Crítica:
Título engañoso, faltan detalles clave. Contenido informativo pero sensacionalista.
La Global Sumud Flotilla, compuesta por 51 barcos de diversas nacionalidades, afronta su travesía hacia Gaza bajo alerta tras sufrir ataques de drones israelíes. El pasado martes, se denunciaron al menos 13 explosiones cerca de sus barcos, y un barco cercano fue atacado. Aymen Behiri, periodista tunecino integrante de la flotilla, declaró que la noche fue difícil debido a los ataques con drones y explosivos. Greta Thunberg, activista sueca, aseguró que están preparados para enfrentar cualquier reto. Israel ha vinculado a la flotilla con el grupo islamista Hamás y advirtió que deben atracar en puertos israelíes, lo que la misión rechazó. La flotilla advirtió que cualquier ataque constituiría crímenes de guerra y violaría las medidas de la Corte Internacional de Justicia. La misión busca romper el bloqueo de Gaza con ayuda humanitaria.
La Fundación Gates distinguió al presidente de España, Pedro Sánchez, con el premio Global Goalkeeper 2025 en un evento en Nueva York por su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (ODS). La fundación destacó que España aumentó sus contribuciones al Fondo Mundial para combatir la malaria, el sida y la tuberculosis en un 12% más, y a la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi) en un 30% más. Gates destacó la apuesta de Sánchez por el multilateralismo y aseguró que bajo su mandato España se ha convertido en uno de los países más comprometidos del mundo. Sánchez habló de pragmatismo y recordó que durante la pandemia de covid-19 en 2020, España se dio cuenta de la importancia de facilitar la cooperación e incrementar el apoyo a las instituciones globales centradas en asuntos de salud. El premio se enmarcó en la iniciativa Goalkeepers, impulsada por la Fundación Gates para acelerar la consecución de los ODS.
El Gobierno de España ha reaccionado con ironía y críticas a la decisión del juez Peinado de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en caso de que sea sentada en el banquillo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que 'en España, el sistema judicial es garantista y un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo'. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha calificado la decisión de 'surrealista', mientras que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha ironizado sugiriendo que 'pueden llamar a los de la calle Ferraz para que vayan al jurado popular', en referencia a las manifestaciones habituales frente a la sede del PSOE en Madrid. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, de Sumar, ha destacado que 'la instrucción que está practicando Peinado se va a estudiar en todas las facultades de Derecho'. Las reacciones de la oposición se esperan en los próximos minutos, con la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo a las 11:30 para hablar de este asunto y del escándalo de las pulseras.
El juez Peinado ha decidido iniciar procedimiento para que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, su asistente Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno Francisco Martín se sientan en el banquillo de los acusados por malversación de caudales públicos ante un jurado popular. Esta decisión ha generado polémica y contradicciones en el discurso del lawfare que mantiene el Gobierno. El Tribunal del Jurado es una forma de participación popular en la Administración de la Justicia para determinados delitos recogida en el artículo 125 de la Constitución Española y regulada en la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo. El juez Peinado ha sido criticado por periodistas y políticos, quienes consideran que su decisión es una maniobra para someter a Begoña Gómez a un jurado popular, ya que un tribunal profesional jamás la condenaría. El Gobierno ha cambiado su discurso del lawfare y ahora considera que los tribunales son el summum de la profesionalidad y la imparcialidad. El debate se centra en si la decisión del juez viene determinada por el hecho de que un tribunal profesional jamás condenaría a la mujer del presidente.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, enfrenta críticas por no proteger a la 'familia Sánchez' de problemas judiciales y no avanzar en reformas para controlar el Poder Judicial. El juez Juan Carlos Peinado ha iniciado un procedimiento para juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y a otros por malversación. La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado el enjuiciamiento del hermano de Sánchez, David Sánchez, por prevaricación y tráfico de influencias. Mientras, el Tribunal Supremo ha decidido sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Bolaños también ha fracasado en aprobar reformas judiciales clave, conocidas como 'Leyes Bolaños', que incluyen modificar el acceso a la Carrera judicial, reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal y limitar las acusaciones populares.
Podemos ha exigido al Gobierno español que garantice la seguridad de la Global Sumud Flotilla (GSF) rumbo a Gaza, denunciando nuevos ataques contra sus embarcaciones. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, calificó de 'extrema gravedad' los incidentes, que incluyen explosiones selectivas, lanzamiento de objetos y presencia de drones, atribuyéndolos al 'Estado genocida de Israel'. Fernández reclamó protección política, diplomática y militar para la flotilla, incluso con fragatas del Ejército. La exministra Irene Montero acusó a Israel de amenazar y atacar a la flotilla, violando el derecho internacional, y subrayó que los Gobiernos de Europa y España son responsables de lo que les pase. Montero instó a la Comisión Europea y al Gobierno español a desplegar una escolta militar y medidas de protección legal y diplomática. Por otro lado, Fernández criticó al Partido Popular de Castilla y León por no respaldar una Proposición No de Ley que demandaba una condena al 'genocidio' en Gaza, calificando su postura de 'deplorable' y 'cómplice del genocidio'.
El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo (TS) ha decidido dividir la investigación en el caso PSOE en varios frentes para agilizar la fase de instrucción. La investigación se centra en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que están implicados varios políticos y empresarios. Entre ellos, se encuentran el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor Koldo García. También están implicados el ex 'número dos' de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno Medina, y la ex presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. El juez Puente ha señalado que Víctor de Aldama logró que Koldo García se reuniera con Carlos Moreno para aplazar una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama. La reunión se llevó a cabo y el aplazamiento se llevó a término. El magistrado también ha destacado la vinculación de Santos Cerdán con la mercantil Servinabar2000 SLU, que había obtenido contratos de obra pública pese a su falta de experiencia en el sector.
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