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Hacer magia con el dinero público es el deporte nacional, pero Pedro Sánchez acaba de elevarlo a categoría de arte. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con el mismo pavor que quien abre un sobre de Hacienda, el Gobierno ha habilitado una línea de financiación de 10.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). ¿Para qué? Para resucitar, con un truco de prestidigitación legislativa, unos decretos que el Congreso acababa de mandar al cementerio el viernes pasado. La jugada es sencilla: como el Pleno derogó las normas, el Ejecutivo ha redactado un texto 'nuevo' —que es básicamente el mismo perro con distinto collar— para colarlo en la Diputación Permanente. El plato fuerte son préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para la primera vivienda. Suena idílico, casi como un regalo de Navidad adelantado, pero es la herramienta perfecta para que el PNV no le cierre la puerta en la cara. A esto le suman otros 400 millones para proveedores de vivienda social, un parche más en un sistema que gotea por todas partes. Entre teleprónter y poses de candidato, Sánchez compareció en la Moncloa para recordarnos que 'ni tira la toalla ni deja tirada a la gente', aunque curiosamente haya disuelto las Cortes sin aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura. Es la paradoja del 'Gobierno de la gente': prometer que no habrá ni un desahucio más mientras se juega el tablero electoral para el 29 de noviembre. Mientras tanto, la norma de los alquileres indefinidos, esa que Sumar quería para quedar bien con el Sindicato de Inquilinas, ha durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio: día y medio de vigencia antes de evaporarse. Una gestión basada en el 'abracadabra' donde los datos duros sirven para maquillar la improvisación.
Heredar el gobierno el 29 de noviembre será como recibir las llaves de un piso que parece un palacio, pero que tiene las tuberías reventadas y una hipoteca que asusta. El agujero de las pensiones en 2025 ha alcanzado los 63.716 millones de euros, un 3,8 % del PIB que, con la inflación haciendo de las suyas, promete engordar en 2026 y 2027. Básicamente, el sistema es un colador: las cotizaciones solo cubren tres de cada cuatro euros. El resto, unos 61.342 millones en 2025, sale de los Presupuestos Generales del Estado, lo que en lenguaje de calle significa que estamos parcheando el barco con chicle mientras el agua nos llega al cuello. Pedro Sánchez presume de una salud extraordinaria del sistema, pero los números no saben de marketing. Mientras él decía que el Fondo de Reserva tenía 5.000 millones al llegar al poder (cuando eran cerca de 8.000), la realidad es que hemos pasado de un patrimonio neto positivo de 54.000 millones en 2011 a un saldo negativo de más de 121.000 millones hoy. La hucha, que en aquel entonces guardaba 66.000 millones, se ha quedado en poco más de 10.000. Es como si hubiéramos vaciado la cuenta de ahorros para pagar el alquiler del mes. La arquitectura de José Luis Escrivá, el actual gobernador del Banco de España, fue el detonante. Al eliminar el factor de sostenibilidad y atar las pensiones al IPC, convirtió el sistema en un globo que se infla con cada crisis energética. Para compensar, inventaron el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que Diego Sánchez de la Cruz, del Instituto Juan de Mariana, define con precisión quirúrgica: un impuesto disfrazado que encarece el trabajo sin dar derechos futuros. El resultado es un gasto público consolidado de 725.006 millones en 2024 y una deuda histórica de 1,763 billones de euros. Un festín de cifras récord que, al final, paga el que cotiza.
