La noticia es clara, aunque el Ministerio juega al misterio al no nombrar al influencer, dejando el trabajo sucio a las filtraciones de Europa Press. Un ejemplo perfecto de cómo el marketing de influencers intenta saltarse la ley del juego mediante 'productos digitales' absurdos.
En la política, como en la vida, hay quien confunde 'ayudar' con ponerle un candado a la puerta y esperar que la casa se limpie sola. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que la solución para el drama de la vivienda era declarar 'zonas tensionadas', una etiqueta que suena a zona de guerra pero que, en la práctica, ha funcionado como un repelente de insectos para los propietarios. En La Coruña, el resultado es un golpe de realidad que duele: los contratos de alquiler se han hundido un 52 %, pasando de 730 a unos miserables 349 entre julio de 2025 y el mismo mes del año siguiente. Es como si, para bajar el precio del pan, el ayuntamiento prohibiera venderlo; al final, el pan sigue caro y tú te quedas con hambre. Santiago no se queda atrás en este festival del optimismo. Apenas un mes después de entrar en vigor la medida en julio, el volumen de arrendamientos se desplomó un 55 %, cayendo de 441 a 199 contratos. Mientras Inés Rey y Goretti Sanmartín intentan vender el humo de la regulación, la consejera María Martínez Allegue ha soltado la bomba en el Parlamento: estamos ante un fracaso intervencionista. Y no es un experimento local; en Barcelona, la caída acumulada es del 17 % tras dos años de jugar a los precios controlados. La sangría es estructural. Desde 2018, Galicia ha perdido 14.400 viviendas de alquiler de larga estancia, un 37 % menos según Idealista. En La Coruña, la oferta se ha evaporado, pasando de 18.426 anuncios en 2018 a 11.635 en 2025. En Pontevedra, la historia es la misma: un descenso del 39 %, perdiendo 5.221 viviendas (de 13.397 a 8.176). Al final, la ingeniería financiera del Estado ha logrado lo impensable: que haya menos casas para más gente, mientras los políticos se felicitan por su 'valentía' regulatoria.
Hay una ironía casi poética en el hecho de que para descubrir que la fruta española es barata, haya que cruzar la frontera y entrar en un Lidl alemán. Una pareja de expatriados ha soltado una bomba en redes sociales que ha dejado a medio país con el estómago encogido y la cartera llorando. No es solo que llenar el carro en Baviera sea más llevadero; es que el absurdo alcanza niveles estratosféricos cuando ves higos chumbos, cultivados en nuestro suelo y transportados en camiones frigoríficos durante cientos de kilómetros, a 0,99 euros el kilo. En España, ese precio es ya una pieza de museo. Mientras el ciudadano medio aquí hace malabares con la lista de la compra para que no parezca un atraco a mano armada, en Alemania el café frío se despacha a 0,75 euros y las nectarinas italianas a 1,89 euros. El contraste es un puñetazo en la mesa: carne de vaca a 9,99 euros frente a los '10 y pico' que nos clavan en el barrio, y una sandía a 0,999 euros que parece un error del sistema. La verdadera bofetada no está en el ticket final de 40 euros de esta pareja, sino en la arquitectura del sistema. Mientras nosotros gestionamos la inflación con el optimismo de quien espera un milagro, el salario medio más repetido en Alemania ronda los 4.500 euros mensuales. Es el juego perfecto: ganan el doble y pagan menos por la manzana que nosotros mismos plantamos. La guerra de precios entre gigantes del descuento y la eficiencia logística alemana han convertido el supermercado en un lugar amable, mientras que en España, ir a comprar se ha convertido en un deporte de riesgo financiero donde el margen de beneficio parece alimentarse de nuestra desesperación.
