El análisis es una descarga de datos liberales muy efectiva, aunque ignora deliberadamente cualquier matiz sobre la redistribución de la riqueza. Es un martillo neumático contra la gestión fiscal que no deja espacio para el debate, solo para la indignación.
Mientras el ciudadano medio se pelea con una web que no carga para conseguir una cita consular, en el Consulado General de España en Tánger han montado un sistema de 'fast-track' que haría palidecer a cualquier aeropuerto. La protagonista es E.BA, una señora de 65 años que se mueve por las zonas restringidas como si fuera la dueña del cortijo. Según los datos, E.BA llega en un coche negro de alta gama, aparca dentro de la legación y sube a la 'zona noble' para entregar listas de políticos, jueces y fiscales marroquíes que no tienen tiempo para hacer cola. Es el equivalente diplomático a tener un primo en la discoteca que te mete sin pagar y sin pasar el control de seguridad. Lo verdaderamente surrealista es el currículum de la 'enlace judicial'. E.BA estuvo vetada del consulado durante 14 años por estar implicada en una red de venta de visados Schengen; básicamente, vendía el acceso a Europa como quien vende entradas para un concierto agotado. Ahora, bajo la mirada complaciente de la cónsul Aurora Díaz-Rato, ha sido 'rehabilitada' y tiene acceso total a los ordenadores, donde coteja solicitudes con la ayuda de una funcionaria de confianza. Es una ingeniería de la confianza ciega que huele a inteligencia marroquí y favores mutuos. Pero el consulado, una manzana de 16 hectáreas con una residencia de 1.000 metros cuadrados, no solo sirve para visados VIP. Ha funcionado como hotel boutique gratuito para la élite socialista. José Bono se refugió allí desde mayo hasta junio, huyendo de la prensa que investigaba sus mansiones en la medina, mientras disfrutaba de coche oficial y servicio de limpieza pagado con nuestros impuestos. Leire Pajín también pasó por allí antes del verano. En Tánger, parece que la diplomacia consiste en gestionar el lujo ajeno mientras el resto espera un correo de confirmación que nunca llega.
En España, buscar un piso de alquiler se ha convertido en una especie de deporte extremo donde el premio es, probablemente, pagar el sueldo entero por un zulo sin luz. Mientras desde el Gobierno se venden decretos como la panacea, la realidad es que el mercado ha decidido aplicar la ley del mínimo esfuerzo: desaparecer. Desde 2018, hemos pasado de tener 902.664 viviendas anunciadas para alquiler de larga estancia a unas miserables 510.091 en 2025. Un recorte del 44% que no es un ajuste, es una amputación. Estamos hablando de 392.573 viviendas que se han esfumado, como si alguien hubiera pasado la goma por el mapa inmobiliario. Es el equivalente a borrar ciudades enteras de la oferta disponible mientras el ciudadano medio intenta cuadrar la cuenta del súper. La hipocresía es deliciosa: regulan el precio para 'proteger' al inquilino, pero el resultado es que ya no hay nada que alquilar. En Madrid, la cifra es un sablazo: 137.411 viviendas menos, bajando de 252.442 a 115.031. Cataluña no se queda atrás con una pérdida de 124.582 inmuebles. Pero el verdadero drama ocurre en las capitales. Madrid ha visto caer sus anuncios de 202.484 a 84.926. Y Barcelona es, sencillamente, un desierto: un desplome del 83%, pasando de 113.853 a solo 19.723 viviendas. Valencia, Sevilla y Granada también han pasado por la guillotina, perdiendo 18.465, 12.265 y 7.463 viviendas respectivamente. ¿La excepción? La Rioja, que presume de 282 viviendas más, un dato que sirve para decorar el informe pero que no sirve para que un joven se independice. idealista/data ha puesto los números sobre la mesa y el diagnóstico es claro: la oferta de larga estancia está en cuidados intensivos mientras el alquiler turístico y la incertidumbre jurídica hacen el agosto.
