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Estados Unidos ha decidido jugar al póker con el comercio español, y lo hace usando el libro de reglas de un cobrador del fracs. La Comisión Marítima Federal (FMC) ha lanzado una propuesta que es, básicamente, un peaje VIP para cualquier buque con bandera española: 200.000 dólares por viaje. Unos 180.000 euros que, para el Tesoro estadounidense, son calderilla, pero que para un armador español suenan a sablazo en plena factura mensual. Todo esto por el bloqueo de barcos que presuntamente llevaban armas a Israel; una partida de ajedrez geopolítica donde las piezas que se sacrifican son los exportadores. Pero el castigo no se queda en el muelle. La FMC ha puesto el ojo en cinco categorías que son el orgullo de nuestra despensa y tocador: aceites y grasas, perfumería, cerámica, piedra y azúcar. Estamos hablando de un mercado que en 2025 movió 2.758 millones de euros. Aunque el Gobierno intente maquillar la cifra diciendo que solo es el 0,7% de las exportaciones totales, para el productor de aceite de oliva ese porcentaje es la diferencia entre renovar la maquinaria o cerrar la persiana. Es como decir que perder un dedo no es grave porque te quedan nueve; el que pierde el dedo es el que no puede escribir. La jugada maestra es el calendario. La consulta pública cierra el 14 de diciembre, convenientemente después de las elecciones españolas. Una pausa dramática para ver quién manda en Madrid mientras Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, intenta recordar que en este baile nadie gana si el suelo desaparece. La propuesta actual es 'moderada' comparada con los 2,3 millones de dólares que se barajaban en diciembre de 2025, lo cual es como si te quisieran quitar la cartera pero te dejaran conservar las monedas de diez céntimos.
El campo español ha descubierto que jugar en la liga de la Unión Europea es como intentar correr un maratón con botas de plomo mientras el vecino corre en zapatillas de marca y sin camiseta. La paradoja es tan absurda que roza el surrealismo: España paga más por el tomate que viene de fuera que por el que crece en su propio suelo. Mientras el agricultor nacional ve cómo su rentabilidad se evapora, la UE firma acuerdos comerciales que son, en lenguaje llano, una alfombra roja para la competencia desleal. Echemos cuentas, que aquí es donde empieza el chiste. En la campaña 2025/2026, España importó la cifra récord de 305.436 toneladas de tomate, soltando un sablazo de 337,69 millones de euros. Lo más delirante es el precio: mientras el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía confirma que el productor español cobró 1,14 euros por kilo, el tomate de Marruecos entró a 1,72 euros el kilo. Sí, hemos pagado un sobreprecio por un producto que llega desde el sur, donde el coste laboral es una broma pesada: mientras en la Península un trabajador cobra 10 euros la hora, en Marruecos esa es la paga de un jornal completo. Es como comparar el precio de un menú degustación con el de un bocadillo de gasolinera. Andrés Góngora, de COAG, nos revela el truco del almendruco: Marruecos se ha especializado en el tomate cherry. Como cada pieza pesa unos 30 gramos, requiere una mano de obra intensiva que solo es rentable si pagas sueldos de hambre. Y para rematar la faena, la Comisión Europea permite que tomates cultivados en el Sáhara Occidental, territorio ocupado desde 1975, lleven la etiqueta de 'Hecho en Marruecos'. Una ingeniería contable y geográfica que deja a España como el tercer exportador de la UE, pisándole los talones a Países Bajos y al propio reino magrebí.
Gestionar la soberanía nacional parece haberse convertido, para el Ejecutivo, en algo parecido a organizar una cena de empresa: cada uno cuenta la historia a su manera y nadie se pone de acuerdo en quién pagó la cuenta. El 30 y 31 de julio, mientras más de 70.000 inmigrantes cruzaban el paso del Tarajal en una crisis que habría hecho temblar a cualquier Estado, la Marina Real marroquí decidió que las aguas de Ceuta eran un parque temático. Una fragata y varias patrulleras navegaron por territorio español sin pedir permiso, jugando al 'está prohibido' hasta casi chocar con nuestros buques. Lo fascinante no es el susto naval, sino la gimnasia mental del Gobierno para explicarlo dos meses después, cuando El País soltó la bomba el lunes. Pedro Sánchez, desde la comodidad de Bruselas, nos vende que fue un "hecho puntual" resuelto con una "interlocución fluida". Traducción: un desliz que arreglamos con una llamada. Pero si bajamos al barro, la orquesta desafina. Elma Saiz repite el mantra del "hecho puntual", mientras Félix Bolaños intenta hacer un malabarismo lógico asegurando que la incursión y la entrada masiva de personas no tienen nada que ver, aunque ocurrieran exactamente al mismo tiempo. Como si el hecho de que se te queme la cocina mientras el salón se inunda fuera una coincidencia cósmica. Para rematar el cuadro, David de la Encina, delegado en Ceuta, lo simplifica aún más: era un "patrutullaje de rutina". Claro, porque entrar en aguas ajenas sin permiso es ahora el equivalente a salir a comprar el pan. Entre la "transparencia absoluta" que presume Sánchez y el secretismo de "seguridad nacional" que blinda Bolaños, queda un vacío legal y moral del tamaño de una fragata. Mientras Alberto Núñez Feijóo ya prepara el expediente para el 29 de noviembre, el Gobierno sigue intentando que creamos que el caos fue, en realidad, una coreografía coordinada.
