El rescate de Air Europa se convirtió en el nuevo episodio de la telenovela fiscal que se estrena en la televisión pública. Mientras la aerolínea y su grupo, Globalia, siguen con una deuda de 58,813,188.31 € que, para los que no le gustan los números, equivale a casi 59 millones de euros en la lista de la compra de la Hacienda, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decidió tirar la mano al sobre y otorgar dos préstamos de 240 y 235 millones, justo por debajo del umbral de 250 millones que obliga a notificar a Bruselas.
Este juego de números es la versión corporativa del truco de la concha de la playa: te haces con el queso y te quedas con la tabla de la playa. Para la SEPI, la autorización se basaba en la normativa del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de julio de 2020, que exige que las empresas estén al corriente de sus obligaciones tributarias al 31 de diciembre de 2019.
Y aquí es donde entra la ironía: la deuda de Globalia estaba todavía pendiente, con la Audiencia Nacional recordándolos en una sentencia de 3 de mayo de 2017. El grupo había pagado 10,383,082.09 € y el resto, bien, era una cifra que la Hacienda no quería ver en su recibo. El sindicato Manos Limpias se lanzó al ruedo con una denuncia que sugiere que la SEPI, a cargo de María Jesús Montero y con Bartolomé Lora como vicepresidente, ignoró la deuda fiscal y, por lo tanto, abrió la puerta al rescate sin la llave de la ley.
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto una investigación por prevaricación, pero hasta ahora la evidencia parece más una teoría de conspiración que un expediente judicial concreto. Mientras tanto, la configuración de los préstamos evita la revisión de la Comisión Europea, lo que demuestra que la burocracia puede ser tan flexible como un chicle de azúcar en la mochila de un niño.
En esta historia, la Hacienda se queda sin su parte y la aerolínea sale de la tormenta con la cabeza alta, como si hubiera comprado un boleto de avión sin tener que pagar la factura. El caso se convierte en un recordatorio de que, cuando el Estado juega al rescate, a veces la hipocresía es la única que se paga con la misma moneda que la deuda que se pretende saldar.
Crítica:
El texto vibra con ironía, pero pierde fuerza al no detallar si la SEPI revisó la deuda. La acusación de prevaricación parece más una teoría que evidencia sólida.
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