: ¿podrá el Gobierno cumplir con su obligación de presentar los Presupuestos sin que la economía española se resienta? Solo el tiempo lo dirá. Cuerpo ha destacado que el crecimiento del empleo en sectores de mayor valor añadido ha contribuido a mejorar las rentas, especialmente en los tramos más bajos. Sin embargo, la percepción generalizada de encarecimiento de la vida y la persistencia de problemas estructurales como la pobreza infantil siguen siendo un desafío para el Gobierno. Con una mezcla de optimismo y prudencia, Cuerpo ha valorado positivamente los datos turísticos de Semana Santa, que han sido 'buenos, incluso muy buenos' pese a la guerra. Pero, ¿qué hay detrás de estas cifras? ¿Es el resultado de una política económica efectiva o simplemente un efecto temporal? La respuesta, como siempre, está en los detalles. En cualquier caso, el vicepresidente ha asegurado que el Gobierno está trabajando para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, aunque ha admitido que queda camino por recorrer. La situación es compleja, pero con una dosis de sarcasmo y un análisis profundo, podemos intentar desentrañar los hilos de esta madeja económica y política. Después de todo, como dice el refrán, 'el que nada debe, nada teme'. Pero, ¿qué pasa cuando el que nada debe es el propio Gobierno? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Con un presupuesto que se espera sea de más de 300.000 millones de euros, el juego es alto. La pregunta es: ¿podrá el Gobierno hacer malabarismos con las cifras y mantener la economía española a flote? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el espectáculo va a ser emocionante. En un contexto de incertidumbre internacional, el vicepresidente ha defendido la necesidad de reforzar el orden multilateral y avanzar en soluciones diplomáticas. Ha subrayado que la elevada incertidumbre y volatilidad del contexto internacional dificultan la planificación, pero ha asegurado que España parte de 'una posición más sólida' que en crisis anteriores. Con una mezcla de política, economía y un toque de humor, Cuerpo ha intentado tranquilizar a los ciudadanos, pero la realidad es que la situación es compleja y requiere una atención constante. En resumen, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado es un tema candente que requiere una atención especial. Con la economía española en juego, el Gobierno debe hacer malabarismos con las cifras y mantener la estabilidad. ¿Podrá hacerlo? Solo el tiempo lo dirá.
Imagina que estás en una casa con luces que parpadean como una discoteca, pero en lugar de música, hay un sistema eléctrico que parece estar jugando al equilibrio. Eso es lo que pasó en España el 28 de abril, cuando un apagón dejó a miles de personas en la oscuridad. La pregunta es, ¿qué pasó? La respuesta no es tan simple. En un sistema que se supone que es como un reloj suizo, las piezas no encajan como deberían. Red Eléctrica de España, la encargada de mantener la luz encendida, ha estado celebrando los récords de producción de energía renovable como si fuera un equipo de fútbol ganando la Champions. Pero después del apagón, ese tono celebratorio se convirtió en un susurro. ¿Qué cambió? La verdad es que las renovables han estado en el centro del debate, y aunque los informes oficiales descartan que el apagón fuera consecuencia directa de la penetración renovable, las conclusiones no han quedado fuera de discusión. Es como si se estuviera jugando a un juego de culpabilidad, donde todos tienen un poco de culpa, pero nadie quiere asumir la responsabilidad. La comunicación de Red Eléctrica ha cambiado, ahora es más sobria, menos épica, pero ¿es suficiente? El sistema eléctrico ha cambiado también, con más presencia de ciclos combinados de gas para aportar estabilidad, pero ¿es la solución correcta? La verdad es que el apagón ha dejado cambios de calado en el sistema eléctrico, y lo que sí es evidente es que la configuración del sistema previo al apagón quizá no era tan robusta como se había trasladado. Es como si se estuviera construyendo un castillo de naipes, y alguien sopló demasiado fuerte.