Hay un calendario invisible en la Moncloa que funciona mejor que el de cualquier oficina de correos. El Gobierno quiere plantar dos subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un mismo año, y Antonio Garamendi, el capitán de la CEOE, ha decidido quitarle el maquillaje a la jugada. Para el patrón, esto no es economía, es marketing puro con 'tinte electoral'. Después de todo, ya hubo un ajuste en febrero; meter otro ahora es como intentar venderte una segunda suscripción al gimnasio justo antes de Navidad: saben que vas a morder el anzuelo, pero la cartera no da para más. Mientras el Ejecutivo juega al Monopoly con los sueldos, Garamendi lanza el dardo hacia los Presupuestos Generales del Estado, que brillan por su ausencia en toda la legislatura. Es el arte de gestionar un país a base de parches y decretos. El líder patronal no se queda ahí y saca la calculadora para recordar que el IRPF no se ha deflactado, un 'olvido' que le ha restado unos 17.000 millones de euros a los trabajadores. Un sablazo silencioso que hace que cualquier subida del SMI parezca una propina frente a una factura astronómica. La narrativa es clara: mientras los grandes bancos parecen blindados, la panadería de la esquina o el bar del barrio están haciendo malabares para no cerrar. A esto se suma la sombra del absentismo laboral, con un millón y medio de personas fuera de combate diariamente de los 18 millones del sector privado. Garamendi advierte que, sin productividad ni formación, estamos intentando conducir un coche sin gasolina, esperando que el crecimiento económico ocurra por arte de magia o por decreto gubernamental.
Heredar el gobierno el 29 de noviembre será como recibir las llaves de un piso que parece un palacio, pero que tiene las tuberías reventadas y una hipoteca que asusta. El agujero de las pensiones en 2025 ha alcanzado los 63.716 millones de euros, un 3,8 % del PIB que, con la inflación haciendo de las suyas, promete engordar en 2026 y 2027. Básicamente, el sistema es un colador: las cotizaciones solo cubren tres de cada cuatro euros. El resto, unos 61.342 millones en 2025, sale de los Presupuestos Generales del Estado, lo que en lenguaje de calle significa que estamos parcheando el barco con chicle mientras el agua nos llega al cuello. Pedro Sánchez presume de una salud extraordinaria del sistema, pero los números no saben de marketing. Mientras él decía que el Fondo de Reserva tenía 5.000 millones al llegar al poder (cuando eran cerca de 8.000), la realidad es que hemos pasado de un patrimonio neto positivo de 54.000 millones en 2011 a un saldo negativo de más de 121.000 millones hoy. La hucha, que en aquel entonces guardaba 66.000 millones, se ha quedado en poco más de 10.000. Es como si hubiéramos vaciado la cuenta de ahorros para pagar el alquiler del mes. La arquitectura de José Luis Escrivá, el actual gobernador del Banco de España, fue el detonante. Al eliminar el factor de sostenibilidad y atar las pensiones al IPC, convirtió el sistema en un globo que se infla con cada crisis energética. Para compensar, inventaron el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que Diego Sánchez de la Cruz, del Instituto Juan de Mariana, define con precisión quirúrgica: un impuesto disfrazado que encarece el trabajo sin dar derechos futuros. El resultado es un gasto público consolidado de 725.006 millones en 2024 y una deuda histórica de 1,763 billones de euros. Un festín de cifras récord que, al final, paga el que cotiza.
Vender que el paro ha caído es muy fácil cuando te permites cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. El Gobierno presume de una reducción de 755.000 parados entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, una cifra que suena a gloria bendita en cualquier rueda de prensa. Pero, como ocurre con las letras pequeñas de los contratos de telefonía, el truco está en lo que no se cuenta. El Instituto Juan de Mariana ha pasado el escáner a los datos del SEPE y el resultado es un baño de realidad: el 78% de esa supuesta victoria es puro maquillaje contable. La jugada maestra consiste en los 'demandantes con relación laboral', principalmente fijos discontinuos. Son personas que, aunque están en casa esperando que alguien les llame para trabajar, técnicamente mantienen un contrato. Es como decir que no tienes hambre porque tienes una reserva de comida en el congelador que solo puedes abrir una vez al año. Este colectivo ha pasado de 301.000 personas a finales de 2019 a 893.000 al cierre de 2025, llegando incluso a los 919.000 en enero de 2026. Básicamente, se han triplicado. Si aplicamos la metodología del 'paro efectivo', que no se deja engañar por los malabarismos administrativos, la caída real del desempleo se desploma de los 755.000 a unos modestos 163.000. Una diferencia de 592.000 personas que han pasado de ser 'parados' a ser 'demandantes invisibles'. No es que no se haya creado empleo —la EPA confirma que llegamos a 22,78 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2026—, es que el Gobierno ha confundido el éxito laboral con una brillante ingeniería estadística. Han pasado la escoba por debajo de la alfombra y ahora nos piden que aplaudamos la limpieza del salón.