Viajar en AVE se ha convertido en una ruleta rusa donde el premio es llegar tarde y el castigo es quedarse tirado en medio de la nada. Lo que hace un año era el estándar del ejecutivo moderno, hoy es una aventura arriesgada. El corredor Madrid-Barcelona, la joya de la corona, se está desangrando: en solo seis meses de 2026 ha perdido más de 1,1 millones de pasajeros. Es como si una tienda de barrio perdiera a la mitad de sus clientes por cerrar la persiana cuando le da la gana; aquí, la persiana son las averías y el mantenimiento nocturno que, desde el 5 de febrero, nos ha regalado 25 minutos más de viaje y la supresión de los últimos trenes. La gota que colmó el vaso es el reciente incendio de un AVE de Renfe, que mantiene el caos hasta el 22 de octubre. Mientras tanto, los datos de la CNMC son un acta de defunción: el primer trimestre de 2026 vio caer los pasajeros un 17% (600.000 menos) y el segundo un 13% (518.000 menos). Es un éxodo masivo hacia el aire. Aena confirma que el avión es el nuevo refugio, con un crecimiento del 5% en la primera mitad del año y más de 1,9 millones de usuarios volando entre Barajas y El Prat. Pero el desastre no es solo catalán. El accidente de Adamuz el 18 de enero y el de Gelida dos días después dinamitaron la red. En Andalucía, la situación es surrealista: el corredor Madrid-Málaga/Granada se desplomó un 61% en el primer trimestre, agravado por un talud que decidió mudarse de sitio cerca de Álora. La OCU lo resume sin anestesia: el 62% de los viajeros sufre retrasos frecuentes. Al final, la alta velocidad española se ha vuelto lenta, impredecible y, sobre todo, opcional.
Hay coincidencias que no son casualidad, sino guiones mal escritos. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para que no le cobren una comisión por respirar, la Armada española decidió que era el momento ideal para hacerse con un 'ojo en el cielo'. El 8 de julio, justo veintidós días antes de que unos buques militares marroquíes decidieran que las aguas españolas próximas a Ceuta eran un parque de atracciones, el Gobierno formalizó un contrato de 217.500 euros con Hisdesat Servicios Estratégicos. Un sablazo que, en términos de presupuesto estatal, es calderilla, pero que en términos de timing es una obra maestra del suspense. La jugada fue rápida: procedimiento negociado sin publicidad. Traducción: 'no queremos que nadie pregunte'. El objetivo era alimentar el SIVICEMAR, el sistema de vigilancia que gestiona el COVAM en Cartagena, usando datos AIS para saber quién navega, hacia dónde va y a qué velocidad, especialmente cuando las estaciones terrestres se quedan cortas. Todo muy profesional, hasta que llegamos al 30 y 31 de julio. En medio de una crisis migratoria asfixiante, los barcos marroquíes entraron en nuestro patio. Pedro Sánchez, el pasado 12 de octubre, calificó aquellas jornadas de «muy intensas», una expresión que suena a café frío y llamadas nerviosas entre armadas para evitar que el incidente escalara. Para rematar la escena, España envió el buque Rayo el 3 de agosto, seguido por la fragata Santa María y luego la Navarra. Mientras el delegado David de la Encina intentaba vendernos que las patrulleras marroquíes solo estaban 'paseando' en labores habituales, el Gobierno ya había pagado la suscripción premium al rastreo satelital. No hay pruebas de que el contrato fuera una respuesta profética, pero la cronología es tan sospechosa que parece diseñada por un becario de inteligencia.