La noticia de que un juzgado esté investigando el rescate de Air Europa es como un rayo en un día soleado. ¿Quién no recuerda aquellos 475 millones de euros que cayeron del cielo como maná para la aerolínea en noviembre de 2020? Fue como una lista de la compra para el número dos de la SEPI, Bartolomé Lora, y su equipo. Pero, ¿qué pasó con las deudas pendientes de Air Europa con Hacienda? Según la denuncia de Manos Limpias, la aerolínea no cumplía con los requisitos legales para recibir el rescate. La investigación ahora en curso deberá determinar si se aplicaron correctamente los criterios de elegibilidad o si existieron irregularidades en el procedimiento. El rescate de Air Europa fue la primera operación aprobada al amparo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado en julio de 2020 con una dotación de 10.000 millones de euros. La operación se justificó por el papel clave de la aerolínea en las conexiones con Latinoamérica y por el mantenimiento de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en España. Pero, ¿qué hay detrás de esta ayuda tan generosa? La denuncia sostenía que Air Europa mantenía en aquel momento compromisos pendientes con la Agencia Tributaria, lo que la habría excluido automáticamente de recibir el rescate. La investigación deberá esclarecer si los responsables que participaron en la tramitación del rescate adoptaron una decisión contraria a derecho con pleno conocimiento de ello. El delito de prevaricación al que alude el juez se produce cuando una autoridad o funcionario dicta una resolución arbitraria en el ejercicio de su cargo sabiendo que es injusta. La admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias se produce, además, la misma semana en que se ha iniciado el primer gran juicio contra la presunta corrupción del Gobierno en el Tribunal Supremo. La historia de Air Europa es como un sablazo en la factura, un gasto que no se esperaba. Pero, ¿quién pagará la cuenta? La investigación ahora en curso deberá determinar si se aplicaron correctamente los criterios de elegibilidad o si existieron irregularidades en el procedimiento. La verdad es que, en este caso, la lista de la compra es muy larga y el sablazo en la factura es muy grande. La pregunta es, ¿quién tiene la tarjeta para pagar esta cuenta?
La inversión de los países del Golfo en España se ha reducido drásticamente en los últimos dos años, alcanzando solo 196,24 millones de euros en 2025, un descenso del 24,8% con respecto al ejercicio anterior. Esta caída se produce en un contexto de contracción del flujo total de capital extranjero en el país, que se redujo un 22% en el mismo período. La inversión extranjera directa bruta, excluyendo las entidades de tenencia de valores extranjeros, pasó de 452,01 millones en 2023 a 260,97 millones en 2024, y finalmente a 196,24 millones en 2025. El principal inversor en España es Emiratos, con una cifra que menguó de 361,33 millones en 2023 a 227,13 millones en 2024 y 179,2 millones en 2025. Catar, por otro lado, ha aumentado su inversión, pasando de cero en 2023 a 4,21 millones en 2024 y 5,77 millones en 2025. Kuwait, Baréin y Arabia Saudí también han reducido sus inversiones en España, mientras que Omán y Irán han mantenido un nivel más estable. La reducción en la llegada de inversiones desde Oriente Próximo se produce en un contexto de inestabilidad en la región, con la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Aunque varios fondos soberanos del Golfo han indicado su voluntad de proseguir con sus planes de expansión financiera en el exterior, se cree que pueden revisar sus planes o paralizar ciertos proyectos a la espera de la evolución de la inestabilidad en la región. Las cifras oficiales pueden subestimar la entrada real de dinero del Golfo, ya que no todas las grandes operaciones dejan rastro en los registros. Según Capitalmadrid, el volumen real de inversión de países del Consejo de Cooperación del Golfo en España alcanzó en 2025 los 572 millones de euros. En cualquier caso, están en juego cientos de millones de euros que llegan al país desde esta región, aunque lejos quedan ya los miles de millones que aterrizaban en algunos años de las dos pasadas décadas. La reducción en la inversión del Golfo puede tener un impacto significativo en la economía española, especialmente en sectores como el inmobiliario, el tecnológico y el farmacéutico. Es importante destacar que la inversión extranjera es fundamental para el crecimiento económico de un país, y la reducción en la inversión del Golfo puede ser un indicador de una tendencia más amplia de desinversión en la región. Por lo tanto, es crucial que los responsables de la política económica española tomen medidas para atraer inversión extranjera y diversificar la economía del país.