Hay que tener una arquitectura mental fascinante para gestionar la realidad. Mientras el Hospital Universitario de Ceuta se convertía en un campo de batalla sanitario, el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares decidió que el momento ideal para hacer generosidad era el 8 de septiembre. ¿El gesto? Inyectar 402.978 euros —el 97,2% del coste total de un proyecto— a la sanidad del norte de Marruecos. Es como intentar arreglar la gotera del vecino con el presupuesto que necesitas para que no se te caiga el techo del salón. El proyecto, bautizado con el lenguaje corporativo de siempre como «Empoderar la salud», se centrará en poner placas solares, oxígeno y formación para comadronas en el Distrito Sanitario de Ouazzane y la casa de maternidad Dar Al Oumouma de Zoumi. Todo gestionado por la cooperativa barcelonesa Azimut 360 SCCL y la ONG ADL-Al Maghrib. Una ingeniería financiera impecable: el dinero sale de Madrid, pasa por Barcelona y termina en Ouazzane, mientras en Ceuta los médicos intentaban sobrevivir al caos. Porque el contraste es, sencillamente, obsceno. Entre el 30 de julio y el 30 de agosto de 2026, las Urgencias de Ceuta vieron cómo el número de pacientes no inscritos en la Seguridad Social pasaba de 315 en 2025 a 5.423. Un incremento del 1.621%. Para que nos entendamos: es como si en tu casa solían venir tres visitas al mes y, de repente, se te instalan cinco mil en el pasillo. El 30 de julio, el hospital registró 384 asistencias en un día donde la media es de 170. El 67% de esos pacientes no estaban en el sistema español. Mientras el Gobierno firmaba cheques para que en Marruecos hubiera luz las 24 horas, en Ceuta la luz se agotaba intentando atender una invasión que el Ministerio de Exteriores parece haber decidido financiar indirectamente.
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de Cirque du Soleil para mirar una huelga general y concluir que el objetivo no es quien lleva las llaves del despacho, sino quien está sentado en el banquillo de la oposición. María Jesús Montero, la estratega del PSOE andaluz, ha decidido que la realidad es opcional. En una rueda de prensa desde Sevilla, ha soltado la perla de que estamos ante una «situación inédita»: una huelga convocada por UGT y CC.OO. que, según ella, no va contra el Gobierno, sino contra la derecha. Es como si te subieran el alquiler un 20% y la inmobiliaria te dijera que el problema es que el vecino de enfrente no votó a su candidato. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cuenta corriente para que no le den el portazo en la cara, Montero prefiere jugar al tenis político. El problema es que Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, no ha comprado el ticket para este espectáculo. Álvarez fue tajante en la Cadena SER: el adelanto electoral no ha sido el motor de la huelga. Traducido al cristiano: el paro se mantenía aunque Pedro Sánchez no hubiera disuelto las Cortes. Es decir, que la factura del enfado llega directamente a Moncloa, donde gobiernan desde junio de 2018, y no a los despachos de la oposición. La paradoja es deliciosa. Montero admite que los trabajadores sufren desahucios y que los hijos de 30 años siguen viviendo en el cuarto de invitados porque alquilar un piso es hoy un deporte de riesgo. Pero, en lugar de mirar el espejo, prefiere señalar el Congreso de los Diputados. Para la exvicepresidenta, la huelga es un «rechazo a la negativa a aprobar» los decretos de vivienda. En resumen: el Gobierno es la víctima que intenta ayudar, y los sindicatos son, sin saberlo, sus mejores aliados contra la derecha. Un giro de guion que ni en Netflix.
Vender que el paro ha caído es muy fácil cuando te permites cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. El Gobierno presume de una reducción de 755.000 parados entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, una cifra que suena a gloria bendita en cualquier rueda de prensa. Pero, como ocurre con las letras pequeñas de los contratos de telefonía, el truco está en lo que no se cuenta. El Instituto Juan de Mariana ha pasado el escáner a los datos del SEPE y el resultado es un baño de realidad: el 78% de esa supuesta victoria es puro maquillaje contable. La jugada maestra consiste en los 'demandantes con relación laboral', principalmente fijos discontinuos. Son personas que, aunque están en casa esperando que alguien les llame para trabajar, técnicamente mantienen un contrato. Es como decir que no tienes hambre porque tienes una reserva de comida en el congelador que solo puedes abrir una vez al año. Este colectivo ha pasado de 301.000 personas a finales de 2019 a 893.000 al cierre de 2025, llegando incluso a los 919.000 en enero de 2026. Básicamente, se han triplicado. Si aplicamos la metodología del 'paro efectivo', que no se deja engañar por los malabarismos administrativos, la caída real del desempleo se desploma de los 755.000 a unos modestos 163.000. Una diferencia de 592.000 personas que han pasado de ser 'parados' a ser 'demandantes invisibles'. No es que no se haya creado empleo —la EPA confirma que llegamos a 22,78 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2026—, es que el Gobierno ha confundido el éxito laboral con una brillante ingeniería estadística. Han pasado la escoba por debajo de la alfombra y ahora nos piden que aplaudamos la limpieza del salón.
