La crónica expone la hipocresía gubernamental con éxito, aunque el texto original peca de optimismo ingenuo al citar la 'cercanía' de Arcadi España. El contraste entre la limpieza de basura y el descenso del paro es el dato más demoledor y mejor aprovechado.
Imagínate vivir en España, pero que para enviar un paquete a Algeciras te traten como si estuvieras mandándolo desde el Congo o Nigeria. Esa es la surrealista comedia burocrática que padece Ceuta. Mientras el resto del país intenta ayudar comprando online a los comerciantes locales, se topan con un muro: la ciudad no pertenece a la Unión Aduanera. Es el equivalente a vivir en el mismo edificio que tu vecino pero tener que pasar el control de pasaportes para ir a pedirle un poco de sal. Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, lo tiene claro: es una tortura. Un camión de tomates frescos pasa por los mismos controles que uno que va para Argelia, haciendo que la verdura llegue a la mesa con la frescura de un mueble antiguo. Lo más irónico es que, mientras a Gibraltar le han hecho un traje a medida en julio, Ceuta sigue vistiendo harapos administrativos desde 1986. Pedro Sánchez, el 3 de septiembre, prometió en el Congreso corregir este 'desastre' (término que ya usaba CNN), pero ha pasado un mes y el olvido es la única medida efectiva. La economía local está en cuidados intensivos. El 90 % son pymes y micropymes, y ya han volado 44 autónomos. Para ellos, los 5.000 euros de ayuda son como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua, especialmente para quienes no facturaron ni un euro en agosto tras la invasión. Y ojo al dato: el paro baja un 4 % interanual, pero no es por el éxito empresarial, sino porque hay que contratar a cientos de personas para limpiar las 1.775 toneladas de basura —unas 3,5 piscinas olímpicas de mugre— dejadas por los inmigrantes ilegales y montar carpas. El Gobierno dice que volveremos a la normalidad antes de fin de año, pero en la calle saben que eso es un cuento chino.
Hay quien dice que el dinero no cae del cielo, pero en Moncloa han descubierto una técnica de magia financiera digna de Las Vegas. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere jugar al 'borrón y cuenta nueva' con una deuda de 83.252 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si el administrador de la comunidad decidiera que los vecinos que más han dejado de pagar el IBI no tienen que soltar ni un céntimo, mientras que el que ha sido puntual se encuentra con que le suben la cuota para cubrir el agujero. El plan es llevar la condonación a la Diputación Permanente antes del 29-N, usando el truco del decreto ley por 'urgente necesidad'. Un concepto tan elástico que ya se ha usado para todo, desde el 'decreto Maricarmen' hasta las ayudas de la DANA. El premio gordo, aunque no el único, tiene nombre y apellidos: Cataluña, con 17.104 millones de euros que se evaporarían del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Salvador Illa, el barón que ahora baila al son de Sánchez, empuja el carro para que el flujo de efectivo sea inmediato. Es una inversión electoral clásica: siembres hoy perdón de deuda en Cataluña, cosechas votos mañana en sus circunscripciones. Pero no todo es color de rosa en el despacho de Félix Bolaños. El Ministerio de Justicia se rasca la cabeza porque intentar convertir una ley orgánica en un decreto ley es como querer meter un elefante en un maletero de un Smart; jurídicamente, no encaja. Mientras tanto, Andalucía espera su tajada de 18.791 millones y la Comunidad Valenciana sus 11.210 millones. Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya ha puesto el grito en el cielo, calculando que este 'regalo' costaría 483€ por cada madrileño. Al final, la cuenta la pagamos todos, pero el aplauso se lo llevan los que mejor saben hacer malabares con el presupuesto público.
