El texto original es un collage de datos optimistas que ocultan la tragedia del pequeño autónomo tras porcentajes macroeconómicos. Le falta courage para señalar que el encarecimiento de la vivienda es una oportunidad obscena para la especulación post-catástrofe.
Imaginen que tienen un coche con 20 años, que ya pide clemencia en cada curva, y el mecánico les dice que no pueden cambiarle el aceite porque el barrio necesita que el motor siga rugiendo. Pues eso es exactamente lo que Red Eléctrica (REE) le está pidiendo a las centrales eléctricas: que se olviden de las revisiones y sigan funcionando aunque el motor eche humo. En un movimiento inédito, el operador ha rechazado los planes de mantenimiento de más de un centenar de instalaciones entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. Básicamente, es como pedirle a alguien que no vaya al dentista para que no deje de hablar. La jugada es desesperada. Desde este verano, hasta el 35% de la potencia de los ciclos combinados está fuera de servicio. Solo disponemos del 65% de esa tecnología, lo que ha obligado a REE a exprimir estas plantas hasta que digan basta. La presencia de los ciclos combinados en la generación peninsular ha saltado del 8% al 19,4%. El problema es que estas máquinas no están diseñadas para este ritmo de arranques frenéticos; es como intentar correr una maratón con zapatos que se deshacen. Mientras tanto, el miedo al fantasma del apagón de 2025 tiene a REE en modo pánico. Han activado el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) once veces este año, cuando en 2025 no lo hicieron ni una sola vez. Es la versión industrial de 'apagar la luz del pasillo para que no salte el plomo'. El sector energético, que ya tiene contratados a los técnicos de Siemens, Mitsubishi y General Electric, mira la jugada con escepticismo. Saben que posponer el mantenimiento es un pan para hoy y un hambre para mañana: una ingeniería financiera del riesgo donde se prioriza el parche inmediato sobre la seguridad estructural.
Hacer malabares con la cartera es un arte que dominamos los mortales, pero el Gobierno lo ha elevado a categoría de disciplina olímpica. El pasado martes 20 de octubre, el Consejo de Ministros decidió que la mejor forma de cerrar el año era jugar al 'yo te presto y tú me debes'. Han aprobado una referencia presupuestaria de 10.003,8 millones de euros para que la Seguridad Social no se quede en blanco justo antes de Navidad. Básicamente, es como si el padre le prestara dinero al hijo para que este pueda pagar la cena de Nochebuena, sabiendo que el hijo no tiene un duro en la cuenta y que el préstamo es, en realidad, dinero de la misma familia. Este movimiento se apoya en la disposición adicional tercera de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado, una especie de 'chequera abierta' que permite estos rescates anuales sin intereses y con un plazo de devolución de diez años. El problema es que ya vamos por el décimo préstamo de este estilo. Si sumamos este nuevo sablazo, la deuda acumulada de la Seguridad Social con el Estado trepa hasta los 146.000 millones de euros. Es una cifra astronómica que, aunque sea una deuda 'entre primos' (administraciones públicas), condiciona el futuro de cualquiera que aún tenga la esperanza de jubilarse sin comer aire. La realidad es que el sistema tiene un agujero estructural. En 2025, aunque el déficit bajó a 7.387 millones de euros (un 0,4% del PIB) frente a los 9.834 millones negativos de 2024, la sangría sigue ahí. Los ingresos no financieros fueron de 232.782 millones, pero las obligaciones llegaron a 240.169 millones. La joya de la corona es el gasto en pensiones y prestaciones contributivas: 206.360 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior. En resumen: gastamos más de lo que cotizamos y el parche favorito del Gobierno es pedirle dinero al espejo.