Con un precio de salida de 6.218 euros anuales, el Gobierno español ha licitado un seguro de responsabilidad civil para blindar a la cúpula de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa), en pleno relanzamiento del proyecto del túnel bajo el Estrecho de Gibraltar. El seguro, que cubrirá reclamaciones por errores de gestión, negligencias u omisiones en la toma de decisiones, así como gastos de defensa jurídica, investigaciones administrativas y procedimientos judiciales, tiene un importe máximo asegurado de 1,64 millones de euros y podrá prorrogarse hasta un máximo de cinco años, lo que eleva su valor estimado a 28.750 euros. El presidente de Secegsa, el general José Luis Goberna, y los miembros del consejo de la sociedad, entre los que se encuentran representantes del Gobierno español y de Marruecos, serán los beneficiarios de esta póliza. La cobertura incluye además posibles sanciones y responsabilidades contables derivadas de actuaciones fiscalizadas por organismos públicos como el Tribunal de Cuentas, junto a coberturas adicionales como restitución de imagen, prácticas laborales o asistencia a los directivos en caso de verse implicados en procedimientos derivados de su actividad. El seguro cuenta con un presupuesto base de 6.218 euros anuales y podrá prorrogarse hasta un máximo de cinco años, lo que eleva su valor estimado a 28.750 euros. La licitación de este seguro se produce en un momento clave para el proyecto, ya que el Gobierno prevé contar hacia mediados de año con la actualización del anteproyecto y avanzar en el diseño de la galería de reconocimiento, el túnel exploratorio que ratificaría de forma definitiva la viabilidad del enlace ferroviario. El proyecto básico de esa galería podría quedar en condiciones de licitarse a partir de 2027, en función de los resultados de las campañas geológicas y sísmicas en curso sobre las zonas más complejas desde el punto de vista técnico. Los estudios técnicos manejados hasta ahora apuntan a que la construcción del proyecto en su conjunto requeriría alrededor de una década de obras y una inversión cercana a los 8.500 millones de euros del lado español, aunque estas cifras siguen siendo preliminares y dependerán de los resultados de las investigaciones en curso. En este contexto, la contratación del seguro sugiere un cambio de fase en el proyecto, ya que la gestión del túnel comienza a implicar mayores responsabilidades jurídicas y económicas. El Gobierno ha incrementado de forma sostenida la financiación de Secegsa, que ha pasado de recibir apenas 50.000 euros anuales a acumular más de 9,6 millones de euros en recursos públicos desde 2022, en paralelo al avance de los estudios técnicos. El seguro cubrirá las decisiones adoptadas desde el relanzamiento del proyecto, que coincide con la etapa en la que el Gobierno reactivó el proyecto del túnel del Estrecho tras el cambio de posición sobre el Sáhara y el acercamiento al rey Mohamed VI, un giro que marcó el relanzamiento de la cooperación bilateral con Marruecos. La retroactividad de hasta cuatro años permitirá cubrir posibles responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas antes de la entrada en vigor de la póliza, lo que sugiere que el Gobierno está tomando medidas para proteger a sus directivos y asegurar el éxito del proyecto. En resumen, el seguro de responsabilidad civil licitado por el Gobierno español es un paso importante para proteger a la cúpula de Secegsa y asegurar el éxito del proyecto del túnel bajo el Estrecho de Gibraltar, que se encuentra en una fase clave de su desarrollo.
Comentarios