El título sensacionalista contrasta con un contenido que, aunque detallado, no aporta contexto adicional sobre la causa del enfado de Paqui Muñoz. La información se centra en describir el incidente sin profundizar en sus implicaciones legales o políticas.
El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ha remitido a la Fiscalía Europea una denuncia sobre posibles irregularidades en la obtención y gestión de 45 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a pulseras antimaltrato. La denuncia señala posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la obtención de subvenciones europeas y falsedad documental. El Ministerio de Igualdad afirmó que los dispositivos serían fabricados ad hoc, pero se adjudicó el contrato a una UTE por 42,6 millones de euros para adquirir pulseras estándar fabricadas en China. Los dispositivos presentaron numerosos fallos técnicos, incluyendo falta de resistencia al agua y facilidad para ser desconectados. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no ha impuesto sanciones a las empresas ni ha rescindido el contrato. La investigación apunta a posibles responsabilidades durante el periodo de Irene Montero y Ana Redondo como ministras de Igualdad.
José Luis Ábalos y Koldo García se querellan contra Leire Díez por presunto tráfico de influencias y obstrucción judicial. Acusan a Díez de controlar sus defensas y tener acceso a información reservada de la Guardia Civil y la Fiscalía. Ambos investigados en el 'caso Koldo' presentan escritos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid denunciando injerencias del PSOE. Leire Díez, conocida como 'la fontanera del PSOE', habría mantenido reuniones donde afirmaba controlar las defensas de varios investigados. Según los escritos, Díez habría modificado la estrategia procesal de Koldo García y apartado a un inspector que lideraba una 'operación de inteligencia paralela'. Los investigados aportan pruebas de una noticia de octubre de 2025 donde se detalla cómo Santos Cerdán impuso a Koldo García que Leire Díez controlara su defensa. La ruptura del supuesto pacto se produjo en junio de 2025 tras conocerse grabaciones de Koldo García a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Los abogados argumentan que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y revelación de secretos. Solicitan diligencias de investigación para esclarecer las posibles injerencias. El caso Koldo investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, con contratos adjudicados a Soluciones de Gestión SL y al empresario Víctor de Aldama. La investigación ha derivado en múltiples ramificaciones, incluyendo pesquisas sobre el sector de hidrocarburos y supuestas irregularidades en la adjudicación de macro contratos de obras públicas. La denuncia añade un nuevo capítulo a la crisis judicial que afecta a Pedro Sánchez y al PSOE.
El PP ha denunciado en el Parlamento Europeo una posible utilización irregular de 22 millones de euros de fondos UE concedidos a Openchips, empresa de la que es vicepresidenta Therese Jamaa, pareja del ministro José Manuel Albares. La ayuda fue concedida por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sin pasar por el Consejo de Ministros. Openchips está participada por el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y se dedica a desarrollar tecnología de microprocesadores. Esta no es la primera ayuda que recibe la empresa, ya que en 2023 obtuvo 111 millones de euros solo siete meses antes de la incorporación de Jamaa como directiva. La empresa se constituyó en noviembre de 2021 con un capital social de 3.214 euros y en 2022 declaró pérdidas de 67.500 euros. Therese Jamaa, de origen libanés, ha desarrollado su carrera en telecomunicaciones y tecnología, trabajando en empresas como Vodafone, Qualcomm y Huawei España. El PP exige conocer si la subvención se ajusta a los principios de transparencia e imparcialidad y pregunta a la Comisión Europea si la ausencia de intervención del Consejo de Ministros excluye el deber de evaluar conflicto de intereses.
Un grupo de fiscales y jueces europeos expresó su 'estupor' y 'preocupación' por el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general español. Advierten de un escenario 'sin precedentes' y posibles intereses 'oportunistas'. García Ortiz está acusado de revelar secretos por filtrar un correo sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al que Hacienda reclama 300.000 euros por fraude fiscal. Los firmantes, de perfil progresista, incluyen a Hans-Ernst Böttcher (Alemania), António Cluny (Portugal), Simone Gaboriau (Francia), Mariarosaria Guglielmi (Italia), Filipe César Marques (Portugal) y Gualtiero Michelini (Italia). Alertan de judicializar el enfrentamiento político y partidista, minando la credibilidad de la justicia. Subrayan la importancia de fortalecer instituciones democráticas y evitar interferencias. El juicio continúa con la declaración de García Ortiz el próximo miércoles. Los europeos confían en que los tribunales garantizarán la ley y preservarán el funcionamiento institucional.
Donald Trump, de 79 años, se quedó dormido durante una rueda de prensa en el Despacho Oval el jueves pasado. Un análisis de 'The Washington Post' reveló que estuvo 20 minutos en estado de somnolencia. Su equipo niega que estuviera durmiendo y destaca su ritmo de trabajo frenético. La Casa Blanca emitió un comunicado defendiendo que Trump habló durante todo el evento y respondió a preguntas de la prensa. El presidente anunció recortes de precios en medicamentos para bajar de peso y otros tratamientos. Su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y otros subsecretarios explicaron los detalles del anuncio. La agenda de viajes intensa de Trump ha sido señalada como posible causa de su somnolencia. El equipo de Trump niega comparaciones con Joe Biden, a quien llamaban 'Joe, el dormilón'. Trump interactúa con la prensa varias veces por semana, mientras que Biden rara vez lo hacía.
La colaboración de la Escolanía de Montserrat con Rosalía, cantando en español, ha generado conmoción e indignación en el independentismo catalán. Josep Lluís Alay calificó el hecho de "una de las peores noticias del año". Juliana Canet, influencer independentista, lo consideró "una humillación para los catalanes". Un diputado del PP, Hugo Manchón, denunció la "deriva sectaria" de Catalunya Ràdio. El abad Manel Gasch ha sido acusado de traidor por el independentismo debido a la invitación a los Reyes para el milenario de Montserrat. La crítica se produce después de que el mismo independentismo silenciara casos de pederastia en la abadía. La colaboración se produjo en una de las canciones del nuevo proyecto de Rosalía. El catalanismo está tratando de encajar lo que considera un giro de Montserrat. El Govern de Salvador Illa mantiene la presión identitaria en los medios públicos, según Manchón. La Escolanía de Montserrat es el coro infantil de la abadía benedictina de Montserrat. El hecho ha generado un intenso debate sobre la identidad catalana y el uso del idioma español en eventos culturales de la región.
El Tribunal Supremo investiga la expansión de una trama corrupta en toda la Administración Pública durante el gobierno de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, nombró a Koldo García Izaguirre como asesor y miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado y RENFE en junio y julio de 2020 respectivamente. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, investigado, conoció a García Izaguirre a través de su hermano Rubén, escolta de Ábalos, y organizó una visita del ministro al Senado de Méjico en febrero de 2019. La trama obtenía beneficios económicos a través de contratos con la Administración Pública. Se realizaron pagos mensuales a García Izaguirre, en ocasiones en presencia de Ábalos, y también se hicieron pagos en la República Dominicana. El Supremo considera que la orden de penetración en distintas áreas del Gobierno difícilmente podría haber sido dada por Ábalos sin el consentimiento o conocimiento de Sánchez. El caso implica un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso en Paseo de la Castellana nº 164 a nombre de Ábalos.
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