El título refleja con precisión la denuncia de la Guardia Civil, pero el contenido podría profundizar más en las implicaciones legales y políticas de la ocultación de estadísticas. La información proporcionada es detallada, pero a veces se dispersa en múltiples focos.
Leire Díez reveló al comandante Rubén Villalba en marzo que José Luis Ábalos 'tiene un problema con su polla' y que su relación con Andrea de la Torre (25 años) 'no era normal' por la diferencia de edad (60 años). Díez afirmó que Ábalos 'caerá por su lío de faldas'. La relación terminó a finales de 2024 o principios de 2025. El exministro no entendía por qué le había dejado Andrea. En junio, Andrea de la Torre declaró en Antena 3 que Ábalos recibió ofertas para asumir costes de defensa y contratos en empresas vinculadas a Pepe Blanco. También afirmó que Ábalos 'no anda muy bien' de salud. Las conversaciones entre Díez y Villalba fueron documentadas en cinco páginas de notas que luego se entregaron al Servicio de Información de la Guardia Civil.
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, confirmó que Pedro Sánchez recibió dinero en efectivo en algunas ocasiones. Fuentes admitió que se realizaron pagos en metálico con facturas correspondientes. Negó pertenecer al entorno de Santos Cerdán y desconocía a José Luis Ábalos y Koldo García. Los pagos estaban auditados por el Tribunal de Cuentas según Fuentes. La UCO informó de sobres con más de 2.000 euros, superando el límite legal de 1.000 euros. Fuentes negó conocer el informe de la UCO donde aparece su nombre. La Comisión Central eligió su candidatura como gerente, según ella, sin relación con Santos Cerdán. Los pagos en efectivo dependían de las necesidades, especialmente en campañas electorales. Víctor de Aldama declaró que Ábalos y Koldo recogían sobres en Ferraz semanalmente. El Tribunal de Cuentas audita los informes financieros del PSOE.
La presa de Siles, en la comarca jiennense de la Sierra de Segura, lleva una década sin funcionar tras su inauguración el 19 de octubre de 2014. Construida con una inversión de 53 millones de euros, tiene 30.5 hectómetros cúbicos de capacidad, 52 metros de altura y 271 metros de coronación. La infraestructura no ha entrado en servicio debido a la falta de conducciones para transportar el agua a los cultivos. El proyecto comenzó bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fue inaugurado por Isabel García Tejerina. En diciembre de 2019, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) encargó una asistencia técnica para el concurso de asignación de agua. La Junta de Andalucía definió la zona regable en junio de 2020. El Boletín Oficial del Estado publicó el anuncio del concurso de riego en marzo de 2021. Aunque se abrió un plazo para corregir duplicidades en abril de 2022, el proceso se paralizó por una denuncia ante la Audiencia Nacional. En enero de 2024 se activó un segundo plazo, pero sin novedades. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Jaén organizó una protesta para exigir la puesta en servicio de la presa. El secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar, denunció que el agua se va río abajo sin aprovecharse y criticó la lentitud de las administraciones.
El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, defendió en la reunión ministerial de educación del G20 en Skukuza (Sudáfrica) el modelo de educación inclusiva de España. España firmó un memorando con Sudáfrica para cooperación en aprendizaje de lenguas. Durante meses previos, los representantes de Educación del G20 trabajaron en tres prioridades: educación Infantil para evitar desigualdades, reconocimiento de cualificaciones para movilidad de estudiantes y profesionales, y mejora de condiciones laborales del profesorado. El Gobierno español apuesta por mecanismos como reducción de ratios, profesorado de apoyo y codocencia en aulas. La reunión se celebró el 22 de Octubre.
La Guardia Civil de Melilla decomisó 12.322 kg de productos no animales en 773 intervenciones durante la campaña estival de 2025 en la frontera de Beni-Enzar. El peso total decomisado aumentó un 30% respecto a 2024. Las intervenciones sobre productos de origen animal (POA) descendieron un 36%, pasando de 631 a 401. Sin embargo, el peso total de los decomisos de POA aumentó de 1.732 kg a 2.128 kg. Los productos decomisados incluían garrafas de aceite de oliva sin precintar provenientes de Marruecos. La Guardia Civil destacó que la entrada de mercancías sin control sanitario adecuado representa un riesgo para la salud pública y la seguridad alimentaria. El Resguardo Fiscal intensificó su labor de inspección durante los meses de verano, lo que resultó en un incremento del 74% en las intervenciones de productos no animales respecto a 2024. La Comandancia destacó el trabajo profesional de los agentes y su labor de concienciación ciudadana sobre la importancia de respetar los controles sanitarios.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, solicita a los Estados miembros de la UE reducir los impuestos sobre la electricidad. Actualmente, los impuestos representan el 34% de la factura eléctrica de las empresas y el 42% para los hogares. La UE paga el doble por electricidad que Estados Unidos y un 50% más que China. Von der Leyen destaca que esta medida es crucial para mejorar la competitividad de las empresas europeas y lograr autonomía energética. Además, propone una etiqueta de 'hecho en Europa' para favorecer a las empresas comunitarias en los procesos de licitación pública, donde se juegan hasta un 14% del PIB de la UE. La presidenta advierte sobre la dependencia de terceros países en tecnologías limpias y subraya la importancia de liderar en energía verde para mantener la autonomía y competitividad de la UE. Von der Leyen enfatiza que la tecnología limpia no solo reduce emisiones, sino que es clave para la independencia de la UE.
El Tribunal Constitucional ha dictaminado que los despidos serán considerados nulos si se efectúan como represalia por protestas sobre condiciones laborales. Un trabajador que interpuso una queja ante el Comité de Empresa por incumplimiento de sus condiciones laborales fue despedido. El Tribunal resolvió que el despido vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía de indemnidad. Esta garantía protege a los trabajadores frente a represalias derivadas del ejercicio legítimo de sus derechos laborales. El fallo amplía la protección a situaciones que no implican un juicio formal, estableciendo que los trabajadores que plantean reclamaciones ante representantes sindicales están igualmente protegidos. El empleador no puede tomar medidas perjudiciales como despido o sanciones cuando un empleado reclama o denuncia vulneraciones de sus derechos. En caso de despido por estos motivos, el trabajador tiene derecho a readmisión e indemnización económica por daños y perjuicios. El Tribunal Constitucional resolvió el caso en septiembre pasado, ampliando la protección frente a represalias.
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