El contenido del artículo muestra un claro sesgo al presentar la modificación del acuerdo comercial como un triunfo para Marruecos, mientras omite detalles sobre las repercusiones legales y políticas de esta decisión. La cobertura favorable a Marruecos contrasta con la crítica a los productores comunitarios.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia envió una carta al Gobierno español expresando su preocupación por las iniciativas legislativas del Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, para restringir productos de tabaco sin combustión y nicotina oral. La carta, fechada en septiembre y firmada por el ministro de Comercio Exterior sueco, Benjamin Dousa, alerta de que estas medidas podrían obstaculizar las exportaciones suecas a España y afectar negativamente la libre circulación de mercancías en el mercado único europeo. España aprobó en noviembre el anteproyecto de la ley antitabaco, que equipara cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios. El Ministerio de Sanidad también está tramitando un Real Decreto que restringe sabores en cigarrillos electrónicos y limita la concentración de nicotina en bolsas de nicotina a 0,99 miligramos. El borrador ha recibido dictámenes negativos de seis Estados miembros, incluyendo Suecia, por considerar que algunas medidas no están justificadas y chocan con la libre circulación de productos en la UE. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) española también expresó dudas sobre el Decreto del tabaco, compartiendo el fin de proteger a menores pero detectando déficits en la memoria justificativa y sugiriendo la necesidad de evidencia científica adicional.
Un informe de la Intervención del Estado confirma que las ofertas para contratos públicos se compararon con la de la empresa de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez. Los técnicos valoraron las ofertas con comentarios negativos tras compararlas con la de Barrabés, lo que es irregular e imposible según el proceso de valoración. El informe de Manos Limpias ya había señalado en 2014 que las ofertas se compararon con la de Barrabés de manera inexplicable. La Intervención del Estado señala que se utilizó como referencia la oferta de Innova Next, la empresa de Barrabés, en lugar de los pliegos de condiciones. La oferta de Barrabés se analizó al final del proceso de valoración, pero se comparó con las demás ofertas antes de verlas. Esto abre la puerta a la sospecha de que hubo una orden para dar los contratos a Barrabés, quien había recibido cartas de recomendación para concursos públicos de manos de la mujer del presidente del Gobierno. El informe de la Intervención destaca que se enfatizó la alta calidad de la oferta de Barrabés en las valoraciones de otras ofertas, lo que no es razonable ni usual en este tipo de informes técnicos. La investigación sugiere un posible favoritismo hacia Barrabés y su empresa.
El Gobierno admite no tener datos sobre el tiempo de residencia en España de los beneficiarios extranjeros del ingreso mínimo vital (IMV). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce que ignora la media de años que llevan en el país los beneficiarios extranjeros de esta prestación estatal. La normativa del IMV exige un año de residencia legal y continuada en España para solicitar la ayuda, pero no se registra el tiempo total de permanencia. El ministerio justifica la falta de información señalando que los datos sobre permisos y periodos de residencia corresponden a otras entidades. Para obtenerlos sería necesario cruzar bases de datos externas y desarrollar herramientas informáticas específicas. Más de 2 millones de beneficiarios en lo que va de año, con una cuantía media por hogar de 519,16 euros mensuales y un gasto total de 426,3 millones de euros al mes. El Partido Popular propone regular el ingreso mínimo para que solo lo cobren quienes coticen.
Koldo García ingresó 350 euros mensuales en efectivo en una cuenta vinculada a Fiadelso, la fundación creada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, entre 2017 y 2022, totalizando 18.706,25 euros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que estos abonos periódicos no declarados se referían a 'la hipoteca de Jose'. Los investigadores han intervenido conversaciones en las que Koldo se refiere a este ingreso como 'la hipoteca de Jose'. La UCO calcula que Ábalos no compensó por la vía bancaria al menos 95.400 euros entre 2014 y 2024. De esta cantidad, 18.706,25 euros corresponden a cuotas mensuales abonadas en una cuenta vinculada a Fiadelso. La UCO señala que este ingreso periódico constituye un ejemplo del uso sostenido de una fuente de ingresos no declarada. Entre 2014 y 2018, Ábalos asumió el pago de su parte de la hipoteca mediante transferencias de sus cuentas personales por un total de 13.013,30 euros. A partir de 2018, los ingresos comenzaron a efectuarse en efectivo, salvo en una ocasión en 2022. La gestión de estos ingresos corría a cargo de Koldo y su exmujer Patricia. La UCO ha localizado mensajes expresos de Ábalos a Koldo con instrucciones para que se hiciera cargo de esta cuota.