Trabajar en España se ha convertido en un ejercicio de generosidad forzosa. Según la autopsia económica del Instituto Juan de Mariana, el Estado ya no es un socio, es el dueño mayoritario de tu esfuerzo: se lleva el 53,60% del coste laboral de un salario medio. Para que nos entendamos: de cada 100 euros que tu empresa desembolsa por ti, más de la mitad desaparece en el agujero fiscal antes de que veas un céntimo. Es como si fueras al supermercado, pagaras la compra entera y el cajero decidiera que el 54% de la bolsa le pertenece por derecho divino. Diego Sánchez de la Cruz pone los números sobre la mesa y el resultado es un sablazo coordinado. Hablamos de 141 subidas fiscales en ocho años: 63 directas, 46 encubiertas (esas que no ajustan a la inflación y te muerden el sueldo en silencio) y 32 por revisiones catastrales. Para un asalariado medio con un coste de 39.481 euros, el Estado se queda con 21.144 euros. A lo largo de una vida, el contribuyente medio entrega 460.600 euros, lo que equivale a trabajar casi treinta años gratis para el Gobierno. Mientras tanto, la realidad de la calle es un chiste cruel. El alquiler mediano (1.080 euros) ya es más caro que el salario mediano de un joven (1.048 euros). Básicamente, vivir independizado es un lujo prohibido: solo el 15,2% de los jóvenes lo logra, el peor dato desde 2006. Y aunque la recaudación ha subido 168.166 millones de euros desde 2018, el servicio es una ruina. Las listas de espera quirúrgicas han crecido un 28% (853.509 pacientes) y la educación, según PISA 2025, toca fondo. Pagamos el precio de un hotel cinco estrellas para dormir en una pensión de mala muerte con la deuda pública disparada a 1,763 billones de euros.
Hay una gimnasia mental fascinante en la política actual, una especie de yoga cognitivo que permite dormir tranquila mientras se predica la austeridad desde un código postal envidiable. Mónica García, la actual ministra de Sanidad y posible punta de lanza del Frente Amplio para el 29 de noviembre, nos ha regalado una perla digna de manual: afirma que vive «por debajo de sus posibilidades». Claro, porque cuando el escenario es el barrio de Retiro, el epicentro del lujo madrileño donde los alquileres son un deporte de riesgo para el ciudadano medio, el concepto de «posibilidades» se vuelve elástico. Resulta casi poético que resida en la misma zona donde Maricarmen, una mujer de 87 años, acabó desahuciada. Mientras unos cuentan los céntimos para que no les corten la luz, García se refugia en la narrativa del esfuerzo profesional. Es la historia de una anestesista del Hospital 12 de Octubre que, tras pasar por la AMYTS y la Marea Blanca, saltó a la Asamblea de Madrid en 2015 y terminó superando al PSOE en mayo de 2021. Todo muy noble, hasta que entramos en el terreno de la ingeniería financiera familiar. El giro de guion llega con su exmarido, Enrique Montañés, un alto mando de la multinacional CHEP. Resulta que Montañés se embolsó más de 195.000 euros vía Bono Social Térmico, un colchón destinado a quienes realmente no tienen para calentar la casa, no para vicepresidentes senior de logística. La ministra pidió perdón alegando que no tenía «ni idea», una frase que en el lenguaje de la calle se traduce como «yo no miro la cuenta corriente». Tras el divorcio en 2023, Mónica abandonó el piso propiedad de su ex (comprado en 2017) para mudarse a otro alquiler en la misma zona. Básicamente, ha cambiado un palacio por otro, manteniendo la estética de la lucha social mientras pasea por los castaños del Retiro.
