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La Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en el patio de recreo de la utopía, pero esta vez el menú no es la 'transversalidad' del 15-M, sino una lucha de egos ideológicos. Todo empezó el 26 de septiembre con un motivo humano y desgarrador: el desahucio de Maricarmen Abascal, una señora de 87 años que terminó siendo la chispa para que el Sindicato de Inquilinas plantara sus tiendas. Pero, como ocurre en cualquier barrio donde alguien deja una puerta abierta, llegaron los que saben organizar el caos. La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), esa rama madrileña del Movimiento Socialista que se siente heredera de Marx y Lenin, ha hecho un 'golpe de estado' en versión camping. Mientras el Sindicato de Inquilinas se dedicaba a dar entrevistas y a lucir sus camisetas naranjas —estilo gestión corporativa de la protesta—, la CJS aplicaba la ley de la calle: organización, músculo joven y pancartas de diez metros que mandan al PSOE y a Sumar a paseo. Es la diferencia entre quien pide permiso para protestar y quien monta un checkpoint para decidir quién entra y quién no en el 'fortín'. Lo irónico es que los medios seguían vendiendo la narrativa de la 'unión ciudadana' mientras la CJS ya había vallado el perímetro, prohibiendo fotos y filtrando la prensa como si estuvieran en una zona militar. Han pasado de luchar por el techo de una anciana a convertir Sol en un laboratorio de iconografía republicana y banderas de Palestina. El Sindicato de Inquilinas, que ya sugería levantar el campamento el pasado viernes, se ha quedado como el invitado que puso la casa pero terminó durmiendo en el sofá. Ahora, con la CJS al mando y buscando el choque directo contra la derecha radical, la acampada ya no es una petición de vivienda; es una declaración de guerra ideológica con tiendas de campaña.
La geopolítica de la desesperación funciona como un GPS averiado: si cierras una calle, el tráfico busca el callejón más oscuro. Tras el 'cerrojo' impuesto en Ceuta después de la avalancha de los 30 y 31 de julio, el flujo migratorio ha decidido que el Atlántico es un mal menor. En septiembre, las llegadas a Canarias se han triplicado respecto al año pasado, pasando de 737 a 2.100 personas. Es la ley del vaso comunicante aplicada a la tragedia humana. El Ministerio del Interior juega al Tetris con las cifras. Nos dicen que entre enero y septiembre llegaron 7.133 personas a Canarias, un 44,5% menos que en 2025. Pero ojo al truco: si comparamos el verano, el incremento es del 196%. En el estío de 2025 llegaron 1.557 personas; en 2026, la cifra subió a 3.425. Mientras tanto, Lanzarote y El Hierro se llevan el grueso del sablazo, concentrando 5.600 llegadas (el 80% del total), con El Hierro como puerto preferido para 3.515 náufragos. La hipocresía alcanza niveles olímpicos en Ceuta. Fernando Grande-Marlaska ha decidido que la avalancha de entre 80.000 y 90.000 personas de julio no cuenta en las estadísticas oficiales porque ya pasaron por 'triaje'. Es como si en tu cuenta bancaria desaparecieran 90.000 euros y el banco te dijera que no cuentan porque 'ya han sido procesados'. Mientras el Gobierno dice que solo quedan 3.500 inmigrantes, los sindicatos policiales, que son los que pisan el barro, estiman que hay 15.000 refugiados en campamentos y 'pisos patera'. En Ceuta, el negocio es redondo. Hay locales alquilando garajes y descansillos por más de 1.000 euros al mes, una tarifa de lujo para vivir en condiciones infrahumanas. Y para los que quieren saltar a la Península, las mafias cobran entre 3.000 y 4.000 euros por un viaje en neumática o, para los más aventureros, en kayak. Un mercado negro donde el riesgo es para el cliente y el beneficio para el dealer.