España ha logrado entrar en el 'Top 4' del mundo desarrollado con más inflación, un podio que nadie quería y que solo nos precede Turquía, Hungría e Islandia. Mientras el ciudadano medio ve cómo el carrito de la compra se convierte en un artículo de lujo, la OCDE nos sitúa en agosto con un 4,6%, saltando desde el 3,9% de julio. Y si pensabas que ya habíamos tocado techo, el INE adelanta que en septiembre el IPC armonizado ha trepado hasta el 5%. Básicamente, nuestro dinero se derrite más rápido que un helado en agosto. La OCDE ha subido su previsión anual para España al 3,6%, lo que en lenguaje llano significa que el Estado gastará más en intereses de deuda y pensiones, mientras el BCE sigue apretando la tuerca de los tipos de interés, dinamitando las hipotecas de miles de familias. En medio de este incendio, la oposición pide deflactar el IRPF para quienes ganan menos de 40.000 euros anuales. Alberto Núñez Feijóo calcula que esto supondría un alivio de 400 euros al año por familia. Un detalle menor si consideramos que las arcas públicas están hinchadas, superando los 250.000 millones en recaudación gracias a que la inflación hace que paguemos más impuestos sin ganar un euro más. El coste de este alivio sería de 12.000 millones de euros. Una cifra que el Gobierno mira con recelo, pero que curiosamente no le ha importado soltar cuando este martes anunció 10.000 millones para créditos sin interés de hasta 50.000 euros para la primera vivienda. El argumento oficial para no tocar el IRPF es que también beneficiaría a las grandes fortunas en sus primeros 40.000 euros. Una lógica brillante: preferimos que el trabajador medio siga asfixiado antes que permitir que el millonario se ahorre unas migajas.
En la política, como en la vida, hay gente que no sabe cuándo cerrar la persiana. Pedro Sánchez, con la precisión de un relojero suizo y la ética de un vendedor de enciclopedias usadas, decidió que Lorena Suárez era la pieza perfecta para su tablero europeo. No importa que Suárez tuviera el currículum manchado con el 'arte' de recolectar pasaportes de difuntos para que los muertos votaran en las generales de 2023. Para Ferraz, eso no es un escándalo, es optimización de recursos. La jugada fue maestra: colarla en la lista de Teresa Ribera, en el puesto 44. Un número que en cualquier oficina sería irrelevante, pero que aquí sirvió de pase VIP para que Suárez montara un show mediático en Argentina. Mientras el ciudadano medio lucha por pagar la luz, el PSOE diseñó una ingeniería electoral para inflar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El resultado fue un sablazo a la democracia: la participación exterior saltó de 63.617 a 94.793 votantes, un incremento del 49% que ayudó al PSOE a mantener sus 20 escaños a pesar de perder un 3% de apoyos generales. Argentina, que representa el 19% del censo exterior, fue la mina de oro. Santos Cerdán y Sánchez no buscaban un eurodiputado, buscaban un altavoz en Buenos Aires que vendiera la 'nacionalidad europea' como si fueran abonos para el fútbol. La hipocresía alcanzó su cénit cuando, mientras Pilar Cancela intervenía la agrupación argentina para limpiar la imagen tras el audio donde Suárez pedía votar con la 'tía fallecida', la gestora de Ferraz seguía mandando desde Madrid. Una purga selectiva que deja a los militantes locales con la sensación de que, en el PSOE, la lealtad al jefe vale más que el acta de defunción de un ancestro.
Hay quien dice que la inflación nos está matando, pero es que no han visto las tarifas de la 'agencia de viajes' más exclusiva y peligrosa del Estrecho. Mientras el ciudadano medio se lo piensa dos veces para comprarse un móvil nuevo, hay quienes sueltan hasta 8.000 euros por un billete de ida en una lancha desde Ceuta a la Península. Sí, han leído bien. Ocho mil pavos. Un sablazo que haría palidecer a cualquier concesionario de coches de lujo, solo por el privilegio de jugar a la ruleta rusa en alta mar. La Guardia Civil interceptó una de estas 'cruceros' la madrugada del domingo al lunes, partiendo desde las proximidades de Benzú. A bordo, 17 pasajeros: 14 hombres y tres mujeres, incluida una menor de edad. El patrón, un señor con un currículum judicial que ya conoce bien los pasillos del juzgado, se llevó el premio gordo: la detención y 17 cargos imputados, con el agravante de llevar a una niña en el barco. Un negocio redondo, hasta que llega la ley. Lo más delirante es el detalle de las pulseras. Seis de los pasajeros lucían las identificaciones de los campamentos de acogida de Ceuta. Es decir, ya estaban en el sistema, con techo y comida, pero decidieron invertir los ahorros de una vida (o los de alguien más) para saltarse la fila y aterrizar en Andalucía vía marítima. Mientras tanto, la ciudad autónoma sigue lidiando con el rastro de las ocupaciones, como las 200 toneladas de basura que hubo que retirar del Trampolín. El contraste es brutal: por un lado, la gestión del caos urbano y, por otro, una ingeniería financiera clandestina que mueve miles de euros en travesías que huelen a desesperación y a negocio sucio.