Hay una ironía deliciosa en llamar 'simple' a una nota registral cuando el Gobierno decide que su precio deje de serlo. En plena crisis de vivienda, donde buscar un alquiler es como jugar a la ruleta rusa con la cuenta bancaria, el Ministerio de Justicia ha decidido que 3,01 euros es poco para informarse sobre una propiedad. ¿La solución de Félix Bolaños? Un proyecto de real decreto para catapultar el arancel a 12,03 euros. Sí, han decidido cuadruplicar el precio justo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el pasado 22 de mayo, dijera que ese cobro no tiene ni un ápice de respaldo legal. Lo más fascinante es la gimnasia mental de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del 18 de septiembre de 2026. El documento omite la sentencia judicial como quien esconde la basura bajo la alfombra y se limita a decir que el impacto en el bolsillo del ciudadano es 'muy limitado'. Claro, porque para quien tiene el sueldo ajustado, que el Estado te meta un sablazo del 400% en un trámite administrativo es un detalle insignificante, casi un regalo. El Colegio de Registradores intentó justificar el precio sumando costes de emisión y envío, sustituyendo el viejo fax (prohibido desde 2023) por una tarifa digital que los jueces ya tildaron de inventada. Mientras el tribunal advertía que la inversión en la sede electrónica debería bajar los costes con el tiempo, el Ejecutivo propone una vigencia 'indefinida' sin evaluaciones posteriores. Es la ingeniería financiera aplicada al ciudadano: ignorar al juez, borrar el estudio de costes y firmar un decreto que convierte un trámite básico en un lujo. Al final, la nota es simple, pero el desplante a la justicia es complejo.
En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, la política ha vuelto a demostrar que es experta en envolver el acero con terciopelo. Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta, ha soltado la bomba con la naturalidad de quien pide un café: ya están llamando a las embajadas para que los menores extranjeros no acompañados hagan las maletas y vuelvan con sus familias. El argumento es el 'interés superior del menor', una frase hecha que suena muy bonita en el BOE pero que, traducida al lenguaje de la calle, significa que el sistema de acogida está más saturado que un autobús en hora punta y que la solución más barata es el billete de vuelta. Mientras Pollán insiste en que la capacidad del sistema está rebasada desde 2024 y que el Gobierno central juega al unilateralismo con decretos leyes, Nuria Rubio, del PSOE, ha respondido con el manual de la indignación institucional. Para Rubio, esto no es gestión, es propaganda y 'soflamas racistas' que avergüenzan a la región. La procuradora ha recordado que, mientras unos discuten sobre quién paga la factura, la mano de obra migrante es la que sostiene el chiringuito laboral en León y el resto de la comunidad, evitando que el número de autónomos caiga en picado. Al final, el debate se ha convertido en un partido de tenis donde la pelota es la responsabilidad. Por un lado, Pollán se escuda en la legalidad y el respaldo ciudadano; por otro, Rubio señala directamente a Alfonso Fernández Mañueco, sugiriendo que ha entregado estas competencias a Pollán como moneda de cambio para no perder su silla. Un despliegue de generosidad política donde los únicos que no tienen voz en la mesa son los niños que, según el bando que mire, son o víctimas que necesitan protección o un problema logístico que hay que exportar.
Votar es, supuestamente, un acto íntimo, casi sagrado, como decidir qué marca de detergente comprar sin que nadie nos mire. Pero para el Gobierno de Pedro Sánchez, el voto de los españoles en el exterior parece haberse convertido en un cheque en blanco que se puede pasar de mano en mano como si fuera un vale de descuento caducado. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), bajo el ala del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, ha soltado un informe en 2025 que redefine la 'democracia' como un trámite de ventanilla. Hasta ahora, el Código Civil y el Real Decreto 557/1993 eran claros: solo si estabas incapacitado o enfermo podías delegar tu voto. Una medida lógica, del tipo 'si no puedes caminar, alguien te lleva la silla'. Pero la nueva propuesta quiere borrar el requisito de la salud para sustituirlo por la 'voluntad'. Básicamente, que puedas ceder tu derecho a votar a cualquier desconocido con un poder notarial, aunque el beneficiario esté a 8.000 km de distancia. El ejemplo del informe es casi poético: alguien en Guyana delegando su voto en París. Es como pedir una pizza en Madrid y que la cobren en Tokio solo para 'facilitar el proceso'. La jugada es maestra. Mientras el Ejecutivo decía que la participación exterior era un chiste, por debajo del 10%, y que la Ley de Nietos no movería ni un escaño tras el freno del Supremo, sus organismos redactaban este manual de instrucciones para inflar las urnas. Copiando el modelo francés, buscan que el voto sea un activo transferible. Al final, lo que venden como 'facilitar el sufragio' huele a una ingeniería electoral donde el voto deja de ser un derecho personal para convertirse en una propiedad delegable según convenga el calendario político.
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