En una España donde la política se ha convertido en una pelea de bar con el volumen al máximo, lo normal es que si el rival respira, tú aguantes la respiración. Pero el pasado sábado, en la isla de La Toja, ocurrió un fenómeno paranormal: Cristina Narbona y José Borrell no huyeron por la puerta de servicio mientras Alberto Núñez Feijóo tomaba el micro. Al contrario, se plantaron en primera fila, como quien espera el resultado de la lotería, para escuchar al líder del PP diseccionar el desastre nacional. Feijóo, con la elegancia de quien sabe que el otro lado está escuchando, ignoró el manual de 'recetas para salvar el mundo' que Pedro Sánchez había desplegado el jueves previo. Mientras el presidente del Gobierno se ponía la capa de salvador del clima y la IA —como si el estado del patio nacional fuera un detalle menor que se soluciona con un mensaje de WhatsApp—, Feijóo decidió que era hora de limpiar la casa. Soltó que España carece de la 'mínima higiene democrática' y denunció la apropiación de las instituciones, un sablazo conceptual que en cualquier otro contexto habría provocado un éxodo masivo de socialistas. Sin embargo, el milagro fue total. Narbona y Borrell no solo aguantaron el tirón, sino que aplaudieron. Sí, aplaudieron que les dijeran que su Gobierno es un caos. Para rematar la jugada, terminaron compartiendo mesa en el Gran Hotel de La Toja, propiedad de Amancio López Seijas, donde los postres supieron a tregua y las palabras fueron cariñosas. El contraste es brutal: mientras Sánchez le soltó una puñalada barriobajera en público a Alfonso Rueda por un simple agradecimiento sobre inversiones en Galicia, Narbona y Borrell demostraron que todavía quedan algunos políticos que saben comportarse sin necesidad de un manual de instrucciones. Una anomalía refrescante en un ecosistema donde la cortesía es ahora un deporte de riesgo.
Hay una danza muy curiosa en el Ayuntamiento de Granada. Por un lado, tenemos el discurso oficial, ese que huele a incienso social y que abraza a las víctimas del desahucio con una ternura casi cinematográfica. Por otro, tenemos la declaración de bienes del 17 de junio de 2023 de Raquel Ruz, la portavoz socialista y aspirante a alcaldesa para 2027, que parece escrita por un agente inmobiliario con delirios de grandeza. Mientras Ruz visita a Paloma Navarro en la calle Imprenta para lamentar que los 'grandes tenedores' devoren los barrios, la propia candidata gestiona un catálogo que haría palidecer a cualquier gestoría de barrio. Hablamos de 18 inmuebles, una mezcla de viviendas y locales comerciales cuyo valor catastral supera el millón de euros. No es que tenga una casita para el verano; es que participa en tres comunidades de bienes diseñadas específicamente para el negocio del alquiler: Boteros CB (con 13 inmuebles en Granada desde 2004), Prayca CB y Carpe CB, esta última con una propiedad en Padul. La ingeniería financiera es exquisita. Sus participaciones bailan entre el 8%, 11%, 22% y 33%, una diversificación que permite dormir tranquila mientras se critica la gentrificación en el diario El Ideal. Es la paradoja del 'socialismo de catálogo': predicar el alquiler público y la rehabilitación mientras se acumulan activos que dinamitan los precios del mercado. Ruz pide 'ser valientes' para fomentar la vivienda pública, pero parece que la única valentía real aquí es sostener el espejo frente al discurso de Pedro Sánchez y sus socios. Al final, el problema no es la vivienda turística ni el PGOM, sino esa capacidad casi mágica de combatir a los grandes tenedores siendo, en la práctica, uno de ellos.
Hay quien dice que el patrimonio histórico es sagrado, pero para José Bono parece ser más bien una sugerencia flexible. El exministro ha convertido la antigua casa-taller del pintor Josep Tapiró en Tánger en un proyecto de ingeniería inmobiliaria que haría palidecer a cualquier promotor de la costa. No se limitó a comprar la propiedad en 2021; decidió que el cielo era el límite y le plantó una planta adicional en 2023, justo en el corazón de la medina, donde las restricciones urbanísticas suelen ser muros infranqueables para el ciudadano de a pie. Mientras el resto de los mortales peleamos con el ayuntamiento por cambiar una persiana, Bono se deslizó con la elegancia de quien conoce los pasillos del poder. Para lograr este 'palacete', no escatimó en gastos: madera de cedro, azulejos zellige y un ascensor turco que probablemente sube más rápido que las promesas electorales. El sablazo en la factura se estima entre 1,2 y 1,5 millones de euros. Pero el verdadero truco de magia fue la expansión horizontal: absorbió cuatro inmuebles colindantes, incluida la antigua Pensión Sevilla, disparando la superficie de 700 a más de 1.800 metros cuadrados. Todo este despliegue ocurrió bajo la mirada complaciente de Mounir Lymouri, el alcalde de Tánger que ahora decora una celda tras ser detenido por un 'pucherazo electoral' el pasado 23 de septiembre. Resulta casi poético que el hombre que presuntamente manipulaba papeletas en maletas fuera el mismo que daba el visto bueno para perforar la muralla histórica y conectar una futura red hotelera con el paseo marítimo. Como guinda al pastel, Bono disfrutó de un mes de 'estancia gratuita' en la residencia de la cónsul Aurora Díaz-Rato, con coche oficial incluido. Una gestión impecable: casa protegida, alcalde flexible y alojamiento público. Así se hace el imperio en el Magreb.
