El artículo profundiza en la relación entre Junts y PSC en la Diputación de Barcelona, pero podría analizar más a fondo las implicaciones políticas de mantener el acuerdo pese a la ruptura nacional. La información sobre el contrato de Marcela Topor es detallada.
Los funcionarios del SEPE han iniciado una campaña informativa mediante carteles en sus centros de trabajo para denunciar el 'caos' en la tramitación de prestaciones por desempleo debido a la falta de personal y problemas técnicos. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) impulsa esta iniciativa, destacando que el SEPE cuenta con 8.413 personas contratadas a 31 de diciembre de 2024, pero necesitan alrededor de 12.000 para cubrir la carga de trabajo. El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, anunció la incorporación de 1.369 nuevos funcionarios. En Madrid, conseguir una cita para tramitar prestaciones resulta casi imposible debido al colapso del sistema informático y la falta de plantilla. Los afectados deben recurrir a presolicitudes o cambiar su domicilio a otra provincia menos saturada. UGT denuncia la existencia de un 'mercado negro de citas previas' en la administración pública.
La Policía Nacional ha concluido la operación Tabaiba, investigando un presunto desvío de ayudas europeas en centros de menores en Canarias. Cuatro directores de centros y un empresario han sido imputados. La investigación, iniciada en 2022, reveló que se retiraron más de 1,1 millones de euros en efectivo de los 1,6 millones recibidos. También se detectaron transferencias de más de 25.000 euros a cuentas personales y gastos personales pagados con dinero público. La fundación que administraba los centros presentó facturas falsas y documentos manipulados. Además, se descubrió una red de alquileres con precios exagerados, con un sobreprecio de 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023. La Fiscalía Europea ha acusado formalmente a los implicados por malversación de fondos y blanqueo de capitales. Los investigados, entre 31 y 61 años, no tenían historial delictivo previo. La pesquisa sigue en curso para determinar el daño económico preciso.
El PSOE ha implementado un método para evitar errores en votaciones en el Congreso. El diputado Lázaro Azorín grita el sentido del voto junto con el color correspondiente al botón electrónico: verde para 'sí', rojo para 'no' y amarillo para 'abstención'. Este método ha sido bien recibido por los diputados socialistas. El Gobierno de Pedro Sánchez necesita cada voto debido a su ajustada mayoría en el Congreso. El PSOE y Sumar han tenido que tomar medidas para asegurar la presencia de todos sus diputados en las votaciones. La legislatura comenzó con Sánchez obligando a varios ministros a renunciar a sus escaños para evitar riesgos en votaciones ajustadas. Sumar ha visto reducida su bancada de 31 a 26 diputados debido a cambios en el grupo parlamentario. En julio, el PSOE promovió una reforma para permitir el voto telemático en ciertos casos como embarazo, enfermedad o representación institucional en eventos internacionales.
En 2020, año de pandemia, las deducciones por aportaciones a partidos políticos en el IRPF cayeron a 240.212, el mínimo desde 2018. El importe total fue de 4.6 millones de euros. El PSOE declaró 837.506 euros en donaciones privadas ese año, un 203% más que en 2019. El gerente del PSOE, Mariano Moreno, lanzó una campaña de microcréditos en mayo de 2020 para recaudar 3 millones de euros entre militantes. La UCO investiga el sistema de financiación del PSOE por posibles irregularidades. El número de deducciones por aportaciones a partidos políticos fue de 244.577 en 2018, 248.852 en 2019, 280.741 en 2021, 286.852 en 2022 y 283.869 en 2023. Las donaciones privadas al PSOE fueron de 158.879 euros en 2018, 275.616 euros en 2019 y 837.506 euros en 2020. La normativa permite deducir un 20% de las cuotas de afiliados y aportaciones a partidos políticos hasta un límite de 600 euros.
La presión migratoria en Ceuta aumenta un 33,7% en 2025 debido a llegadas a nado desde Marruecos. 2.890 personas han entrado por vía terrestre, frente a 2.162 en el mismo periodo de 2024. El Ministerio del Interior incluye a los nadadores marroquíes en la clasificación de llegadas irregulares porque entran caminando por la costa a territorio español. La Guardia Civil intercepta al 90% de los inmigrantes en el agua y los devuelve a Marruecos, excepto si son menores. Tres ONG demandaron al Gobierno por rechazar en frontera a inmigrantes interceptados en el mar o la playa. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dieron la razón en enero de 2024 y 2025, respectivamente. El Tribunal Supremo decidirá si la Guardia Civil puede devolver a los inmigrantes interceptados en las costas ceutíes. La Guardia Civil ha redoblado sus esfuerzos para interceptar y auxiliar a los inmigrantes, con más de una treintena de fallecidos. El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta critica la falta de medios y la politización de las muertes de migrantes. Expertos culpan a la inacción normativa del Gobierno de este conflicto y sugieren que la última reforma de la ley de extranjería podría haber solventado este problema.
El Consejo de Ministros aprobará el 25 de Junio de 2024 el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), atribuyendo la instrucción a fiscales y limitando la acusación popular. La ley entrará en vigor el 1 de Enero de 2028. El proyecto modifica el mandato del fiscal general del Estado a cinco años, garantizando su autonomía del Gobierno. Se excluyen a partidos políticos y entidades públicas del ejercicio de la acusación popular, requiriendo a asociaciones demostrar un 'vínculo legítimo' con el interés público defendido. La investigación será dirigida por fiscales con control judicial de garantías. La reforma incluye nuevas herramientas para combatir la criminalidad como análisis de ADN, toxicología y sistemas de inteligencia artificial. El proyecto aprovecha aportaciones de anteriores reformas iniciadas en 2010 por el ministro socialista Francisco Caamaño y en 2013 por el ministro popular Alberto Ruiz-Gallardón. El nuevo texto cuenta con dictámenes favorables del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
La Policía Nacional interceptó un mercante con 6.500 kilos de cocaína a 600 millas de Canarias. La operación se llevó a cabo bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga y con el apoyo de la Armada Española. El mercante, de bandera tanzana, había partido desde Panamá con destino al Puerto de Vigo. La alerta inicial provino de la DEA estadounidense el 8 de octubre. El abordaje se efectuó el 22 de octubre por efectivos del GEO. Se detuvo a los nueve tripulantes. La droga estaba almacenada en estructuras y compartimentos ocultos. La Policía Nacional informó que se podrán acceder a imágenes de la intervención en el Puerto de Arinaga, Gran Canaria. Esta operación se suma a otra realizada en mayo, donde se detuvo a ocho personas por usar propulsores subacuáticos para recoger alijos de cocaína en buques mercantes en Galicia.
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