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De cuatro estudiantes universitarios seleccionados por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos para realizar prácticas, dos renunciaron. El programa, regulado por un convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma de Madrid, no ofrece remuneración. Publicado en el BOE-A-2025-16767 el 12 de agosto de 2025, el acuerdo se firmó el 31 de julio de 2025 y tiene una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de julio de 2029. El convenio permite prácticas curriculares y extracurriculares, así como actividades dentro del programa Erasmus+. La comisión mixta entre el Ministerio y la Universidad supervisará la ejecución y propondrá mejoras. Los estudiantes deben asumir todos los gastos asociados a la estancia. La relación entre España y Marruecos ha mejorado en los últimos años, reflejándose en acuerdos bilaterales que buscan fortalecer la colaboración en distintas áreas.
Julio Martínez Martínez, presunto 'testaferro' de José Luis Rodríguez Zapatero, cambió el objeto social de su empresa Rentas Litoral a Voli Analítica en marzo de 2021, convirtiéndose en bróker aéreo justo después de que el Gobierno aprobara un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. La empresa pasó de la actividad inmobiliaria a la intermediación en el transporte aéreo sin apenas estructura ni empleados. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigó y arrestó a Martínez Martínez, junto con el presidente y CEO de Plus Ultra, por delitos de fraude fiscal, pertenencia a organización criminal y apropiación indebida. Los investigadores sospechan que Rodríguez Zapatero cobró una comisión por ayudar en el rescate y que Martínez Martínez actuó como testaferro. La UDEF encontró que parte del rescate se destinó a devolver préstamos a sociedades extranjeras vinculadas a una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Martínez Martínez activó al menos ocho sociedades mercantiles después del rescate, incluyendo Voli Analítica, Rentas Emeritenses y Zenzap, que declararon cifras sospechosas en sus cuentas. La empresa Zenzap tenía 350.000 euros en su tesorería en 2021 pero declaró cero euros de ganancia.
Un estudio publicado en Nature Communications revela que los genes de los compañeros de piso influyen en el microbioma intestinal. Investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona analizaron más de 4.000 ratas y descubrieron que la composición del microbioma intestinal no solo depende de los genes del individuo, sino también de los genes de aquellos con quienes convive. El estudio identificó tres regiones genéticas que influyen en las bacterias intestinales: el gen St6galnac1 se asoció con la abundancia de Paraprevotella, genes de mucina con bacterias Firmicutes, y el gen Pip con bacterias Muribaculaceae. El estudio sugiere que los efectos genéticos pueden propagarse socialmente mediante el intercambio microbiano, lo que podría tener implicaciones para la salud humana. La doctora Amelie Baud, autora principal del estudio, señala que probablemente solo se ha descubierto la punta del iceberg y que estos hallazgos podrían ayudar a entender mejor cómo interactúan los genes y el microbioma intestinal en la salud humana.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó en el primer trimestre de este año la solicitud de Plus Ultra para aplazar y fraccionar el pago de los intereses del préstamo de rescate de 53 millones de euros concedido durante la pandemia. La aerolínea no ha devuelto ni un solo euro hasta la fecha. El préstamo se compone de un préstamo participativo de 34 millones de euros a siete años y un préstamo ordinario de 19 millones de euros a cinco años. El interés del préstamo participativo es variable y se calcula en función de un componente fijo y otro variable ligado a la actividad de la empresa. Plus Ultra solo ha pagado los intereses del préstamo, unos ocho millones de euros al cerrar 2025. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga a la aerolínea por presunto uso indebido del dinero recibido y duda que pueda devolver el rescate. La SEPI tenía un representante en el consejo de administración de Plus Ultra, pero no parece haber influido en las decisiones de la empresa. El patrimonio de Plus Ultra ha empeorado progresivamente desde 2021, pasando de -24 millones a -40,5 millones en 2024. La tesorería actual de la aerolínea es de solo 26 millones, la mitad de lo necesario para devolver el préstamo.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) revela que el 40% de sus resoluciones estimatorias dictadas contra el Gobierno en el primer semestre de 2025 no constan como cumplidas. De 54 resoluciones sin cumplimiento acreditado, 34 se concentran en cinco ministerios. El CTBG carece de potestad sancionadora y mecanismos de ejecución forzosa, limitándose a requerir explicaciones y dejar constancia del incumplimiento. La Comisión Europea evalúa periódicamente la calidad institucional de España en materia de transparencia. El seguimiento del CTBG muestra que obtener una resolución favorable no garantiza la entrega efectiva de información. El problema radica en el diseño institucional del sistema de transparencia, que deja el cumplimiento en manos de la propia administración afectada. El CTBG analiza 54 resoluciones estimatorias sin cumplimiento acreditado entre enero y junio de 2025, actualizadas al 30 de septiembre. Los ministerios con mayor incumplimiento son Presidencia del Gobierno, Transición Ecológica, Interior, Hacienda y Seguridad Social. El CTBG no evalúa la calidad de la información entregada, solo si se ha acreditado el cumplimiento formal. La vía judicial queda como único recurso para forzar el cumplimiento cuando la administración incumple. El informe refleja debilidades estructurales en los mecanismos de control y supervisión en España, señaladas por la Comisión Europea en sus informes Rule of Law Report.
