Crítica:
El título induce a confusión sobre el traslado de la base a Marruecos, pero el contenido revela que EEUU está invirtiendo en mejoras en Rota. La información sobre los proyectos es clara, pero falta contexto sobre el impacto en la región.
EEUU impulsa una batería de mejoras en la base de Rota y disipa las dudas sobre su traslado a Marruecos
EEUU invierte en base Rota
Otros artículos
Ábalos usó 800.000 euros del PSOE
El exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, presentó gastos por 800.000 euros ante el partido, según fuentes de Ferraz y de la investigación judicial. Estos gastos, que se remontan a 30 meses, ascienden a cerca de 27.000 euros mensuales, triplicando los 9.000 euros al mes informados en 2021. Fuentes judiciales sugieren que estas cantidades podrían provenir de comisiones ilegales abonadas por empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, que Ábalos transformaba en fondos legales presentándolos como gastos de comidas y desplazamientos. El gerente del PSOE, Mariano Moreno, y Ábalos acordaron que este podría 'complementar su salario' con una especie de sobresueldo, permitiendo a la gerencia presentar gastos imputables al secretario de Organización. El encargado de autorizar estos gastos era Moreno, afín a la entonces vicesecretaria general Adriana Lastra. La persona que presentaba estos gastos en nombre de Ábalos era Koldo García. La investigación judicial y grabaciones reveladas por la UCO de la Guardia Civil sugieren que Ábalos y otros, incluido Santos Cerdán, participaron en un presunto entramado criminal para cobrar comisiones por amañar contratos de obra pública. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tiene 'indicios suficientes' de financiación ilegal del PSOE. La operativa describía una presunta financiación ilegal del partido, con fondos opacos transformados en capital legal mediante la presentación de gastos ficticios o inflados ante la sede socialista de Ferraz.
Gobierno ignora plan antisemitismo
El Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido su propio plan nacional contra el antisemitismo, aprobado en enero de 2023, al instar a la exclusión de Israel de competiciones deportivas internacionales y de Eurovisión. El plan, en vigor hasta 2030, busca prevenir y luchar contra el antisemitismo, pero el Ejecutivo ha mostrado 'admiración' por protestas a favor de Palestina que han derivado en conductas de violencia y antisemitismo. El presidente Sánchez ha reclamado que Israel no participe en competiciones deportivas internacionales, mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha abogado por excluir a Israel de eventos culturales. El Centro Sefarad-Israel, coordinador del plan, tiene como misión impulsar vínculos entre la sociedad española y la israelí, pero el Gobierno promueve la exclusión. La asociación Movimiento contra la Intolerancia ha denunciado la falta de condena pública por parte del Gobierno ante incidentes de odio antisemita, como la discriminación contra el equipo ciclista Israel Premier Tech en la Vuelta a España.
Pulseras defectuosas para agresores sexuales
El Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, promovió el uso de pulseras defectuosas para víctimas de violadores y agresores sexuales beneficiados por la ley del Sólo sí es sí. Estas pulseras fueron contratadas para que las víctimas de violencia sexual también las utilizaran, además de las víctimas de violencia de género. Los condenados que salían de prisión pasaban a 'libertad vigilada' y debían estar localizables con estos dispositivos. La ley del Sólo sí es sí, con rebajas de penas y excarcelaciones, provocó que más de 1.000 agresores sexuales se vieran beneficiados y más de 120 fueran excarcelados. El cambio de proveedor de las pulseras, realizado por el Ministerio de Igualdad en marzo de 2024, provocó fallos de funcionamiento en los dispositivos. La Fiscalía señaló que estos fallos tuvieron 'consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el JVM como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios'. El Gobierno sigue sin ofrecer datos exactos sobre las mujeres afectadas por estos fallos.
CGPJ confirma fallos pulseras antimaltrato
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido al Gobierno de España sobre la polémica de las pulseras antimaltrato, desmintiendo afirmaciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El CGPJ comunicó 'puntualmente' los fallos de las pulseras desde enero. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, remitió una carta a la delegada Carmen Martínez Perza para clarificar el papel de los órganos judiciales. El Observatorio trasladó 4 informes al Gobierno sobre fallos de las pulseras. Los informes detallaban incidencias detectadas por los juzgados, trasladadas a organismos competentes. La ministra Ana Redondo había defendido que las pulseras 'no han fallado' y acusó a la expresidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, de 'mentir claramente'. El sistema protege a más de 4.500 mujeres. La oposición ha denunciado fallos sistemáticos que han puesto en riesgo la seguridad de las víctimas. El Ministerio de Igualdad anunció una nueva licitación del contrato con 'un pliego con muchas mejoras técnicas'.
Fiscal pide absolución García Ortiz
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, solicita la absolución de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía sostiene que García Ortiz no tuvo 'ninguna intervención' en la filtración de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto. Se solicita la testifical de 19 personas, incluyendo a González Amador, su abogado Carlos Negreira, Miguel Ángel Rodríguez y la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra. El juez instructor, Ángel Hurtado, sostiene que García Ortiz dirigió la elaboración de una nota de prensa que desmentía un bulo sobre un pacto ofrecido a González Amador. El correo filtrado contenía información sensible de González Amador y fue enviado a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera. García Ortiz podría sentarse en el banquillo en noviembre, acusado de un delito de revelación de secretos.
Australia redujo llegadas irregulares en 2.400 casos
Australia implementó la Operation Sovereign Borders (OSB) en septiembre de 2013, bajo el liderazgo de Tony Abbott, para controlar la inmigración irregular por vía marítima. La estrategia incluía interceptar y devolver barcos en alta mar, reconducirlos a países de origen o tránsito, y procesar solicitudes de asilo fuera del territorio nacional en centros de detención en Nauru y Papúa Nueva Guinea. El gobierno lanzó campañas publicitarias disuasorias como 'No way: you will not make Australia home'. Los resultados fueron inmediatos: en noviembre de 2012 se registraron más de 2.600 llegadas irregulares, pero en 2013 la cifra se redujo a poco más de 200. En junio de 2014, Australia anunció seis meses sin llegadas de barcos. Entre 2013 y 2016, unas 25 embarcaciones con alrededor de 700 personas fueron interceptadas y devueltas. A pesar de críticas por violaciones de derechos humanos y condiciones inhumanas en los centros de detención, el modelo australiano ha sido citado como ejemplo de firmeza en políticas contra la inmigración irregular.
El Estado retiene 2,5 millones euros
La Comunidad de Madrid denuncia que el Estado retiene más de 2,5 millones de euros en subvenciones como castigo por reclamar una deuda de 33 millones de euros contraída con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) por la atención sanitaria a internos de centros penitenciarios. La deuda deriva de una sentencia del Tribunal Supremo de 2019. El Gobierno regional había enviado varios requerimientos sin contestación y decidió tomar acciones, recuperando 13,5 millones de euros mediante el embargo de reintegros de subvenciones. El Gobierno de Sánchez está bloqueando ahora el abono de subvenciones a la Comunidad de Madrid porque la Intervención General del Estado no ha 'borrado' como deuda regional las dos subvenciones embargadas. La consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha remitido una carta al interventor general del Estado solicitando que actualice el certificado para desbloquear la situación.
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