Crítica:
El contenido revela pruebas contundentes que contradicen la declaración del ministro Ángel Víctor Torres. La inclusión de mensajes de WhatsApp y el informe de la UCO fortalecen la credibilidad de la noticia.
El contenido revela pruebas contundentes que contradicen la declaración del ministro Ángel Víctor Torres. La inclusión de mensajes de WhatsApp y el informe de la UCO fortalecen la credibilidad de la noticia.
La UCO ha entregado un informe de 350 páginas al juez instructor sobre presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia. El informe revela conversaciones entre Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos. En julio de 2020, Torres, entonces presidente de Canarias, se implicó personalmente para facilitar el pago de pedidos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión, propiedad de Víctor de Aldama, presunto líder de la trama. Los mensajes muestran cómo Torres intervino para agilizar el pago de 1,4 millones por la colocación de mascarillas. El 1 de julio de 2020, Torres contactó con Koldo García Izaguirre para tratar el pago, asegurando que estaba 'encima de tu pago'. Dos días después, reiteró que el pago estaba 'validado'. El informe sugiere una posible implicación de Torres en la trama corrupta.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró el 14 de marzo de 2024 en el juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por presunto delito de revelación de secretos. Lastra afirmó que encaró a García Ortiz por teléfono el 14 de marzo de 2024, preguntándole si había filtrado correos sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz respondió que 'eso ahora no importa'. Lastra también declaró que atribuyó a un lapsus su mención a 'nota de prensa' en lugar de 'correos' durante la instrucción. La fiscal provincial, Pilar Rodríguez, negó haber tenido conversaciones con Lastra sobre filtraciones. Lastra justificó no informar sobre el caso González Amador previamente porque afectaba a la vida familiar de González Amador. También afirmó que no existe obligación de borrar correos de dispositivos móviles, solo una recomendación por capacidad de almacenamiento.
Claudia Montes, Miss Asturias 2017, declaró ante la comisión Koldo del Senado que José Luis Ábalos le dijo que Pedro Sánchez sabía 'todo' sobre la corrupción de la trama Koldo. Montes fue contratada en Logirail en 2019 tras una entrevista y fue despedida en 2022. Montes declaró que Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos, la habría acosado sexualmente con hasta 21 llamadas diarias. Montes niega haberse dedicado a la prostitución y denuncia falta de apoyo feminista. La investigación vincula también al exministro canario Ángel Víctor Torres con el caso de las mascarillas. Montes asegura que Ábalos le dijo que Santos Cerdán era el 'jefe' de Koldo y que la cantidad por la que Cerdán fue detenido es solo una parte de lo que habría ganado. Ábalos supuestamente le envió ofertas de empleo en empresas públicas y le aconsejó que se presentara a puestos para los que estaba capacitada. Montes afirma que no sabía si Ábalos o Koldo la impusieron en Logirail, pero admite haber pedido ayuda a Ábalos por ser 'amiga y compañera militante'. El caso implica presunta corrupción en la contratación pública y acoso sexual.
El informe de la UCO revela que Koldo García Izaguirre ofrecía 'carreteras' y pagos 'en carne' como incentivos para que Canarias pagara mascarillas. Ángel Víctor Torres mantenía contacto cercano con Koldo y aceleró pagos a la trama. La UCO detalla conversaciones donde Koldo pide a Antonio Olivera solucionar problemas con las remesas de mascarillas. El 27 de abril de 2020, Ana María Pérez cuestionó la idoneidad de las mascarillas. Pese a los problemas, Canarias pagó el 50% el 4 de mayo. Koldo ofreció 'puentes' y 'carreteras' a cambio de favores. La relación entre Torres y Koldo era estrecha, con Torres llegando a amenazar a la responsable económica de la sanidad canaria. El juez Leopoldo Puente investiga estos hechos.