Carmelo Aznárez, administrador de Conaudire, audita las cuentas de Cives Mundi, ONG ligada a Begoña Gómez. Conaudire también audita a Sumelzo SA, constructora relacionada con la secretaria de Estado Susana Sumelzo. La trama SEPI, por la que han sido detenidas varias personas, canalizó 750.000 euros a través de Mediaciones Martínez, administrada por Aznárez. Cives Mundi recibió 732.697 euros en 2023, con 465.454 euros en subvenciones. La ONG también organiza Presura, feria para la repoblación rural, donde Begoña Gómez participó en 2023. Pedro Sánchez ha colaborado con Cives Mundi, inaugurando Presura 2020. La ONG recibió 854.944 euros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en la última convocatoria, casi triplicando la cantidad de ejercicios anteriores. También obtuvo 72.000 euros de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación y otras subvenciones de entidades públicas. En 2023, Cives Mundi recibió una subvención de 43.000 euros del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, declaró 350.868 euros en Zenzap en 2021, año del rescate de Plus Ultra. La Policía sospecha que Martínez actúa como testaferro de Zapatero, quien supuestamente medió para el rescate de 53 millones de euros. Zenzap, con sede en Alicante, no tuvo actividad principal en 2021 pero sí 1.718 euros por operaciones financieras. Martínez se convirtió en administrador único de Zenzap en mayo de 2021. La UDEF detectó transferencias de Plus Ultra a Martínez que podrían encubrir comisiones por gestiones de Zapatero. Zapatero se reunió con José Luis Ábalos para garantizar el sello de empresa viable para Plus Ultra. Martínez creó 16 compañías desde 2011, muchas sin actividad. Zenzap gestiona activos por 3,2 millones de euros y tiene un patrimonio negativo. Otras sociedades de Martínez están ligadas al sector inmobiliario y la consultoría. La investigación continúa para determinar si hubo irregularidades en el rescate.
La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto expediente sancionador al presidente Pedro Sánchez por realizar partidismo en rueda de prensa desde Moncloa el 15 de diciembre. La JEC considera que Sánchez difundió mensajes políticos partidistas, incumpliendo principios de objetividad y neutralidad exigidos durante el periodo electoral para las elecciones en Extremadura. La decisión fue adoptada por unanimidad tras denuncia del PP. La JEC ya había multado a Sánchez con 2.200 euros en julio por infracción similar el 30 de junio de 2023. El organismo solicita la retirada de contenidos relacionados de las webs oficiales de Moncloa. Sánchez puede recurrir ante el Tribunal Supremo en un plazo de dos meses. La resolución de la JEC es firme en vía administrativa pero recurrible en lo contencioso-administrativo.
Víctor de Aldama declaró en el programa Horizonte de Cuatro que el rescate de Plus Ultra fue orden directa de Pedro Sánchez. Aldama afirmó que José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes para pedir el rescate. Ábalos se negó inicialmente, pero tras hablar con Sánchez, recibió la orden de rescatar Plus Ultra. María Jesús Montero intervino posteriormente, asegurando que se 'encargaría de la SEPI'. La operación de rescate ha generado controversia y está siendo investigada por la UDEF, con detenciones de la cúpula de Plus Ultra y presiones sobre Zapatero. El rescate se gestó en una serie de conversaciones entre Ábalos, Sánchez y Montero. La versión de Aldama sugiere una implicación directa de Sánchez en el rescate.
El Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó 6 millones de euros en contratos y subvenciones a Tecnivial S.A., empresa familiar de Leticia Lauffer, amiga cercana de Begoña Gómez, desde 2024. Tecnivial S.A., creada en 1973 y con sede en Guadalajara, recibió 4.972.984 euros de ADIF y 964.680 euros en subvenciones de Ministerios. La empresa facturó 6,9 millones en 2025, con el 80% procedente del Estado. Entre 2019 y 2023, obtuvo 7,2 millones en contratos públicos y más de 200.000 euros en subvenciones. El resultado neto de la empresa pasó de 159.178 euros en 2021 a 806.173 euros en 2023, un incremento del 400%. La tesorería aumentó un 1423% entre 2019 y 2023, y la deuda a largo plazo se redujo un 58,18% entre 2021 y 2023.
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Rocío Delgado