Parece que en España hemos decidido que cultivar sandías es un deporte de riesgo o, quizá, simplemente un capricho que no podemos costear. Mientras el agricultor local pelea contra el clima y la burocracia, el Estado ha decidido que la mejor estrategia es abrir la cartera y mirar hacia el sur. En la campaña 2025/2026, nos hemos traído 52,68 millones de kilos de sandía desde Marruecos. Un despliegue logístico digno de una mudanza transatlántica que nos ha costado 44,23 millones de euros. Para que nos entendamos: estamos hablando de que casi la mitad de lo que importamos (el 48,26%) viene del vecino, dejando a Senegal y Mauritania cogiendo migajas. El precio medio se ha quedado en 0,84 euros por kilo, una cifra que suena a ganga en el papel de Hortoinfo y Estacom, pero que es el reflejo de una dependencia crónica. Lo curioso es el baile de las cifras. Venimos de un agujero profundo en 2023/2024, cuando solo trajimos 28,7 millones de kilos, el mínimo histórico de la última década. Pero el hambre de fruta extranjera ha vuelto: hemos subido un 6,3% respecto a la campaña anterior, sumando 3,11 millones de kilos adicionales. El resto del tablero es casi anecdótico. Senegal nos vendió 16,24 millones de kilos por 11,8 millones de euros (a 0,73 €/kg), mientras que Mauritania, con menos volumen (10,23 millones de kilos), nos clavó un precio medio de 1,33 euros por kilo, sumando 13,62 millones de euros. Y para rematar la ironía, hasta Alemania nos ha 'vendido' 6,87 millones de kilos, que probablemente no hayan visto una semilla alemana en su vida, sino que son simples reexportaciones. En total, hemos soltado 91,86 millones de euros por 109,15 millones de kilos de sandía extranjera. Un negocio redondo, siempre que no seas el que planta la semilla aquí.
Hay quien sigue esperando que la energía nuclear salve el mundo como si fuera el héroe de una película de los ochenta, pero la realidad es que se ha quedado colgada en la línea de salida. Mientras que la generación nuclear global ha estado más plana que una tortilla de patatas durante los últimos 26 años, la energía solar ha pegado un salto de 2.700 veces en el mismo periodo. No es una carrera; es una paliza técnica. Para finales de 2026, la fotovoltaica representará el 10% de la generación eléctrica mundial, superando oficialmente a la fisión nuclear. Jan Rosenow, profesor de la Universidad de Oxford, no se anda con rodeos: la solar es ya el motor de la transición. El truco está en que China ha inundado el mercado, bajando los costes de los paneles a niveles que hacen que montar una planta nuclear parezca un capricho de millonario. De hecho, en Estados Unidos, los proyectos nucleares han visto cómo sus costes se disparaban, rompiendo cualquier lógica de infraestructura donde, normalmente, producir más debería costar menos. Es como si comprar un coche fuera más caro cuanto más se fabricaran. Mientras algunas startups estadounidenses intentan resucitar la fisión nuclear con un optimismo casi religioso, el resto del mundo usa el sol como un salvavidas para dejar de depender del petróleo y sus dramas geopolíticos. La cuestión ya no es si el sol dará energía —porque el sol no manda facturas ni pide permisos— sino si nuestras instituciones y redes eléctricas, diseñadas en la era del carbón, son capaces de soportar este ritmo sin fundirse. El problema ya no es la fuente, sino el enchufe.
La burbuja de la IA acaba de soltar un globo y el ruido ha sido ensordecedor. Character.AI, que hace nada se paseaba con una valoración de mil millones de dólares como quien luce un reloj de oro en un barrio obrero, ha aterrizado de cabeza en el Capítulo 11 de la ley de quiebras. El cuento es el de siempre: mucha tecnología 'disruptiva' pero una gestión financiera que haría llorar a un estudiante de primero de economía. El CEO Colin Adams lo admite sin anestesia: operar su 'impresionante tecnología' es carísimo. Y claro, mientras los usuarios se perdían en conversaciones infinitas con bots, la empresa quemaba billetes a un ritmo frenético. Entre enero y agosto de 2026, se fundieron 56,1 millones de dólares solo en costes de computación y otros 19,7 millones en salarios. Para que nos entendamos, es como intentar mantener un yate de lujo funcionando a base de vender limonada en la esquina. Los ingresos eran una broma pesada: pasaron de 2,8 millones en diciembre de 2025 a 5,3 millones en agosto, mientras el agujero operativo seguía tragándose entre 8 y 9 millones de dólares al mes. En un intento desesperado por no hundirse, aplicaron la técnica del 'enshittification': llenaron la app de anuncios, recortaron el uso y sustituyeron los modelos inteligentes por versiones 'lobotomizadas'. Pasaron de prometer una superinteligencia personalizada a parecerse a esos juegos móviles cutres que te piden pagar por cada respiro. Para rematar el cuadro, las demandas por daños a adolescentes y suicidios añadieron el toque dramático. OpenAI y Anthropic podrán seguir flotando gracias a inyecciones masivas de capital, pero Character.AI es el canario en la mina. Nos recuerda que tener millones de usuarios es un lujo carísimo si no sabes cobrar la entrada.