Gestionar una frontera parece, hoy en día, similar a organizar un reparto de pizzas: algunos reciben lo que pidieron y otros se quedan con la caja vacía. Tras la avalancha del 30 de julio, donde casi 80.000 personas decidieron que Ceuta era el lugar ideal para aterrizar, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido jugar al Tetris demográfico. El resultado: 213 menores extranjeros no acompañados han sido repartidos por la Península, como quien distribuye folletos en un semáforo. Ángel Víctor Torres, el mando único de esta coreografía migratoria y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, presume de expedientes y protocolos. La aritmética es sencilla pero cínica. De esos 213, 69 menores han hecho el 'truco de la familia': alegar parientes en la Península para evitar el viaje de vuelta. El resto, 144 chavales, han sido trasladados bajo el amparo del artículo 5 del decreto de medidas de contingencia migratoria, una pieza legal que funciona como un pase VIP para saltarse la cola de la repatriación. Lo más desternillante ocurre con los ocho expedientes enviados para reagrupación en Marruecos. El Gobierno los lanza al aire sabiendo que no aterrizarán en ningún sitio; admiten internamente que el éxito de estas vueltas sería, literalmente, una noticia. Es la ingeniería del optimismo: enviar papeles sabiendo que el Reino Alauí probablemente pase de ellos. Además, han aplicado un 'triaje' por edad. A los más pequeños intentan devolverlos, pero a los de 16 o 17 años ya los dan por perdidos en el sistema. Es la lotería de la edad: si eres adolescente, tienes más papeletas para quedarte en España que para volver a casa, mientras el Ejecutivo sigue jugando a que todo está bajo control.
Hacerse con la nacionalidad española parece haberse convertido en un trámite más sencillo que renovar el carnet de conducir. La 'Ley de Nietos', que técnicamente caducó en octubre del año pasado, ha dejado una puerta abierta que parece más un portal del tiempo. El truco está en el Código Civil: mientras la ley tenía fecha de consumo, el artículo 20.1.a) permite que cualquier menor bajo patria potestad de un español recupere el pasaporte. Es el efecto dominó perfecto; una cadena de nacionalidades que no termina nunca y que convierte el censo electoral en un globo que no para de inflarse. La ingeniería financiera de votos tiene nombre y apellidos: Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente. El 22 de mayo de 2023, Puente envió un oficio a los cónsules que básicamente decía: 'Si no pueden por la ley, tiren del Código Civil'. Pero ahí no acaba el ingenio. La instrucción permitió presumir el exilio de quienes se fueron entre 1936 y 1955 sin pedir pruebas, y lo que es más surrealista, abrió el grifo a descendientes de emigrantes del siglo XIX. Gente que no tiene ninguna relación con la 'reparación' de la Guerra Civil, pero que encaja en el dibujo para engordar el CERA. Las cifras son un sablazo a la lógica: hasta el 31 de agosto, 600.684 personas obtuvieron la nacionalidad, de las cuales 369.017 ya pueden votar. El Tribunal Supremo, que no es tonto, ha puesto el freno de mano y ha exigido revisar 170.000 expedientes. Mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, el Gobierno parece haber intentado diseñar un ejército de votantes remotos que nunca han pisado un pueblo español, pero que conocen muy bien el camino hacia las urnas por correo.
