El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una ayuda de 400.000 euros a Bolivia para proteger ecosistemas de llamas y alpacas. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) destinó estos fondos a la protección de bofedales y camélidos en 2025. Diputados de Vox cuestionaron esta decisión, solicitando información sobre los mecanismos de control y justificación de la ayuda.
El Gobierno argumentó que la protección de estos ecosistemas es crucial para la regulación climática global y la seguridad hídrica, beneficiando indirectamente a España. Además, destacó que los camélidos son esenciales para la soberanía alimentaria y la economía campesina en Bolivia.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua boliviano cuenta con un presupuesto de alrededor de 190 millones de euros, de los cuales 20 millones se destinan a áreas protegidas. España busca fortalecer capacidades locales a través del programa PROCAMÉLIDOS, que promueve la crianza sostenible de llamas y alpacas.
Sin embargo, el Gobierno admitió no tener recursos humanos ni capacidad técnica para supervisar las ayudas concedidas por la AECID, que totalizan 133 millones de euros. Para abordar este problema, se adjudicó un contrato de 420.000 euros para asistencia técnica en la comprobación de subvenciones otorgadas por la AECID.
Crítica:
El Gobierno justifica la ayuda a Bolivia con argumentos ambientales y de soberanía alimentaria, pero admite falta de capacidad para supervisar los fondos. La ayuda española contrasta con la falta de recursos del Gobierno para auditar sus propias ayudas humanitarias.
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