Hablemos claro: entrar en el mercado laboral a los 45 años es como intentar comprar un piso en el centro con el presupuesto de un menú del día. Imposible. Pero hay datos que hacen que el optimismo se convierta en un chiste malo. Según el SEPE, bajo la firma de Ricardo Cuesta García, hay 103.599 personas mayores de 45 años que jamás han trabajado. De ese grupo, el 75,9% son mujeres (78.669) y el resto varones (24.930). Un agujero administrativo que parece un sumidero. Lo llamativo no es el número, sino la velocidad del sablazo. Los hombres marroquíes han pasado de ser 617 en julio de 2021 a 1.778 en julio de 2026. Un incremento del 188,1% que te deja frío. Es como si de repente el club de los 'sin experiencia' hubiera abierto sucursal en el Magreb. Y no vienen solos; las mujeres marroquíes dominan el ranking con 9.656 inscritas, superando a la suma de venezolanas, colombianas, ucranianas y brasileñas juntas (9.624). La regularización extraordinaria de 2026 ha sido el combustible: los varones marroquíes saltaron de 1.102 en marzo a 1.778 en julio, un 61,3% más en cuatro meses. Mientras tanto, el bloque comunitario se encoge (4.346 registros) y las españolas bajan un 27%, de 67.763 a 47.832. El contraste es brutal: mientras el perfil nacional se limpia, el extracomunitario se dispara hasta representar el 40,5% del total (41.998 personas). Colombia y Perú también juegan la partida, con disparos del 446% y 584% respectivamente en el sector femenino. Al final, el SEPE no gestiona empleo, gestiona una lista de espera infinita donde la edad es el muro y el pasaporte la etiqueta.
Hay que tener una imaginación desbordante para gestionar el dinero público, pero RTVE acaba de subir la apuesta. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con el mismo pavor que quien abre una carta del juzgado, la corporación ha decidido que sus conejos silvestres en Las Rozas-Majadahonda necesitan una gestión profesional. No cualquiera puede echar a un orejudo de un jardín, y para ello han montado un despliegue burocrático digno de una misión a Marte. El expediente S-03050-2026 es la joya de la corona: un recinto de 269.547 metros cuadrados —unas 27 hectáreas donde los conejos probablemente vivían mejor que muchos alquileres en Madrid— que requería una limpieza profunda. RTVE salió al mercado el 7 de julio con un presupuesto máximo de 10.000 euros sin IVA, demostrando que en el mundo de las licitaciones, el 'por si acaso' tiene un precio elevado. Al final, el 16 de julio, la empresa ADDA OPS SA se llevó el gato (o el conejo) al canto con una oferta de 6.000 euros antes de impuestos. Un ahorro del 40% que seguramente hará que algún auditor suspire de alivio mientras se toma un café pagado con canon. Lo más fascinante es la meticulosidad del pliego. No basta con espantarlos; hay que gestionar 'cadáveres y restos biológicos'. Básicamente, han contratado un servicio de limpieza forense para lagomorfos. Para adjudicar este banquete, se pelearon tres empresas: IBERAVEX SL (6.450 euros) y UCRA Control de Fauna SL (8.200 euros), que quedaron fuera porque en este juego el precio es el único dios. El contrato, que dura 150 días y puede alargarse hasta finales de 2026, incluye penalizaciones del 10% si alguien olvida recoger un conejo muerto. Porque claro, dejar un resto biológico en 27 hectáreas sería una negligencia imperdonable para la televisión pública.
Hay una poesía casi surrealista en convocar una huelga general el 11 de noviembre para pedir 'viviendas dignas' cuando tu propio inventario inmobiliario parece el catálogo de un señorito del siglo XIX. Mientras el trabajador medio hace malabares con la hipoteca y reza para que el casero no le suba el alquiler, Pepe Álvarez, el timonel de UGT, gestiona su patrimonio con la tranquilidad de quien sabe que el suelo no se mueve bajo sus pies. Empecemos por el plato fuerte: un ático dúplex de 132 metros cuadrados en el barrio de Gracia, Barcelona. Una joya tasada en 498.180 euros que adquirió en 1992, cuando ya estaba en la directiva del sindicato. Para el ciudadano de a pie, medio millón de euros es un sueño inalcanzable o una deuda eterna; para Álvarez, es solo una nota simple en el Registro de la Propiedad, complementada con una plaza de garaje para que el coche no pase frío. Pero la verdadera 'humildad' sindical se despliega en Asturias. En 2017, justo después de coronarse como secretario general, Álvarez decidió expandir sus horizontes en Belmonte de Miranda. No se limitó a una casita de pueblo de 60 metros con cuadra —que ya es un lujo—, sino que se hizo con cinco parcelas que suman 9.261 metros cuadrados. Hablamos de extensiones de 2.968, 2.352, 1.650, 1.400 y 891 metros cuadrados. Es decir, tiene más tierra que algunos municipios pequeños. La paradoja es deliciosa: el hombre que pide limitar el alquiler y la compra de viviendas desde la comodidad de sus fincas libres de cargas. Convocar una huelga a dos días de la campaña electoral del 29 de noviembre suena a estrategia política, pero hacerlo con un imperio de parcelas y un ático en Gracia suena a broma de mal gusto. La lucha por el techo es sagrada, pero es más fácil gritar 'vivienda para todos' cuando ya tienes el mapa de Asturias y Barcelona bien asegurado.