Rusia está utilizando drones Shahed para atacar trenes ucranianos en movimiento, lo que marca una escalada significativa en el conflicto. Estos ataques, que se han intensificado desde el verano, tienen como objetivo interrumpir la logística y la economía de Ucrania. La infraestructura ferroviaria es crucial tanto para el transporte militar como para el civil. Los drones Shahed, potencialmente equipados con capacidades avanzadas para fijar objetivos, plantean un nuevo desafío para las defensas aéreas de Ucrania. Un ataque reciente cerca de Bobrovytsya, a más de 150 kilómetros de la frontera, muestra cómo estos aparatos golpean primero la locomotora y después los vagones. Canales rusos en Telegram se jactaron de la hazaña, asegurando que los dispositivos 'alcanzaron sus objetivos en movimiento y evadieron a los aviones ucranianos que cubrían el tren'. El uso de estos vehículos, equipados con cámaras y módems de telefonía móvil, permite transmitir imágenes y potencialmente ser redirigidos en pleno vuelo por un operador. La otra posibilidad es el uso de inteligencia artificial, lo que convierte un arma 'tonta' como el Shahed en una herramienta de caza de precisión. El jefe del sistema ferroviario ucraniano afirma que Rusia puede permitirse 'gastar un vehículo de combate como un Shahed para cazar una locomotora' gracias a un 'aumento drástico en su producción'. El ministro de desarrollo territorial de Ucrania, Oleksiy Kuleba, apunta a que 'el objetivo es complicar el transporte de pasajeros y mercancías, perturbar las operaciones de transporte estables y ejercer una presión adicional sobre la gente y la economía'. En septiembre, los ataques con vehículos no tripulados y misiles se dispararon un 38% en comparación con agosto, con un total de 5.636 vehículos aéreos no tripulados y 187 misiles lanzados durante ese mes.
La ministra de Sanidad, Mónica García, enfrenta una huelga médica liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) debido a su propuesta de estatuto marco, que consideran insuficiente. La huelga se suma a la descontento generalizado en el ámbito sanitario por las condiciones laborales de los profesionales. Mónica García, que anteriormente apoyó protestas contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ahora enfrenta consignas como 'Queremos negociar, estatuto de verdad' o 'Mónica, traidora, paga bien la hora'. Los médicos reclaman una clasificación profesional adecuada, desarrollo profesional continuo, mejora del modelo retributivo y regulación específica de la jornada laboral. La propuesta ha generado el rechazo de todos los representantes de los médicos, incluyendo el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme).
Entre 2019 y 2024, llegaron 22.390 presuntos menores extranjeros no acompañados (menas) por vía marítima a España. Solo el 47% de los considerados menas resultaron ser menores. El sistema de tutela está colapsado y vulnerable a fraudes. La mayoría son varones (93-97%) y proceden de Marruecos, Malí, Argelia o Senegal. En 2019, arribaron 2.873 presuntos menas, un descenso del 59% respecto a 2018. La cifra subió a 3.307 en 2020, 3.048 en 2021, 2.375 en 2022, 4.865 en 2023 y 5.922 en 2024. Se incoaron 39.192 diligencias preprocesales para determinar la edad, resultando en 12.464 menores, 7.811 mayores de edad y 6.191 archivados sin resolución. El 29,5% de las diligencias confirmaron mayoría de edad. El sistema prioriza la acogida sobre la verificación rigurosa, con costes millonarios para el contribuyente. Las pruebas de ADN revelan irregularidades, con 4.450 test realizados a menas acompañados por sus padres. La falta de coordinación y repatriaciones mínimas agravan el problema.
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