La encuesta de Funcas es un espejo que refleja una realidad incómoda, pero el artículo cae en la trampa de presentarla como una sorpresa. Se asume que la gente no sabe que su poder adquisitivo se ha ido al garete. ¿Para qué sirve decirnos lo obvio con gráficos?
Mientras el ciudadano de a pie calcula si llegar a fin de mes es misión imposible, dos constructoras chinas, ahora con aroma a ex-presidente, se han embolsado 550 millones de euros en obras públicas. Aldesa y Puentes y Calzadas, tras pasar a manos de gigantes estatales chinos en 2020, han visto crecer sus contratos como la espuma, especialmente con ADIF, la Dirección General de Carreteras y otros organismos dependientes del Ministerio de Transportes. ¿Coincidencia? Quizás. Pero el informe del Instituto para la Economía Eficiente (IPEF) desvela que Aldesa, vinculada a pagos de 127.000 euros a una sociedad relacionada con Julio Martínez, presunto intermediario de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, ha acumulado 363 millones en contratos. Puentes y Calzadas, con su nuevo dueño chino China Communications Construction Company (CCCC), no se queda atrás: 190 millones en adjudicaciones, incluyendo proyectos en el Desfiladero de La Hermida y la reconstrucción tras la ‘dana’. La guinda del pastel: parte de este festín se financió con fondos europeos. O sea, que mientras Europa nos exige austeridad, aquí estamos regalando contratos a empresas chinas con conexiones, digamos, 'interesantes'. El negocio se engorda con obras ferroviarias, ampliaciones de capacidad y proyectos de alta velocidad, todo un desfile de infraestructuras estratégicas. Y no nos olvidemos del Corredor Mediterráneo, donde Aldesa ha encontrado jugosas oportunidades. La conexión Zapatero-China se materializa a través de empresarios como Fangyong Du, a quien el CNI relaciona con actividades de influencia a favor de Pekín. Un auténtico safari financiero, donde las grandes constructoras españolas miran desde la barrera mientras el capital chino se hace con el control de nuestras infraestructuras. Un sablazo a las arcas públicas, con sabor agridulce a geopolítica y comisiones. La pregunta no es si estas empresas son las más competitivas, sino cómo han llegado hasta aquí. ¿Casualidad, o una red de contactos bien engrasada? La respuesta, como suele ocurrir, está escondida entre líneas y cuentas opacas. Y mientras tanto, el ciudadano común sigue pagando el pato.
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica (Redeia), nos asegura que todo va sobre ruedas. Que la industria no tiene problemas para conectarse a la red. ¡Qué bien! La realidad, sin embargo, es tan retorcida que parece guion de serie turca. El 90% de las solicitudes de conexión son rechazadas. ¿Por qué? Pues porque la red está hasta arriba. Más saturada que la Gran Vía en hora punta. En 2024, de 67 gigavatios solicitados, apenas 6 consiguieron luz verde. Y esto no es nuevo; la saturación de las redes de transporte alcanza el 75%, con las de distribución rondando el 88%. Un tercio de las provincias están al límite. Un estudio reciente del Foro Industria y Energía (FIE) revela que en marzo de 2026, 5.265 de 6.102 subestaciones ya no tenían capacidad. ¡Casi el 86,3%! Es decir, encontrar un enchufe libre para tu proyecto industrial es más difícil que un billete gratis para el Bernabéu. Solo 837 subestaciones (el 13,7%) aún respiran. Y la capacidad disponible ha caído de 10.000 MW en octubre de 2025 a apenas 7.400,8 MW en marzo de 2026. Corredor, con la diplomacia que la caracteriza, culpa al Gobierno de la lentitud en los trámites. “No depende sólo de nosotros”, declara, como si la red eléctrica fuera un campo de fútbol y las autorizaciones, los jugadores. Mientras tanto, la industria se desespera y el desarrollo industrial español se estanca. ¿La solución? Ampliar la red, claro. Pero para eso, parece, se necesita algo más que buenas intenciones…y quizás un enchufe.
