Crítica:
El artículo cumple con las expectativas del título al mostrar la crisis interna del PSOE. La crítica es mordaz al describir la situación como un 'vía crucis' y un 'aire de fin de ciclo'.
El artículo cumple con las expectativas del título al mostrar la crisis interna del PSOE. La crítica es mordaz al describir la situación como un 'vía crucis' y un 'aire de fin de ciclo'.
El juez Juan Carlos Peinado ha comunicado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que será juzgada por malversación de caudales públicos ante un jurado popular. Junto a ella, también serán juzgados su asistente, Cristina Álvarez, y el Delegado del Gobierno en Madrid. El juez ha citado a los tres para el próximo sábado en su juzgado para informarles de los detalles. La investigación se inició hace más de un año y medio tras una denuncia de Manos Limpias. Una de las líneas de investigación se centra en si Álvarez trabajó para Gómez enviando correos en su nombre relacionados con una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. El juez justifica este paso tras recibir correos electrónicos entre Álvarez y el vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, lo que considera que cumple con el requisito de verosimilitud de los hechos. Begoña Gómez había explicado que su asistente le hizo un 'favor' al enviar algunos correos, pero no asumió funciones en el Palacio de La Moncloa.
La fiscal Carmen García Cerdá protagonizó un escándalo en la Audiencia Nacional durante el juicio sobre la trama Púnica. Desobedeció las directrices de su jefe, Alejandro Luzón, y acusó por un delito de malversación siguiendo el criterio del PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). García Cerdá discutió con su compañera, María Teresa Gálvez, durante la exposición de conclusiones sobre el amaño de contratos públicos a favor de Cofely, vinculada al empresario David Marjaliza. La Fiscalía Anticorrupción había decidido retirar la acusación por malversación, pero García Cerdá no se resignó. Previamente, García Cerdá había sido multada con 1.000 euros por desobedecer órdenes de Luzón en el caso Montoro. El Tribunal Supremo confirmó la sanción en julio. García Cerdá había solicitado diligencias en el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, pero fue denegada. La junta de fiscales de Anticorrupción respaldó el criterio de Luzón y Romeral con 18 votos contra 5.
La ministra de Educación y portavoz del gobierno, Pilar Alegría, cometió un nuevo error lingüístico durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El incidente ocurrió mientras respondía a preguntas sobre el hermano del presidente y los presupuestos. Alegría afirmó: 'Ya me perdonarán que a veces me repita más que la mojama'. Sin embargo, la expresión correcta es 'repetirse más que el ajo' o 'más seco que la mojama', lo que generó risas nerviosas. Este error se suma a una serie de lapsus anteriores de la ministra, como 'producieron' en una rueda de prensa del PSOE y 'insultos y soeces' en otra ocasión. Alegría también ha demostrado desconocimiento de porcentajes y ha confundido expresiones como 'contundencia cero' por 'tolerancia cero'.
El Gobierno ha sufrido una nueva derrota parlamentaria al no lograr aprobar la proposición de ley para el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña, con 173 votos a favor y 177 votos en contra. El objetivo de Junts es presionar al presidente del Gobierno para garantizar el cumplimiento íntegro del acuerdo de investidura. El Ejecutivo busca materializar la cesión competencial hacia el autogobierno catalán, considerando la vía del real decreto como una estrategia para ganar tiempo. Podemos ha sido el principal obstáculo, denunciando el sesgo 'racista' del texto. La líder de Junts, Miriam Nogueras, defendió el traspaso para 'aumentar el autogobierno' y 'controlar el desbordamiento', criticando a Podemos como 'anticatalana y centralista'.
El 17 de septiembre, un helicóptero militar estadounidense Sikorsky MH-60R Seahawk, identificado como STNL33, despegó del destructor USS Roosevelt (DDG-80) desde la base naval de Rota, España, y sobrevoló el Mediterráneo occidental durante más de tres horas a baja altura y velocidad lenta. El aparato realizó un recorrido ovalado frente a la costa española y argelina, a unos 150 kilómetros de Argel. Este vuelo ha alimentado la teoría de que el helicóptero podría estar relacionado con la fuga del general argelino Abdelkader Haddad, alias Nasser El Djen, antiguo jefe de la Inteligencia Interior (DGSI), quien desapareció el 17 de septiembre. Haddad, apodado 'Maligno', es conocido por sus métodos brutales y se le atribuyen atrocidades durante la 'década negra' de los años noventa en Argelia. Su fuga ha generado una crisis interna en Argelia, con el presidente Abdelmadjid Tebboune convocando de urgencia el Consejo de Seguridad. La búsqueda de Haddad ha llevado a un despliegue considerable de fuerzas de seguridad en Argel y sus alrededores, incluyendo puestos de control, barreras policiales y militares, y cacheos sistemáticos de vehículos. Se sospecha que Haddad podría estar bajo la protección de potencias interesadas en los secretos que guarda sobre la estructura de los servicios de inteligencia argelinos y sus vínculos con Moscú.
El Congreso de los Diputados rechazó la entrega del control de las fronteras a Cataluña con 177 votos en contra y 173 a favor. La propuesta, pactada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el partido Junts, fue rechazada debido a la división interna en el partido Sumar, cuyos diputados de Compromís y Chunta Aragonesista, Alberto Ibáñez y Jorge Pueyo, respectivamente, rompieron la disciplina de voto. El resultado supone una nueva derrota parlamentaria para el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. La votación se produjo en un contexto de tensiones entre el Gobierno y sus socios independentistas, después de que la semana pasada Junts propinara un golpe al Gobierno sumando sus votos a los del PP para derogar la Ley de Vivienda de 2023. El rechazo a la cesión de competencias migratorias a Cataluña se suma a una larga lista de medidas fracasadas en el Congreso, incluyendo la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Los ayuntamientos de varias ciudades españolas han comenzado a aplicar restricciones a los coches diésel con más de diez años y a los de gasolina matriculados antes de 2007. Más de 30 ciudades impondrán restricciones a los vehículos con etiqueta B de la DGT dentro de sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en poco más de dos años. Actualmente, más del 30% del parque automovilístico cuenta con la etiqueta B amarilla. Las ciudades de Bilbao, Madrid, Getafe y Estepona ya han aplicado medidas, mientras que San Fernando y Las Palmas tienen previstas restricciones inminentes. En total, cerca de diez millones de coches están sujetos a restricciones. Las medidas continuarán extendiéndose a más de 150 ciudades que la ley obliga a implantar ZBE. El proceso se acelera tras el aviso del Gobierno de retirar ayudas estatales al transporte público a los ayuntamientos que no apliquen lo previsto en la Ley de Cambio Climático.
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