Hay una danza muy curiosa en los despachos de Madrid. El Banco de España, bajo el mando de José Luis Escrivá, ha decidido salir del modo silencio para darle un toque de atención al Gobierno en su informe de Proyecciones macroeconómicas del tercer trimestre de 2026. El motivo es el clásico: la factura de la luz y ese caos energético provocado por la guerra en el Golfo Pérsico. Mientras el ciudadano medio mira el recibo de la electricidad como quien mira una película de terror, el Banco de España advierte que el Gobierno está jugando al revés. La Moncloa ha decidido que el 'escudo anticrisis' sea un abrazo al combustible fósil, pero un desplante a las renovables. Es como si, para ahorrar en la compra, el Gobierno nos regalara el aceite importado pero nos subiera el precio de las patatas del huerto vecino. El Real Decreto del 29 de septiembre es el ejemplo perfecto: rebajas en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) y topes al gas, pero la luz se queda en el limbo, esperando a que un 'mecanismo de salvaguardia' actúe cuando ya estemos todos a oscuras. Pero lo más delirante es el lío del diésel. España prometió a Bruselas en 2021, mediante el Hito 388 del Plan de Recuperación, que dejaría de mimar al gasóleo para recibir los fondos Next Generation. Resultado: una incapacidad parlamentaria crónica que nos ha costado 200 millones de euros en ayudas retenidas. Para rematar la faena, la última medida de septiembre ha inflado la ventaja fiscal del diésel sobre la gasolina, pasando de 9,4 a 24,4 céntimos por litro. En resumen, el Gobierno prefiere pagar la multa a Europa que cambiar la receta, mientras el Banco de España mira el agujero contable con una ceja levantada.
En el tablero del sindicalismo, donde las banderas suelen ondear al mismo ritmo, ha saltado un fusible. El Sindicato Libre de Transporte (SLT) ha decidido hacerle un 'ghosting' monumental a CCOO y UGT, negándose a sumarse a la huelga general del 11 de noviembre. La jugada es sencilla: mientras los gigantes sindicales preparan el despliegue, el SLT se pregunta, con una ironía que corta, ¿por qué ahora? La respuesta parece estar en el calendario, ese viejo cómplice de la política, ya que la proximidad de las elecciones generales huele más a estrategia de campaña que a lucha obrera. El SLT no se ha guardado nada. Ha soltado que ocho años de respuestas insuficientes frente al drama de la vivienda son el verdadero currículum de CCOO y UGT. Para el trabajador medio, que ve cómo el alquiler se come su nómina como si fuera un buffet libre, que le pidan dejar de trabajar justo antes de votar parece un chiste de mal gusto. Es el clásico caso de querer arreglar el grifo cuando la casa ya está inundada y el dueño se prepara para las elecciones de la comunidad. La cosa se pone fea cuando el SLT menciona el 'dudoso encaje jurídico' de la convocatoria. Básicamente, sugieren que si la huelga es un peón electoral y no una herramienta laboral, el fundamento legal se vuelve tan delgado como el papel de fumar. Saben que ir a la huelga no es gratis; para quien ya hace malabares para llegar a fin de mes, perder un día de salario es un sablazo que no se puede ignorar. En definitiva, el SLT ha decidido que prefiere defender la dignidad del trabajador sin que el calendario electoral le dicte el paso, dejando a los grandes sindicatos en una posición incómoda: la de quienes confunden la plaza pública con un mitin partidista.
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