El INE ha soltado la bomba: el espejismo de un crecimiento económico que no se siente en la cartera. Resulta que, mientras el Gobierno presume de récords, el salario real de los españoles está en la misma situación que aquel pantalón vaquero que guardas por si vuelven a estar de moda...pero nunca lo hacen. Dieciséis años estancado, amigos. Desde 2008, el poder adquisitivo no ha crecido ni un ápice. La trampa es sencilla: el salario nominal sí ha subido, pasando de 21.883 euros en 2008 a 29.540 euros en 2024. Una diferencia notable, ¿verdad? Hasta que recuerdas que la inflación, esa silenciosa ladrona, se ha comido el 35% de ese aumento. Es como correr en una cinta de correr: das el máximo, pero no avanzas. La hostelería y la construcción, esos pilares de nuestra economía, sufren aún más. En la hostelería, el salario real ha caído un 6,3% desde 2008. En la construcción, un 3,54%. O sea, que si eras albañil o camarero en 2008, ahora trabajas más y ganas menos. El mediano, ese trabajador tipo que divide a la población a partes iguales, ha visto su salario real caer un 0,5%. La inflación se ha encargado de restarle ese pequeño empujón. En resumen, la sensación de prosperidad es una ilusión óptica. El dato es claro: el cuento chino de la recuperación no cuela. Mientras los gráficos del INE suben y bajan, la realidad es que la lista de la compra sigue siendo un campo de batalla y el sablazo en la factura de la luz, una constante. El 'boom' económico es solo para las cuentas de resultados de unos pocos.
El ministro Óscar López se autoproclama líder mundial en regulación de IA. ¡Menudo chiste! Marc Vidal, con la contundencia de quien ve la casa por la ventana, lo desmonta en un santiamén. No construimos, no investigamos, no desarrollamos… solo ponemos normas. Como si en 1885 presumieras de tener el mejor código de circulación mientras el tren lo construían los ingleses. La comparación duele, pero es precisa. Mientras Estados Unidos se gasta 286.000 millones de dólares anuales en IA, China 47.000 millones, y Emiratos Árabes abre un centro de datos de un billón de dólares (¡un billón!), nosotros nos conformamos con ser los 'jueces' de un partido al que ni siquiera nos invitan. Estonia ya permite que algoritmos dicten sentencias administrativas (aquí eso es ilegal, claro). Suiza es el nuevo paraíso de la innovación, donde las empresas huyen de la burocracia europea (y española). La regulación, lejos de frenar la IA, la está desplazando. Los chips se hacen en Taiwán, los modelos en California, los laboratorios en Zúrich… y las multas, inevitablemente, en Madrid. El círculo vicioso se completa: bajos salarios porque no generamos tecnología, solo la consumimos. El liderazgo de López es, en palabras de Vidal, “pura cháchara”. ¿Que Europa necesita regulación? Quizás. ¿Que España está liderando el baile? Imposible. Estamos más cerca de ser el figurante que se pisa los pies a los que sí bailan. La ironía es que, mientras nos creemos los reyes del mambo regulatorio, otros países están escribiendo el futuro. Y nosotros, con el orgullo herido, poniendo multas. La situación es tan patética que hasta Carlos Herrera lo resume a la perfección: “El ministro presume de ser el árbitro de un partido en el que no jugamos”. Y Vidal sentencia: “Exacto, Carlos, no jugamos”.
Zuckerberg, el gurú de la conexión global, acaba de anunciar un respiro: no habrá otro 'sablazazo' de despidos en Meta hasta dentro de siete meses. Siete meses. Tiempo suficiente para que el café se enfríe y la angustia se sedimente. Ayer mismo, 8.000 almas fueron echadas a la calle, un 10% de la plantilla, mientras que otras 7.000 fueron 'reubicadas' en el altar de la Inteligencia Artificial, la nueva religión. El imperio Meta, antes un castillo en las nubes, ahora parece un experimento científico fallido donde el empleado es la rata de laboratorio. La guinda del pastel: a los que quedan, los supervivientes, se les está espiando hasta la pulsación de cada tecla. Sí, cada click, cada movimiento del ratón, todo va a parar a un software de vigilancia que, irónicamente, alimenta a la IA que podría reemplazarlos. Andrew Bosworth, el CTO, lo explica sin tapujos: quieren que las máquinas hagan el trabajo y ellos, los humanos, que se limiten a dirigir y… ¿revisar su propio funeral profesional? Los empleados, lejos de quedarse callados, han respondido con flyers de protesta y una petición firmada por más de 1.500 almas en rebelión. Pero la opción de desconectar el 'chivato' no existe. Así que, mientras siguen trabajando, inconscientemente están entrenando a sus futuros sustitutos. Un círculo vicioso digno de estudio en la Escuela de Negocios de Kafka. Meta ha invertido en IA, pero parece que ha olvidado invertir en lealtad y, sobre todo, en algo de decencia humana. El mantra de Zuckerberg, que la IA es “la tecnología más importante de nuestras vidas”, suena hueco cuando se traduce en el miedo constante de perder el empleo. ¿El próximo gran invento de Meta? Un robot que despida gente.