Íñigo Rotaeche, director ejecutivo de Soluciones de Gestión, transfirió fondos a Deluxe Fortune S.L., empresa administrada por Víctor de Aldama, el 8 de mayo de 2020. El Servicio Canario de Salud había emitido facturas por 1.316.000 euros y 3.157.500 euros por la entrega de 526.000 y 1.262.750 mascarillas respectivamente. El pago a Víctor de Aldama se realizó menos de 48 horas después del primer pedido de Canarias. El informe de la Guardia Civil sugiere que este pago está vinculado al abono del primer pedido de mascarillas. Víctor de Aldama daba instrucciones a Íñigo Rotaeche sobre los contratos con Canarias y Baleares. Koldo, referido como 'el chiquitín', facilitaba el acceso a los responsables de la Administración para tomar decisiones favorables a Víctor de Aldama. Se entregaban 10.000 euros en efectivo a Koldo de manera recurrente.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió mensajes entre Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y miembros de una trama corrupta. Torres se enfadó porque Ana María Pérez, directora regional de Recursos Económicos del Gobierno de Canarias, no autorizó pagos a una empresa involucrada en la trama. En los mensajes, Torres amenazó a Pérez: «O lo soluciona o la levanto para el aire». La investigación comenzó tras una conversación entre Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, y Víctor de Aldama, representante de Soluciones de Gestión, que solicitó pagos para su empresa. Las transferencias fueron paralizadas por Pérez. Torres responsabilizó a Pérez de la tardanza y expresó su frustración: «Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica».
Un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla la implicación del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la adjudicación de mascarillas a la trama Koldo en Canarias. Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, contactó directamente con Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario bajo la presidencia de Torres, para la compra de mascarillas. García proporcionó a Víctor de Aldama, comisionista de la trama, el teléfono de Olivera. Posteriormente, Aldama facilitó este contacto a Iñigo Rotaeche, responsable de Soluciones de Gestión. El 21 de abril de 2020, tras una conversación con Rotaeche, Olivera escribió a Koldo García confirmando: «es posible que nos quedemos en esta ocasión con dos millones de unidades» y preguntó si le parecía bien. Este intercambio, según el informe de THE OBJECTIVE, sugiere que Soluciones de Gestión ya estaba suministrando mascarillas a la Administración canaria antes de la formalización de las adjudicaciones, que ocurrieron el 22 de abril. La UCO destaca el control de Koldo García en estas operaciones, evidenciado por la consulta de Olivera sobre la cantidad de unidades. Olivera envió a Rotaeche un mensaje: «Iñigo, prepárame oferta con dos millones, vale? Negocié con Koldo esa cantidad». Después, la conversación se centró en aspectos técnicos y la factura proforma, todo un día antes de la adjudicación del contrato. Los investigadores de la UCO señalan que Rotaeche envió la oferta a Olivera cuando este ya gestionaba la llegada de mascarillas directamente con Koldo y luego los detalles con el representante de Soluciones de Gestión. Olivera informó de esta oferta a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS) como si fuera una novedad, después de sus conversaciones previas. El Gobierno de Torres en Canarias pagó 6,87 millones de euros por 2,7 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión. La empresa recibió dos encargos de tapabocas tipo FFP2 o K95. El precio inicial de la primera oferta fue renegociado a la baja por el SCS debido a la inferior calidad del producto. Además, la UCO ya poseía audios de agosto de 2020 entre Koldo García y Torres, donde García solicitó una reunión con Ignacio Díaz Tapia, delegado de Eurofins Megalab y socio de Aldama. Torres accedió, y una semana después informó a Díaz Tapia sobre la «buena recepción» del proyecto por parte del ministro Salvador Illa. Eurofins Megalab obtuvo tres contratos del SCS por 5,4 millones de euros, formalizados el 18 de diciembre de 2020, el 1 de enero y el 1 de febrero de 2021, para realizar pruebas PCR a residentes canarios. Antonio Olivera dimitió en abril como jefe de Gabinete del ministro Torres, alegando «motivos familiares». Su reemplazo fue Roberto García. Un mes antes, Olivera había defendido que el Gobierno canario no adquirió mascarillas a precios desorbitados y que los productos de Soluciones de Gestión tenían un coste de mercado. Víctor de Aldama declaró el 21 de noviembre en sede judicial haber entregado 400.000 euros en efectivo en comisiones a Ábalos y 250.000 euros a Koldo García. De esta última cantidad, 25.000 euros fueron para Santos Cerdán y 15.000 euros para el jefe de Gabinete de María Jesús Montero. Aldama también afirmó que Torres le pidió 50.000 euros por sus gestiones, aunque nunca los entregó.
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