El artículo revela la estrategia de Moncloa para evitar un debate presupuestario conflictivo, pero omite detalles sobre posibles alternativas a la prórroga presupuestaria. La decisión de no presentar los Presupuestos antes de 2026 refleja la crisis política actual.
Óscar Puente, ministro de Transportes, publicó un vídeo en 'X' explicando la legalidad de los pagos en efectivo en el Ministerio. Mostró un sobre con 300 euros en billetes de 50 para un viaje a Las Palmas de Gran Canaria. La directora de Gabinete custodiaba el dinero y entregaba justificantes a la vuelta. Puente aseguró que se trataba de un 'anticipo de caja' legal para una delegación de cuatro personas. Gastaron 75,35€ en una comida para dos personas. La Guardia Civil investiga la financiación ilegal del PSOE en el 'caso Koldo'. El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada para investigar las cuentas del partido. Puente prometió 'próximas entregas' de su explicación. El vídeo contrasta con el escándalo que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, 2024/1083) obliga a los periodistas a revelar sus fuentes bajo ciertas circunstancias. El artículo 4 del EMFA permite a los Estados miembros obligar a los periodistas a revelar información sobre sus fuentes si una autoridad judicial o independiente lo autoriza. Esta norma está vigente pero no ha sido aplicada por ningún tribunal doméstico. La protección del secreto profesional en España está garantizada por los artículos 20.1.d) y 124.3 de la Constitución Española. El fiscal general del Estado está siendo procesado por un delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta de Madrid. El periodista Álvaro García Ortiz fue citado como testigo y afirmó conocer la fuente de la historia. El presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, cuestionó al periodista sobre su declaración. Algunos juristas plantean la posibilidad de articular excepciones justificadas al secreto profesional en casos de posible condena penal. La reforma del Gobierno socialista para controlar los medios de comunicación ha generado polémica. El Anteproyecto de Ley Orgánica española Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información también ha sido criticado por expertos.
Judit Alexandra González, secretaria general de Presidencia del Gobierno, ha sido imputada en el 'caso Begoña' por malversación en la contratación de Cristina Álvarez, directora de Programas de La Moncloa. González fue condecorada con la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort por sus méritos judiciales. El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por cinco delitos y ha citado a González a declarar el 12 de noviembre. La investigación se centra en la posible malversación de fondos públicos en la contratación de Álvarez, quien ejerció como secretaria personal de la mujer de Pedro Sánchez en sus actividades privadas. El juez solicita las agendas de la esposa de Pedro Sánchez y de Álvarez, así como sus pasaportes para analizar sus viajes. La causa implica a cinco personas: Begoña Gómez, Judit Alexandra González, Cristina Álvarez, Juan Carlos Barrabés y Francisco Martín. El juez Peinado rechaza llamar a declarar por segunda vez a Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños. La Orden de San Raimundo de Peñafort se creó en 1945 para premiar méritos en la Administración de Justicia.
Álvaro Romillo, empresario conocido como 'CryptoSpain', ha sido detenido por orden del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional tras descubrirse una cuenta bancaria en Singapur con 30 millones de euros. Romillo está investigado por presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC), que llegó a recaudar más de 260 millones de euros. También está investigado por la presunta financiación ilegal del partido de Alvise, al que donó 100.000 euros para su campaña electoral. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han proporcionado informes que vinculan a Romillo con posibles delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documentos mercantiles. El empresario fue robado en octubre, perdiendo bienes valorados en más de 2 millones de euros. El juez ha ampliado hasta 2026 el plazo para investigar la causa, debido a su complejidad y la cantidad de sociedades y cuentas bancarias involucradas en diferentes países.
Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado investigar si Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, posee la nacionalidad dominicana. La petición se basa en declaraciones de Víctor de Aldama, quien afirmó que Gómez solicitó y recibió dicha nacionalidad. Manos Limpias pide que se compruebe la veracidad de esta información a través de la Policía Nacional o la Embajada de República Dominicana. La investigación surge en el contexto del caso Koldo, donde se investigan presuntos delitos de corrupción. La posible doble nacionalidad de Gómez ha generado controversia, especialmente tras conocerse que Joseba García, hermano de Koldo, viajaba frecuentemente a República Dominicana para recoger dinero en efectivo. El juez Peinado ha requerido los pasaportes de Gómez y su asistente Cristina Álvarez para analizar sus viajes al extranjero. La petición de Manos Limpias podría llevar a medidas cautelares como la retirada del pasaporte español o la prohibición de salir del territorio nacional si se confirma la nacionalidad dominicana.
La comisión de investigación sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 en el Congreso de los Diputados ha vetado la comparecencia de familias de víctimas críticas con el Gobierno de Pedro Sánchez. La letrada Pilar Esquinas ha solicitado la personación formal de Yolanda Garrido, afectada por la tragedia, y de la asociación Unión del Pueblo 29. La solicitud se fundamenta en los artículos 29 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/2001, que protegen el derecho de petición ante las Cortes. La exclusión de estas voces críticas ha generado malestar entre las familias afectadas, que reclaman una investigación sin filtros ni exclusiones partidistas. La comisión ha permitido la comparecencia de asociaciones afines a Compromís que han centrado sus críticas en Carlos Mazón, ex presidente de la Generalitat, en lugar de en el Gobierno de Pedro Sánchez. El veto ha reabierto el debate sobre la instrumentalización política de la investigación.
El Senado aprobó la Ley de Movilidad Sostenible con enmiendas del PP que extienden la vida de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes. También se recuperan las indemnizaciones por retrasos en Renfe a partir del 1 de enero de 2026. La ley vuelve al Congreso para su convalidación. El texto salió adelante con el apoyo de la mayoría, incluyendo a Junts, que se había distanciado del Gobierno de Pedro Sánchez. Vox votó en contra, mientras que PNV y Junts se abstuvieron. Las enmiendas del PP buscan blindar el mapa concesional de autobuses interurbanos y modifican la orden ministerial de 2020 para permitir que las nucleares soliciten nuevas autorizaciones. La medida se justifica por el papel de las nucleares en la mitigación del cambio climático. Renfe había eliminado las indemnizaciones en julio de 2024 debido a un aumento en las incidencias y el número de viajeros, lo que generó un coste de 42 millones de euros.
Comentarios