Hay una coreografía muy conocida en la política española: el baile del 'yo lo haría mejor'. Alberto Núñez Feijóo ha decidido ponerse el traje de Almirante y, desde Huesca el pasado 13 de octubre de 2026, ha lanzado un manual de instrucciones para que Pedro Sánchez deje de hacer el vago con la soberanía. El menú es ambicioso: desplegar la Armada, convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas al embajador en Rabat. Básicamente, quiere pasar de la diplomacia del susurro al ruido de motores navales. La razón es que el mapa de Ceuta se ha convertido en un patio de recreo para Rabat. Mientras nosotros peleamos por el precio del aceite, Marruecos juega al 'pilla-pilla' con nuestras fronteras. El País ya nos había avisado de que el 30 de julio, justo cuando se montaba el asalto masivo por tierra, buques militares marroquíes se dieron un paseo por aguas españolas. Pero no se quedaron ahí. El 7 de septiembre, la fragata Sultan Moulay Ismail se plantó a solo 15 kilómetros de la costa ceutí, como quien aparca el coche en doble fila sin importarle la multa. Y para rematar la faena, ABC reportó que el jueves 15 de septiembre una patrullera se pasó cinco horas (de 09:30 a 14:30) dando vueltas en la bahía sur de Ceuta, bajo la mirada impotente de la Guardia Civil. Una provocación de manual. El Gobierno, fiel a su estilo, ha soltado tres versiones distintas, una más incoherente que la anterior, calificando el asunto de 'puntual'. Feijóo, que no quiere perder la oportunidad de marcar el territorio, ya ha avisado a la Audiencia Nacional y exige que Sánchez dé la cara en la Diputación Permanente. Al final, parece que la frontera es ahora una puerta abierta donde el Gobierno mira y el PP grita, mientras los barcos vecinos entran y salen como quien va al supermercado.
La Moncloa tiene una palabra favorita para cuando las cosas se ponen feas: 'puntual'. Es el comodín perfecto, como decir que el agujero en la cuenta corriente es un 'descuido temporal' mientras el banco te cobra comisiones por respirar. Pero el cuento del 'hecho puntual' se ha quedado pequeño frente a la realidad del Estrecho. Mientras los Reyes Felipe VI y Letizia terminaban una visita a Ceuta y Melilla —un viaje que el régimen de Mohamed VI digirió como quien traga un trozo de vidrio—, Marruecos decidió enviar un recordatorio visual. El jueves, pasadas las 9:30, una patrullera alauí entró en aguas españolas y se quedó ahí, dando vueltas durante siete horas. Siete horas enteras. Para que nos entendamos: es el tiempo que tardas en hacer una jornada laboral intensiva, pero en este caso, la Guardia Civil tuvo que seguir el espectáculo con prismáticos desde tierra, como quien mira un partido de fútbol desde la grada pero sin poder entrar al campo. Pero esto no es un desliz de navegación. En septiembre, la fragata Sultan Moulay Ismail (F-614) se puso creativa y se plantó a solo 15 kilómetros del litoral ceutí. No era un barco de paseo; hablamos de una SIGMA 9813 armada hasta los dientes con misiles Exocet MM40 Block 3 y un cañón de 76 milímetros que podía saludar a Ceuta con una precisión quirúrgica. Mientras el Gobierno insiste en que la relación es 'fluida', Rabat juega al gato y al ratón, usando incluso pesqueros coordinados para testear el perímetro. Ante este tablero, Alberto Núñez Feijóo ya pide desplegar la Armada, mientras Iustitia Europa ha llevado el asunto a la Audiencia Nacional. Al final, la diplomacia del guante blanco parece que tiene el guante roto y el puño muy visible.