Hay quien lucha contra la corriente con pancartas y quien decide montar un sistema de sonido profesional para que el barrio no olvide dónde está el mapa. En pleno centro de Ceuta, un vecino ha decidido que la mejor forma de combatir la incertidumbre es convertir su balcón en una emisora de patriotismo horario. Desde las 9:00 hasta las 14:00, y otra tanda de 17:00 a 21:00, el himno de España retumba en la Plaza de los Reyes como si fuera la alarma de un despertador colectivo. El sujeto no es un improvisado; es un experto en electrónica y telecomunicaciones que mantiene el reloj de la ciudad. Básicamente, ha aplicado la ingeniería municipal a su propia terraza para que la 'españolidad' suene cada sesenta minutos. El detalle es casi poético: ajusta el horario para no solaparse con las campanadas de la iglesia de San Francisco. Es una precisión suiza aplicada a un sentimiento visceral. Pero esto no es solo una cuestión de gusto musical. El vecino usa sus altavoces como un dardo directo a la Delegación del Gobierno, situada convenientemente debajo de su casa. Para él, el anterior delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, cometió el pecado capital de 'dejar de ser caballa' al gestionar la crisis migratoria. Mientras el Estado maneja protocolos y presupuestos, este ciudadano gestiona decibelios y banderas. Y porque el sonido no basta, ya prepara el siguiente 'sablazo' visual: una pantalla gigante de 6x2 metros para la próxima visita del Rey. Quiere mezclar el tiempo meteorológico con la cruda realidad de Ceuta, transformando su fachada en un tabloide digital. En una ciudad donde la paz se siente rota, este vecino ha decidido que, si el silencio es incómodo, lo mejor es subir el volumen hasta que el mensaje sea imposible de ignorar.
Hay algo fascinante en la gimnasia mental de la política actual. Normalmente, una huelga general es el equivalente a tirarle el libro de reclamaciones en la cara al Gobierno. Pero no este año. El 11 de noviembre, CCOO y UGT han decidido que el blanco no es quien firma los decretos, sino quien espera su turno en el banquillo. Una huelga contra la oposición. Es como ir al restaurante, que te traigan la comida fría y decidir protestar gritándole al cliente de la mesa de al lado porque no le gusta el menú. María Jesús Montero, coordinadora de la campaña del PSOE, lo ha soltado sin anestesia: esta vez es contra el PP, Vox y Junts. Un giro de guion digno de Netflix. Mientras el ciudadano medio ve cómo el alquiler se come su sueldo como si fuera un buffet libre, el Gobierno se lava las manos con una elegancia pasmosa. Pedro Sánchez, desde la comodidad de la Moncloa, se limita a decir que respetará el derecho constitucional, mientras la crisis de vivienda sigue siendo el elefante en la habitación que nadie quiere limpiar. La fecha no es casualidad. El paro cae justo dos días antes de que el viernes 13 de noviembre arranque la campaña para las generales del 29 de noviembre. Una jugada maestra de calendario. Pepe Álvarez, de UGT, ya ha confirmado en TVE que se suman al carro junto a CGT, CIG, ELA y el Sindicato de Inquilinas. La última vez que vimos este despliegue fue el 14 de noviembre de 2012, cuando Mariano Rajoy era el villano de la película. Ahora, el guion ha cambiado, pero el sentimiento de precariedad es el mismo. Al final, el trabajador es el peón en un tablero donde los sindicatos y el Gobierno han decidido que, esta vez, el sablazo electoral se le cobre a la oposición antes de empezar a pedir el voto.
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Magdalena Gallego