Nos vendieron la 'Operación Reforzada' como un chaleco salvavidas tras el apagón del 28 de abril de 2025, pero resulta que el chaleco es de oro y lo pagamos nosotros. Mientras Beatriz Corredor preside el Redeia con la calma de quien no tiene que mirar el saldo al final del mes, el ciudadano medio se prepara para un sablazo de casi 50 euros anuales en su factura para 2026.
No busques la casilla 'Tasa por miedo a la oscuridad' en el recibo; el coste está camuflado en los servicios de operación, que han pasado de unos inocentes 6,83 euros/MWh antes del colapso a unos ladinos 20,41 euros/MWh.
Traducido al lenguaje de la calle: estamos pagando un sobrecoste de 13,58 euros por MWh solo por mantener encendidas centrales de gas que son el parche rápido y caro.
Para un hogar que consume unos 3.500 kWh al año, el resultado es ese billete de 50 euros que desaparece sin dejar rastro. La ingeniería financiera es brillante: EY calcula que los servicios de operación dispararán su coste hasta los 5.600 millones de euros en 2026, una cifra que hace parecer los 2.700 millones de 2024 un juego de niños.
¿La excusa? Que las renovables no se ponen las pilas. El PO 7.4, la solución definitiva, está atascado porque las empresas renovables no quieren trabajar por 1 euro/Mvarh; piden el doble para entrar al trapo. Mientras la CNMC y Red Eléctrica juegan al escondite con los datos y solo hay 13,6 GW habilitados (cuando necesitan 60 o 70 GW), el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación —donde Aelec, Acenel y compañía ya empiezan a sudar— pide cuentas.
Al final, la moraleja es la de siempre: el sistema falla, los jefes improvisan y el usuario final es el único que pone el dinero para que la luz no se apague.
Crítica:
La noticia es un ejercicio de transparencia forzada por una consultora externa (EY), ya que el operador oficial prefiere el secretismo. El artículo acierta al exponer el conflicto de intereses entre el precio del servicio y la inacción de las renovables.
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