España ha logrado entrar en el 'Top 4' del mundo desarrollado con más inflación, un podio que nadie quería y que solo nos precede Turquía, Hungría e Islandia. Mientras el ciudadano medio ve cómo el carrito de la compra se convierte en un artículo de lujo, la OCDE nos sitúa en agosto con un 4,6%, saltando desde el 3,9% de julio. Y si pensabas que ya habíamos tocado techo, el INE adelanta que en septiembre el IPC armonizado ha trepado hasta el 5%. Básicamente, nuestro dinero se derrite más rápido que un helado en agosto. La OCDE ha subido su previsión anual para España al 3,6%, lo que en lenguaje llano significa que el Estado gastará más en intereses de deuda y pensiones, mientras el BCE sigue apretando la tuerca de los tipos de interés, dinamitando las hipotecas de miles de familias. En medio de este incendio, la oposición pide deflactar el IRPF para quienes ganan menos de 40.000 euros anuales. Alberto Núñez Feijóo calcula que esto supondría un alivio de 400 euros al año por familia. Un detalle menor si consideramos que las arcas públicas están hinchadas, superando los 250.000 millones en recaudación gracias a que la inflación hace que paguemos más impuestos sin ganar un euro más. El coste de este alivio sería de 12.000 millones de euros. Una cifra que el Gobierno mira con recelo, pero que curiosamente no le ha importado soltar cuando este martes anunció 10.000 millones para créditos sin interés de hasta 50.000 euros para la primera vivienda. El argumento oficial para no tocar el IRPF es que también beneficiaría a las grandes fortunas en sus primeros 40.000 euros. Una lógica brillante: preferimos que el trabajador medio siga asfixiado antes que permitir que el millonario se ahorre unas migajas.
En España, buscar un piso de alquiler se ha convertido en una especie de deporte extremo donde el premio es, probablemente, pagar el sueldo entero por un zulo sin luz. Mientras desde el Gobierno se venden decretos como la panacea, la realidad es que el mercado ha decidido aplicar la ley del mínimo esfuerzo: desaparecer. Desde 2018, hemos pasado de tener 902.664 viviendas anunciadas para alquiler de larga estancia a unas miserables 510.091 en 2025. Un recorte del 44% que no es un ajuste, es una amputación. Estamos hablando de 392.573 viviendas que se han esfumado, como si alguien hubiera pasado la goma por el mapa inmobiliario. Es el equivalente a borrar ciudades enteras de la oferta disponible mientras el ciudadano medio intenta cuadrar la cuenta del súper. La hipocresía es deliciosa: regulan el precio para 'proteger' al inquilino, pero el resultado es que ya no hay nada que alquilar. En Madrid, la cifra es un sablazo: 137.411 viviendas menos, bajando de 252.442 a 115.031. Cataluña no se queda atrás con una pérdida de 124.582 inmuebles. Pero el verdadero drama ocurre en las capitales. Madrid ha visto caer sus anuncios de 202.484 a 84.926. Y Barcelona es, sencillamente, un desierto: un desplome del 83%, pasando de 113.853 a solo 19.723 viviendas. Valencia, Sevilla y Granada también han pasado por la guillotina, perdiendo 18.465, 12.265 y 7.463 viviendas respectivamente. ¿La excepción? La Rioja, que presume de 282 viviendas más, un dato que sirve para decorar el informe pero que no sirve para que un joven se independice. idealista/data ha puesto los números sobre la mesa y el diagnóstico es claro: la oferta de larga estancia está en cuidados intensivos mientras el alquiler turístico y la incertidumbre jurídica hacen el agosto.
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