El texto se limita a replicar el informe de Bruselas, sin aportar análisis propio ni contexto. Se echa en falta una mayor profundización en las causas de esta situación y en las posibles soluciones. El título es correcto, pero poco original.
Mientras la lista de la compra se encarece, la Seguridad Social sigue sin saber qué tiene en el trastero. Literalmente. El Tribunal de Cuentas, con la paciencia de un santo, ha vuelto a señalar lo mismo que en 2022: un caos monumental en la gestión de su patrimonio inmobiliario. Hablamos de miles de edificios, oficinas, locales… un imperio de ladrillo y cemento cuyo inventario parece una misión imposible. La excusa para no hacer un censo completo, señores, es el coste de contratar a alguien que lo haga. ¡Menudo agujero contable! La cosa viene de lejos, claro. La polémica con las viviendas de Muface alquiladas a precio de ganga a la familia de Begoña Gómez ha encendido las alarmas, pero el problema es más profundo. El organismo, pese a las “reformas” y el Plan de Optimización, sigue con inmuebles asignados a quien no corresponde, duplicidades en los registros y una falta de información que da grima. En 2022-2025, sí, vendieron algunos edificios –183 operaciones por 116 millones de euros–, pero eso es como poner una tirita a un paciente con una hemorragia. El drama se agrava porque, además, han recortado personal en la Subdirección General de Gestión del Patrimonio: de 47 efectivos en 2021 a 37 en 2025. ¿Quién gestiona el patrimonio si no hay gente para hacerlo? ¿Magia? Lo que el Tribunal de Cuentas denuncia, en resumen, es que se han aprobado leyes para vender y rentabilizar, pero sin saber ni siquiera qué se va a vender o rentabilizar. Es como intentar hacer una dieta sin saber cuántas calorías consumes. Un despropósito. Y mientras tanto, el patrimonio de la Seguridad Social, uno de los mayores de la Administración, sigue siendo una incógnita.
El Gobierno celebra el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, pero con la prudencia de un político que sabe que las fotos viejas pueden salir a la luz. Mayo ha traído 231.975 nuevos afiliados, un 72% extranjeros. Traducido: siete de cada diez empleos nuevos llevan acento. Funcas, el centro de análisis, lo confirma. Borja Suárez, secretario de Estado, prefiere esperar al 30 de junio para hacer balance, como quien espera que la tormenta pase. Pero Elma Saiz, ministra de Inclusión, ya avisó: permiso provisional, trabajo inmediato. La burocracia se ha agilizado, sí, pero las empresas, astutas como pocas, piden garantías. ¿Qué pasa si el permiso no llega y han apostado por un trabajador? El miedo a la multa es un gran motivador. En abril de 2024, había 3.006.360 afiliados extranjeros. Ahora, en 2025, son 3.250.895. ¡244.500 más! Pero calma, que no todo es la regularización. La hostelería, la agricultura, la logística… sectores que siempre han necesitado manos, muchas veces de fuera. Fernando Jesús Santiago Ollero, del Consejo de Gestores Administrativos, lo explica claro: antes era un laberinto, ahora es un poco menos. Empresas buscando personal, inmigrantes buscando papeles, todos esperando un respiro. Pero la desconfianza persiste, como la mancha de café en la camisa blanca. La regularización, un parche temporal a una herida abierta. Y mientras tanto, los datos siguen subiendo, como la inflación en el carrito de la compra. La realidad es que el 'boom' de afiliación extranjera se ha acelerado, mientras que la de los nacionales se estanca, una paradoja que huele a truco barato.
