El artículo presenta un caso judicial complejo con detalles específicos sobre los cargos y el proceso legal. La decisión del juez Peinado de llevar a Begoña Gómez a juicio es el punto central, aunque se echan en falta más antecedentes sobre el caso.
El juez Juan Carlos Peinado solicita información sobre sueldos, viajes y documentación de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez. Se piden nóminas, agendas y pasaportes para analizar posibles malversaciones de fondos públicos. La investigación incluye los viajes realizados desde el 16 de julio de 2018 y comunicaciones con empresas como Minsait, Indra Business Consulting y Telefónica. El juez rechaza el archivo del caso y avanza hacia un juicio por Tribunal de Jurado. Se investiga un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de Cristina Álvarez. La UCO de la Guardia Civil analizará las agendas y documentación incautada. La investigación abarca los gastos de representación, dietas y uso de medios públicos para los viajes de Cristina Álvarez. Se requiere información sobre comunicaciones escritas entre Cristina Álvarez y empresas colaboradoras de la cátedra de Begoña Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado imputa a Judit González Pedraz, secretaria general de la Presidencia del Gobierno, por malversación en relación con la asesora de Moncloa Cristina Álvarez. González Pedraz está citada el 12 de noviembre a las 9:30 horas. La decisión se produce tras rechazar las peticiones de sobreseimiento del Ministerio Fiscal y las defensas en el 'caso Begoña Gómez'. El juez considera que existen 'indicios claros, sólidos y homogéneos' de delitos. La investigación continúa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por cinco delitos relacionados con su actividad en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. El juez también cita como testigos a Diego de Alcázar, Miguel Escassi, Juan Carlos Doadrio, María José Sánchez, María Elvira Gutiérrez, María Jesús Morillo, Mercedes Vaquero, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena en fechas posteriores. La resolución se apoya en la sentencia del procés dictada por Manuel Marchena, juez del Tribunal Supremo, para fundamentar la investigación por malversación de caudales públicos.
En 'Código 10', una vecina del barrio pamplonés describió la situación de inseguridad generada por cuatro individuos en situación irregular con orden de expulsión del país. Vanesa Carretero, educadora social, explicó que muchos jóvenes se hacen pasar por menores sin prueba de edad. El analista Rubén Pulido afirmó que algunos son expulsados y vuelven a entrar pese a tener prohibición de entrada. Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, reprochó a Pulido un tuit donde supuestamente incitaba a la 'cacería' en Torre Pacheco. Pulido fue acusado de difundir bulos y odio, y de estar ligado al Yunque, una secta ultracatólica mexicana. Pulido negó las acusaciones y amenazó con demandar a Fernández. El debate fue tenso y reflejó la complejidad del problema migratorio y la seguridad.
Claudia Montes, conocida como ‘Miss Asturias’ y exmilitante socialista vinculada a José Luis Ábalos, informó al presidente de Asturias, Adrián Barbón, sobre presuntas irregularidades y actividades «delictivas» en Logirail, filial pública de Renfe. Montes, quien supuestamente fue colocada en Logirail por Ábalos, fue despedida un año antes de sus comunicaciones. El 21 de febrero de 2023, Montes envió mensajes por Instagram a Barbón, solicitándole una investigación contra Óscar Gómez Barbero, entonces director de Logirail, según adelantó Código 10. En estos mensajes, Montes pidió una cita para entregar «pruebas y la grabación de personas importantes reconociendo muchas cosas que son delictivas». Afirmó poseer grabaciones donde Barbero explica cómo diseñar una plaza «a dedo» en la empresa pública y admite haberlo hecho en otras ocasiones. Barbón respondió instándola a acudir a la Fiscalía, advirtiendo que, de no hacerlo, ella podría cometer un delito. Montes, alegando «miedo», solicitó a Barbón que la acompañara a la Fiscalía, pero él se negó, recomendándole ir directamente, ya que es un servicio gratuito y no requiere acompañamiento. Montes declaró en el Senado que entró a Logirail sin «enchufes» y que allí conoció irregularidades que comunicó a Ábalos y a su asesor Koldo García. Según su versión, compartió estas irregularidades administrativas en una cena con afiliados y dirigentes socialistas de Gijón, quienes le aconsejaron no involucrarse. Barbón negó el martes haber recibido información sobre corrupción de Montes. Declaró tener «tolerancia cero» con la corrupción y enfatizó que quien tenga conocimiento de delitos debe acudir directamente a la Fiscalía, no al gobierno o al partido. Previamente a los mensajes de Instagram, Montes había enviado correos electrónicos al gabinete de Barbón, mencionando «alguna situación relativa a alguna empresa, sin citarla, en la que había hechos judicializados o bajo investigación». El gabinete de Barbón no respondió, bajo el entendimiento de que tales asuntos deben ser denunciados directamente ante la Fiscalía.
El ministro Ángel Víctor Torres protagonizó un desliz al mencionar 'refinería en Arucas' durante una rueda de prensa sobre el informe de la UCO. La oposición cuestionó su veracidad. Torres negó cualquier irregularidad y anunció una demanda contra Víctor de Aldama. El proyecto de refinería en Canarias fue discutido previamente en enero de 2025. Torres fue alcalde de Arucas entre 2011 y 2015. La UCO entregó su informe al juez el 5 de noviembre de 2025. Torres insistió en que 'no hay refinerías, no hay mordidas'. La oposición liderada por PP y Vox criticó la mención a Arucas como un posible lapsus revelador. Fuentes del Ministerio calificaron el episodio como un 'lapsus verbal'. El empresario Víctor de Aldama había acusado a Torres de irregularidades.
La noticia publicada critica duramente a Irene Montero, utilizando términos despectivos como 'pobre desdichada'. El contenido del artículo se centra en la difusión de un programa a través de diversas plataformas de podcast y redes sociales, mencionando la disponibilidad en esRadio.fm, Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube e iVoox. El artículo también destaca la importancia de suscribirse a los contenidos. Además, se hace referencia a la presencia de información comercial de anunciantes y marcas colaboradoras que contribuyen a la creación de contenido.
El Gobierno otorgó 22,2 millones de euros a Openchips, empresa tecnológica catalana donde Therese Jamaa, pareja de José Manuel Albares, es vicepresidenta desde 2024. La subvención proviene de fondos NextGeneration de la UE. Openchips está participada por el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y GTD Innovation & Technologies. La empresa recibió en 2023 otra subvención de 111 millones de euros. Openchips se dedica al desarrollo de tecnología de microprocesadores y soberanía digital europea. La concesión de la ayuda se registró el 22 de octubre en las bases de datos de Hacienda. Therese Jamaa también fue directiva de Huawei España hasta mayo de 2023, lo que generó polémica por la relación de Albares con decisiones sobre la empresa china y el desarrollo del 5G en España. La CIA estadounidense alertó sobre la vinculación de Albares con Jamaa cuando era directiva de Huawei.
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