Hacer las cuentas con el Estado es como intentar llenar un cubo agujereado: parece que echas agua, pero el nivel nunca sube. El Gobierno nos vende una subida del 4,5 % para el año que viene como si fuera un premio de lotería, pero la realidad es que el funcionario medio lleva desde 2018 jugando al juego de la supervivencia. Entre diciembre de 2018 y septiembre de este año, el IPC ha pegado un salto del 27,7 %, mientras que los sueldos base solo han subido un 20,7 %. En lenguaje de calle: el carrito de la compra ha crecido más rápido que la nómina. Si miramos las tablas, el grupo A1 ha pasado de 15.216 a 18.359 euros para 2026. Suena a mejora, pero es un espejismo. Para que un A1 con nivel 26 no sintiera que le están desplumando, sus 30.586,30 euros previstos para 2026 deberían ser, en realidad, unos 32.371 euros. Hay un agujero de 1.785 euros anuales que se ha evaporado en el aire de la inflación. Lo verdaderamente surrealista ocurre cuando miramos la caja registradora del Estado. Mientras el funcionario se queja de que el café le sale más caro, la IGAE revela que el gasto en personal ha pasado de 127.668 millones en 2018 a 181.494 millones en 2025. Un sablazo de 53.826 millones de euros adicionales. ¿Dónde está el truco? No todo es sueldo; es que la maquinaria administrativa ha engordado plantillas sin freno. Para rematar la faena, el INE nos recuerda que, pese a los lamentos, el funcionario sigue viviendo en otra liga. El salario medio en la Administración pasó de 29.824 a 37.518 euros (2018-2024), mientras el trabajador medio del país apenas llegó a los 29.540 euros. Al final, la brecha se ha ensanchado en 2.163 euros. El funcionario pierde poder adquisitivo, sí, pero lo pierde desde un pedestal mucho más alto que el resto de los mortales.
Buscar un piso en España se ha convertido en una especie de 'Los Juegos del Hambre' versión inmobiliaria, donde el premio es un estudio sin luz y el castigo es pagar la mitad del sueldo. La matemática es cruel: desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del Gobierno en 2018, la competencia por un alquiler se ha quintuplicado. No es una sensación térmica; es un sablazo estadístico. En 2018, un anuncio en Idealista recibía una media de ocho contactos; para 2026, la cifra ha saltado a 43. Pasar de ocho a 43 interesados es como pasar de una cena tranquila a una pelea campal por el último trozo de pizza en una fiesta de adolescentes. Lo más irónico, casi poético si no fuera trágico, es que el incendio arde con más fuerza donde intentaron apagarlo con agua fría. En las zonas donde se aplicó el límite de precios —Cataluña, País Vasco, Navarra y La Coruña— la desesperación es la norma. Vitoria lidera el desfile del absurdo con 131 interesados por inmueble, seguida de Tarragona con 125, Pamplona con 117 y Lérida con 105. Es la paradoja del control de precios: el piso es 'barato' sobre el papel, pero hay una cola que llega hasta la provincia vecina. Si miramos el mapa, hay ciudades que han sufrido un efecto dinamita. Lérida se ha disparado un 3.036 %, Tarragona un 1.899 % y Guadalajara un 1.629 %. Mientras tanto, capitales como Burgos (1.391 %), Zamora (1.377 %), Cuenca (1.079 %), Huelva (1.059 %) y Palencia (1.021 %) han visto cómo la demanda crecía más de un 1.000 %. Incluso en Oviedo (958 %), Soria (915 %), Castellón de la Plana (909 %), Valladolid (896 %), Orense (896 %) y Badajoz (885 %), la situación es delirante. Madrid, Sevilla o Valencia, aunque caras, registran incrementos inferiores al 500 %, demostrando que el problema no es solo el dinero, sino una oferta que ha decidido jugar al escondite.
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