El Gobierno, con la rapidez de un prestamista a puerta cerrada, inyectó 112,8 millones de euros en Tubos Reunidos en julio de 2021. Un salvavidas para una empresa que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya estaba flotando boca abajo mucho antes de la pandemia. ¿El requisito indispensable para recibir la ayuda? No estar en crisis en 2019. Un pequeño detalle, aparentemente, porque el ebitda de Tubos Reunidos en 2019 fue de -21.785.000 euros, con una ratio de cobertura de intereses de -1,52. Es decir, quemando dinero a un ritmo que ni el más optimista inversor justificaría. La cosa, además, viene con aroma a caso judicial. La sede de Tubos Reunidos fue registrada por la UCO en relación con el 'caso Leire Díez'. ¿Coincidencia? Difícil de creer cuando se descubre que Hirurok, un trío dinámico liderado por Leire Díez, Vicente Fernández (ex-presidente de la SEPI) y Antxon Alonso, recibió 114.950 euros a través de Mediaciones Martínez por, digamos, facilitar el proceso. En 2017 la empresa aún gozaba de un ebitda positivo de 11,8 millones, pero en dos años, como quien pierde el dinero en una tragaperras, el patrimonio neto se desplomó de 144,1 a 68,5 millones. Un agujero contable que ni la pandemia justificaba. Ahora, en mayo de 2024, Tubos Reunidos ha presentado concurso de acreedores. La ironía es tan espesa que se corta con un cuchillo. ¿El plan de viabilidad? Renegociar la deuda con los mismos que la metieron en este berenjenal. Mientras tanto, la SEPI se defiende alegando que la empresa cumplió con los criterios, una afirmación que choca frontalmente con los datos contables. Un rescate que huele a podrido, y que demuestra que en política, a veces, las cuentas nunca cuadran.
El Gobierno, con la sutilidad de un elefante en una cacharrería, ha decidido que Correos, esa institución que aún recuerda cartas y sellos, se convierta en vendedor de deuda pública. Sí, como si el sablazo en la factura de la luz fuera poco, ahora podrás comprar bonos del Estado en la misma oficina donde antes te llegaba el correo de la abuela. Mientras la deuda pública se dispara hasta los 1,7 billones de euros –una cifra que da vértigo incluso a los economistas más optimistas–, el Ejecutivo se rasca la barriga y dice que el PIB crece más rápido, así que todo está bajo control. ¡Ajá! Como si el crecimiento del PIB fuera un chaleco salvavidas en medio de un tsunami financiero. Correos, que ya venía haciendo malabares con trámites administrativos, pagos de subvenciones y hasta asistencia en catástrofes naturales (la DANA y los temporales de Andalucía y Extremadura, para ser exactos), ahora se añade la venta de deuda a su currículum. 3.000 millones de euros de inversión, según el Plan Estratégico 2024-2028, para modernizar la compañía y, de paso, tapar el agujero contable que se ha ido formando con la caída de la correspondencia tradicional. Pedro Saura, el presidente de Correos, lo vende como una oportunidad para “garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social”. ¡Claro que sí! Porque nada es más igualitario que invitar a la gente a endeudarse para salvar las cuentas públicas. La estrategia, en resumen, es convertir Correos en un supermercado de servicios públicos, una especie de “ventanilla única” donde podrás hacer de todo, desde pagar impuestos hasta comprar deuda. Parece que el libre mercado no es capaz de ofrecer ciertos servicios esenciales en las zonas rurales, así que el Estado, fiel a su vocación intervencionista, decide tomar las riendas. Una solución pragmática, sin duda, aunque huele un poco a parche temporal para un problema estructural mucho más profundo. Que no nos vendan la moto de que esto es por el bien común, aquí hay mucho interés político y económico en juego. Y, como suele ocurrir, el que paga el pato siempre es el mismo.
La economía española se pavonea con cifras dignas de un informe del Banco Central Europeo, pero la calle cuenta otra historia. Una historia de cinturones apretados, carritos de la compra a medio llenar y un 98% de familias que ven cómo su sueldo se evapora más rápido que un caramelo en verano. Funcas, con su encuesta, no hace más que poner números a la pesadilla: la mitad de los hogares no alcanza a cubrir gastos básicos, un dato que te deja más frío que un billete de cinco euros. María Miyar, de Funcas y la UNED, nos explica con lenguaje de laboratorio lo que todos ya sabíamos: las cifras macroeconómicas no se comen los niños ni pagan la hipoteca. Las familias con hijos son las más afectadas, con un pesimismo que supera la media. Un pesimismo lógico, porque mientras algunos economistas celebran un crecimiento del PIB, ellos están intentando cuadrar las cuentas para que el pequeño Pablo tenga unas zapatillas decentes. La cosa está tan mal que, aunque ya han tenido los hijos que tenían planeados, muchos confiesan que quisieran tener más… si la economía no fuera un agujero negro. Pero la cosa no acaba ahí. La encuesta también revela desigualdades: los hijos de los ricos van a clases de inglés y pintura para ser “el próximo Einstein”, mientras que los demás se conforman con el fútbol. El cuidado de los niños, según los encuestados, recae principalmente en las madres, porque, claro, en el siglo XXI aún hay roles marcados con fuego. En resumen, un panorama desolador que demuestra que, mientras la economía 'crece', la vida de las familias se hace cada vez más difícil. La prosperidad, al parecer, tiene un precio… y lo pagan los de siempre.
