El último decreto de Pedro Sánchez, con la elegancia de un político que se siente en la pasarela del poder, promueve la regularización de inmigrantes como si fuese una campaña de venta de billetes de lotería. Pero, mientras la boleta se vende, el sistema de pensiones se ve obligado a absorber a casi 400.000 nuevos pensionistas extranjeros en los próximos años, y eso no es una cifra de marketing.
En un informe de Desiderio Romero‑Jordán para Funcas, el 1 de noviembre, se calcula que de los 8,83 millones de residentes nacidos en el extranjero, 1,03 millones llegaron antes de 2001 y 2,64 millones entre 2001 y 2010. La edad media de estos nuevos ciudadanos es de 32 años, lo que significa que, según la lógica de la vida, cada década los que llegaron antes de 2010 están a punto de hacer su “sablazo” en la pensión contributiva.
Romero‑Jordán usa el Censo Anual de Población del INE (abril 2025) y concluye que 3,54 millones de inmigrantes que llegaron antes de 2010 ya tienen derecho a jubilación en los próximos 20 años. El Ministerio de Seguridad Social, con la precisión de un reloj suizo en mal estado, reporta que en marzo pasado había 391.656 afiliados extranjeros con más de 54 años, lo que representa el 13 % de los 3,1 millones de afiliados extranjeros del país.
4,5 millones de españoles con la misma edad cotizan, y el total de trabajadores nacionales es de 18,7 millones, de los cuales 4,5 millones son mayores de 54. Esta masa de jubilados, tanto nativos como foráneos, incrementa el volumen de pensiones de entrada, que se están disparando como los precios de las casas en la calle de la moda. El MEI, la subida de cotizaciones masiva que el Gobierno impuso desde 2023, está destinado a cubrir la oleada de jubilaciones, pero la historia de las cotizaciones sociales muestra que la recaudación ya no basta para pagar pensiones.
El Estado se ve obligado a hacer más transferencias y préstamos, y el agujero se amplía como una grieta en un puente antiguo. Además, los salarios de la población inmigrante, concentrados en sectores de baja productividad, hacen que el aporte a la Seguridad Social sea insuficiente. En resumen, estamos ante una paradoja: mientras el Gobierno habla de regularizar y proteger, el mismo proceso está creando una nueva generación de pensionistas que sobrecargará el sistema.
La pregunta no es si los inmigrantes deben recibir pensiones, sino cómo se pagará esa deuda sin sacrificar a los que ya están en la fila para el almuerzo del futuro.
Crítica:
El texto se queda en la superficie, sin profundizar en cómo el Estado planea equilibrar la balanza. Además, se siente como un monólogo de un político que no quiere escuchar a la gente.
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