Hay una forma de hacer negocios y luego está la 'ingeniería financiera' de Sergi Vélez. El guion es digno de una comedia negra: en diciembre de 2018, mientras el resto del mundo se peleaba por el pavo de Navidad, Vélez decidió que la cala Aigua Xelida en Palafrugell necesitaba un 'lavado de cara'. ¿El método? Liquidar unos 700 pinos sin permiso municipal, jugando al despiste con un silencio administrativo de una semana que él interpretó como una alfombra roja. Un movimiento tan osado que dejó al alcalde Josep Piferrer boquiabierto. Pero aquí entra la magia de los contactos. Mientras las organizaciones SOS Costa Brava y SOS Palafrugell se dejaban la piel presentando tres recursos para salvar el monte, la maquinaria política empezó a girar. El 25 de octubre de 2022, el Pleno Municipal decidió que los pinos eran prescindibles. En un despliegue de generosidad bipartidista y más allá, ERC, Junts, Ciudadanos y el PSC votaron a favor. Sí, el PSC, el partido de Montserrat Mínguez, portavoz del PSOE y miembro de su ejecutiva nacional desde 2021, dio el visto bueno al proyecto de la pareja de su ejecutiva. El resultado fue un 'pelotazo' de manual. Una vez que el Ayuntamiento despejó el camino legal, Vélez vendió la sociedad Brisanatura Costabrava SL. La jugada le dejó una plusvalía de 2,7 millones de euros; básicamente, convirtió un solar ilegal en un cheque millonario sin mover un ladrillo. Ahora, donde antes había bosque, se venden mansiones de 397 m² por unos 2,6 millones de euros cada una, con ascensor y bodega, para que el comprador pueda brindar con un vino caro mientras contempla el Mediterráneo, sabiendo que la naturaleza costó menos que el IVA de su piscina privada.
Hay una gimnasia mental admirable en el mundo de la política: defender el planeta en el Parlamento mientras tu pareja, en la práctica, lo pasa por la trituradora. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, navega en esa paradoja mientras su pareja, el promotor Sergi Vélez, decidió que la Navidad de 2018 era el momento perfecto para hacer una 'limpieza' exprés en la cala de Aigua Xelida, en Tamariu. ¿La limpieza? Unos 700 pinos que pasaron a mejor vida para dejar sitio al hormigón. El señor Vélez, manejando la promotora Aiguacel Costa Brava, aplicó la técnica del 'yo creo que sí': empezó a talar 30 hectáreas de bosque mediterráneo sin tener la licencia municipal en el bolsillo. Para él, el silencio del Ayuntamiento de Palafrugell no era una señal de stop, sino una alfombra roja administrativa. Es la misma lógica que usaría alguien para reformar la cocina del vecino asumiendo que, como no le han dicho que no, la casa ahora es suya. Mientras la plataforma SOS Costa Brava gritaba al cielo el 30 de diciembre de 2018, las máquinas no distinguían entre ecología y beneficio neto. El alcalde de ERC, Josep Piferrer, tuvo que despertar la maquinaria municipal el 2 de enero de 2019 para frenar el desastre, pero el daño ya estaba hecho. Al final, la justicia poética es un chiste: aunque el proyecto bajó de 33 a 15 chalés en 2022, el bosque no volvió. Ahora, esas viviendas se venden bajo el nombre de Sa Xelida por unos 2,6 millones de euros cada una. Un precio prohibitivo para el ciudadano medio, pero una ganga si lo que buscas es dormir sobre los restos de 700 árboles sacrificados en el altar del lujo inmobiliario.
A los 26 años, mientras la mayoría de los mortales estábamos peleándonos con el primer alquiler compartido o sobreviviendo a base de arroz, Begoña Gómez ya estaba firmando escrituras en Pozuelo de Alarcón. El 3 de abril de 1997, apenas diez días después de soplar las velas de su cuarto de siglo, la esposa del presidente se hacía con el 50% de un piso en Somosaguas Park. Una maniobra inmobiliaria ejecutada con la soltura de quien no sabe lo que es mirar el saldo del cajero antes de pasar la tarjeta. La cronología es, cuanto menos, curiosa. Según su currículo, Gómez empezó a trabajar en 1996. Un año de experiencia profesional es, normalmente, tiempo suficiente para comprarse una cafetera decente, no la mitad de una propiedad en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Aquí es donde entra en juego la 'ingeniería familiar'. Su padre, Sabiniano Gómez Serrano, movía los hilos de un imperio de saunas en la capital: Adán, Cristal, Comendadoras y Alameda. Negocios que, según Paco de Narváez, se gestionaban con la modernidad de los sobres con efectivo —concretamente 330 euros— entregados personalmente por Begoña entre 2003 y 2005. Aunque el Registro de la Propiedad menciona hipotecas con el Banco Hipotecario de España (98.565,99 euros en 1996) e Inmobiliaria Ikasa, el origen real del capital para ese primer salto al lujo sigue siendo un misterio envuelto en vapor de sauna. Hoy, ese activo se tasaría entre 420.000 y 500.000 euros. Para alguien que ahora se enfrenta a un jurado popular por tráfico de influencias y malversación, el pasado en Pozuelo no es solo ladrillo; es el primer eslabón de un patrimonio que ya suma seis viviendas y dos plazas de garaje junto a Pedro Sánchez.
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Magdalena Gallego