Mientras el ciudadano de a pie calcula si llegar a fin de mes es misión imposible, dos constructoras chinas, ahora con aroma a ex-presidente, se han embolsado 550 millones de euros en obras públicas. Aldesa y Puentes y Calzadas, tras pasar a manos de gigantes estatales chinos en 2020, han visto crecer sus contratos como la espuma, especialmente con ADIF, la Dirección General de Carreteras y otros organismos dependientes del Ministerio de Transportes. ¿Coincidencia? Quizás. Pero el informe del Instituto para la Economía Eficiente (IPEF) desvela que Aldesa, vinculada a pagos de 127.000 euros a una sociedad relacionada con Julio Martínez, presunto intermediario de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, ha acumulado 363 millones en contratos. Puentes y Calzadas, con su nuevo dueño chino China Communications Construction Company (CCCC), no se queda atrás: 190 millones en adjudicaciones, incluyendo proyectos en el Desfiladero de La Hermida y la reconstrucción tras la ‘dana’. La guinda del pastel: parte de este festín se financió con fondos europeos. O sea, que mientras Europa nos exige austeridad, aquí estamos regalando contratos a empresas chinas con conexiones, digamos, 'interesantes'. El negocio se engorda con obras ferroviarias, ampliaciones de capacidad y proyectos de alta velocidad, todo un desfile de infraestructuras estratégicas. Y no nos olvidemos del Corredor Mediterráneo, donde Aldesa ha encontrado jugosas oportunidades. La conexión Zapatero-China se materializa a través de empresarios como Fangyong Du, a quien el CNI relaciona con actividades de influencia a favor de Pekín. Un auténtico safari financiero, donde las grandes constructoras españolas miran desde la barrera mientras el capital chino se hace con el control de nuestras infraestructuras. Un sablazo a las arcas públicas, con sabor agridulce a geopolítica y comisiones. La pregunta no es si estas empresas son las más competitivas, sino cómo han llegado hasta aquí. ¿Casualidad, o una red de contactos bien engrasada? La respuesta, como suele ocurrir, está escondida entre líneas y cuentas opacas. Y mientras tanto, el ciudadano común sigue pagando el pato.
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica (Redeia), nos asegura que todo va sobre ruedas. Que la industria no tiene problemas para conectarse a la red. ¡Qué bien! La realidad, sin embargo, es tan retorcida que parece guion de serie turca. El 90% de las solicitudes de conexión son rechazadas. ¿Por qué? Pues porque la red está hasta arriba. Más saturada que la Gran Vía en hora punta. En 2024, de 67 gigavatios solicitados, apenas 6 consiguieron luz verde. Y esto no es nuevo; la saturación de las redes de transporte alcanza el 75%, con las de distribución rondando el 88%. Un tercio de las provincias están al límite. Un estudio reciente del Foro Industria y Energía (FIE) revela que en marzo de 2026, 5.265 de 6.102 subestaciones ya no tenían capacidad. ¡Casi el 86,3%! Es decir, encontrar un enchufe libre para tu proyecto industrial es más difícil que un billete gratis para el Bernabéu. Solo 837 subestaciones (el 13,7%) aún respiran. Y la capacidad disponible ha caído de 10.000 MW en octubre de 2025 a apenas 7.400,8 MW en marzo de 2026. Corredor, con la diplomacia que la caracteriza, culpa al Gobierno de la lentitud en los trámites. “No depende sólo de nosotros”, declara, como si la red eléctrica fuera un campo de fútbol y las autorizaciones, los jugadores. Mientras tanto, la industria se desespera y el desarrollo industrial español se estanca. ¿La solución? Ampliar la red, claro. Pero para eso, parece, se necesita algo más que buenas intenciones…y quizás un enchufe.
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