Hay que tener una gestión del tiempo envidiable para dejar que alguien se instale en tu jardín durante dos meses y solo decidir que es hora de limpiar cuando la playa parece un mercadillo abandonado. Así es la coreografía del domingo en la playa del Trampolín, en Ceuta. Mientras el ciudadano medio se pelea con el despertador, la Policía Nacional decidió que ya era suficiente de 'hospitalidad' improvisada y desplegó un operativo que parecía el rodaje de una película de acción de bajo presupuesto. No escatimaron en recursos, porque para limpiar el desorden de dos meses de asentamiento ilegal hace falta más que una escoba. Hablamos de más de 50 furgones de la UIP, dos vehículos blindados BMR y una decena de pesados del Ejército de Tierra. Es el típico caso de 'llegar tarde pero llegar con todo el ruido'. El despliegue empezó a las siete de la mañana, con los servicios de limpieza esperando en la puerta como quien espera que termine una fiesta que se ha ido de las manos. Lo irónico es que este despliegue militar para recuperar un trozo de arena llega después de que el asentamiento ya hubiera echado raíces. El mensaje de la calle es claro y cortante: "Ceuta no es un CETI". Los vecinos, que han salido a la calle por segunda vez en tres días, no entienden por qué hace falta un ejército para hacer lo que debería haber sido un trámite administrativo el primer día. Tras el 'sablazo' logístico en Playa Benítez, el Trampolín ha sido el siguiente en la lista de tareas pendientes. Al final, el operativo de las 8:00 horas no es más que el cierre de una persiana que debió bajarse hace ocho semanas, dejando claro que en la gestión de fronteras, la improvisación sale muy cara en combustible y blindados.
Hay promesas que envejecen como el buen vino y otras que, como la ley de vivienda de Pedro Sánchez, se convierten en vinagre en la despensa del Estado. El 12 de septiembre de 2018, el presidente salió al Congreso con el pecho inflado, prometiendo una norma que blindaría la vivienda social y mandaría a paseo a los fondos buitre. En aquel entonces, el discurso era puro fuego: hablaba de garantizar la igualdad y de frenar la venta de casas públicas como quien promete limpiar la cocina el sábado y acaba el domingo viendo series. Sánchez puso el dedo en la llaga con la Comunidad de Madrid, denunciando que el PP y Ciudadanos habían regalado el parque público a los fondos de inversión. Las cifras eran un sablazo: 5.000 viviendas públicas que desaparecieron en el agujero contable de la especulación, repartidas entre 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y 2.935 del IVIMA. Prometió que la Abogacía General del Estado se personaría en el proceso penal y que no le temblaría la mano. Al final, la mano no tembló, pero parece que se quedó dormida durante ocho años. Llegamos a 2026 y la realidad es un jarro de agua fría. Mientras el caso de Maricarmen pone los pelos de punta a la opinión pública, el Gobierno intenta rescatar el mueble con dos decretos que el Congreso ha dinamitado este viernes. El 'decreto ómnibus' ha muerto por los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y la prórroga de alquileres ha sido fulminada sumando el rechazo del PNV y Coalición Canaria. Al final, lo que empezó como una cruzada contra los fondos buitre ha terminado siendo un ejercicio de equilibrismo político que huele, sospechosamente, a adelanto electoral.
Hay quien reflexiona en silencio y quien necesita que le lean el futuro en una hoja de cálculo. Pedro Sánchez está en ese limbo existencial donde no sabe si aguantar el tipo hasta 2027 o tirar la toalla y convocar elecciones el 29 de noviembre. Para ayudarle a decidir, Félix Tezanos ha despertado al CIS, que se ha puesto a hacer llamadas como quien hace inventario en una tienda que se va a la quiebra. El truco es brillante: entran por la puerta trasera hablando de la vivienda y el drama de Maricarmen, pero una vez que el ciudadano tiene el teléfono en la oreja, le sueltan un interrogatorio de más de 60 preguntas. Es como si te llamaran para preguntar si te gusta el pan y acabaran preguntándote dónde guardas las llaves de casa. Mientras el país intenta cuadrar la cuenta del supermercado, el CIS mide con una escala del 0 al 10 si irías a votar, a quién elegirías y quién es el 'menos malo' de la lista. Todo esto ocurre mientras Óscar Puente suelta viñetas que sugieren que el presidente está más noqueado que un boxeador en el decimosegundo asalto. La hipocresía es el plato del día: el Gobierno finge analizar decretos de vivienda —esos que el PP, Vox y Junts ya han mandado a la papelera— mientras en realidad están haciendo un estudio de mercado para ver si el producto 'Sánchez' sigue vendiendo o si es hora de liquidar el stock. Entre un Podemos que calienta la calle con el apoyo de los Antifascistas y un Sumar que ya no ve sentido a seguir jugando a las casitas si no pueden legislar, el presidente busca en los datos la excusa perfecta para su próximo movimiento.
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Mario Herrera