Elon Musk, el mesiánico de las redes, ahora se enfada. ¿El motivo? Que su Starlink, la constelación de satélites que prometía internet para todos, terminó sirviendo de autopista para drones kamikaze estadounidenses. Sí, esos que explotan al impactar. La ironía, amigos, es tan densa que casi se puede cortar con un cuchillo. La historia, sacada a la luz por Reuters, revela una subida de precio de vértigo: de $5,000 a $25,000 por conexión para los drones LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System). ¡Un sablazo de $20,000! Musk, en un ejercicio de contorsionismo digno de circo, niega la información y la confirma a la vez en Twitter, alegando que los drones usaron el sistema civil Starlink en lugar de Starshield, la rama militar de SpaceX. El Pentágono, por su parte, intenta apagar el fuego con tuits que huelen a propaganda (“SpaceX sigue siendo un socio valioso”). Sean Parnell, su portavoz, asegura que todo es “noticia falsa”. Pero la realidad es tozuda: SpaceX, con su monopolio de facto en el espacio, ha demostrado que puede poner condiciones al ejército más poderoso del mundo. Esta bronca llega en el peor momento para SpaceX, que se prepara para una salida a bolsa con una valoración astronómica de $2 billones. ¿Cómo convencer a los inversores de que una empresa que extorsiona al Pentágono es una apuesta segura? La pregunta está en el aire. Y, por cierto, esos drones “indispensables” ya se usaron en el “intento” de secuestro de Nicolás Maduro y en la guerra contra Irán, según fuentes militares. Un pequeño detalle. Todo esto mientras Musk se queja de que le están usando su sistema para fines no autorizados. La hipocresía, señores, a veces viene en órbita.
La paradoja es deliciosa: los que más predican el ecologismo, con su nómina y su educación, son los que más dejan una huella de carbono que da miedo. No es que sean malos tipos, según la Universidad de Cambridge, es que el sistema está amañado. BP, sí, la petrolera, nos vendió la idea del 'carbon footprint' para que nos sintiéramos culpables por tirar el vaso de plástico y desviar la atención de sus refinerías. Un agujero contable ambiental, vaya. La investigación, con 5000 participantes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, revela que cuanto más alto es el estatus socioeconómico, más se dispara el vuelo… y la contaminación. Los que se preocupan por la naturaleza, paradójicamente, tienen una 'ecological footprint' aún mayor que sus colegas menos concienciados. ¿La razón? Justifican sus escapadas en jet privado con gestos simbólicos como reciclar, que apenas arañan la superficie del problema. El profesor Felix Creutzig de la Universidad de Sussex lo explica: los ecologistas con dinero son cosmopolitas, tienen amigos en todas partes y, claro, necesitan un avión para visitarlos. Subir los impuestos a la aviación, como han hecho el Reino Unido y Alemania (un 24% tras la crisis energética provocada por la guerra de Irán), es como ponerle un parche a un barco que se hunde. Francia intentó prohibir los vuelos de corta distancia en 2023, pero las trampas legales lo convirtieron en un brindis al sol. Carlo Aall aboga por la 'degrowth', es decir, reducir el consumo aunque implique recesión económica. Incluso los ecologistas más fervientes, al parecer, están atrapados en la rueda del consumismo. Y ojo, que esta investigación no es un permiso para crucificar a los ecologistas hipócritas, sino una llamada a la acción política más allá de los discursos verdes.
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