El contenido refleja el caos generado por el colapso de la web de evaluación de riesgos laborales, pero podría profundizar más en las consecuencias prácticas para los usuarios. Falta de respuesta clara del Ministerio sobre posibles prórrogas.
El juicio contra Álvaro García Ortiz continúa, con acusaciones de borrar pruebas. La fiscal jefe Almudena Lastra no borró su teléfono. El teniente coronel Antonio Balas declaró que García Ortiz borró datos importantes.
La diputada Cayetana Álvarez de Toledo cuestionó al ministro Ernest Urtasun sobre la incoherencia del Gobierno al pedir perdón por la actuación de España en América hace 500 años, pero no por las matanzas del comunismo ni el terrorismo de ETA. Urtasun defendió las disculpas de José Manuel Albares por 'dolor e injusticia' hacia pueblos originarios de México. Álvarez de Toledo destacó el legado español en Sudamérica, mencionando hospitales y universidades construidas y la erradicación del canibalismo. Criticó la doble vara de medir del Gobierno respecto a Arnaldo Otegi y ETA. Urtasun respondió que a Álvarez de Toledo le molesta que gobierne la izquierda en México y criticó a Milei por recortar la libertad cultural en Argentina.
Leire Díez, militante socialista, fue grabada en mayo por el fiscal Ignacio Stampa junto al empresario Javier Pérez Dolset. En la grabación, Díez se refirió a José Luis Ábalos y Koldo García con expresiones como 'castración química o que me dejen a mí patear'. El audio fue publicado por Libertad Digital. Stampa declaró ante el juez Arturo Zamarriego sobre esta reunión en el marco de la investigación de las cloacas del Partido Socialista. Díez y Dolset declararán como investigados el 17 de noviembre. La conversación también incluyó referencias a Baltasar Garzón y su relación con José Manuel Villarejo. Díez afirmó que Garzón cometió 'operaciones ilegales' siendo juez. Pérez Dolset aseguró que Villarejo investigó a Pedro Sánchez desde 2014 y vinculó a Sánchez con saunas relacionadas con Begoña Gómez, esposa de Sánchez. En marzo, la Fiscalía Anticorrupción detectó un delito de cohecho en el pago del piso de Jessica Rodríguez por la trama Koldo. Ábalos enchufó a Rodríguez en Ineco y Tragasatec.
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha suspendido cautelarmente a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, como abogado debido a una incompatibilidad con su cargo político. La decisión se tomó el 21 de octubre y se firmó el 22 de octubre tras una denuncia presentada el 17 de febrero de 2025 y una posterior denuncia deontológica. Bolaños fue colegiado ejerciente número 6XXXX desde el 19 de enero de 1999 y no solicitó la baja como abogado ejerciente pese a ser nombrado ministro en noviembre de 2023. El ICAM aplicó el artículo 18.1 del Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE), que establece que el ejercicio de la abogacía es incompatible con cargos al servicio del Poder Judicial o Administraciones estatales. Aunque se le concedió un plazo de 15 días para optar por la baja voluntaria, Bolaños no la formalizó. El ICAM resolvió que su condición de ministro constituye una incompatibilidad absoluta para ejercer la abogacía simultáneamente. Aunque no se apreció dolo ni culpa suficiente para sancionar, se le pasó automáticamente a la condición de no ejerciente. Bolaños podrá solicitar el reingreso como ejerciente cuando deje el cargo ministerial. El ICAM recordó que mantener el alta como abogado ejerciente mientras se es ministro es incompatible. La resolución se produjo en un momento delicado, ya que Bolaños ostenta la competencia sobre la relación institucional con la abogacía. Fuentes judiciales consultadas admiten que la compatibilidad era jurídicamente insostenible.
Los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han señalado a Moncloa por la filtración del correo electrónico del novio de Isabel Díaz Ayuso. Han declarado que Pilar Sánchez Acera, exdirectora del Gabinete de Presidencia, parecía tener dominio de la acción y sabía cuándo se iba a publicar el email de Alberto González Amador el 13 de marzo del año pasado a las 23:51 horas. Los técnicos observaron dos filtraciones: la primera fue el entrecomillado del correo del 2 de febrero con la confesión del novio de Ayuso que apareció en la Cadena Ser; la segunda fue todo el correo en sí. Álvaro García Ortiz borró los mensajes de su teléfono móvil el 16 de octubre del año pasado, el mismo día que fue imputado. Los peritos han confirmado que el borrado de mensajes y correos que realizó García Ortiz era 'irrecuperable'. La Abogacía del Estado ha recriminado a los agentes de la UCO que atribuyen la filtración a García Ortiz cuando más de 500 personas tenían acceso a ese correo. Dos peritos de parte propuestos por la defensa han afirmado que es imposible determinar cuándo y cuántos mensajes se borraron.
El Gobierno eliminará La Piedad, las virtudes y los cuatro evangelistas de la Cruz en la profanación del Valle de los Caídos. El proyecto, con un presupuesto de 30 millones de euros, busca dar más protagonismo a la naturaleza y crear un espacio más plural y democrático. El jurado del Concurso Internacional de ideas para la profanación del Valle de los Caídos anunció la propuesta ganadora en La Casa de la Arquitectura, en Madrid. El secretario general de Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero, destacó que la propuesta busca definir los límites del conjunto monumental e invita al diálogo. El Gobierno destinará 4 millones de euros para el concurso de ideas y la redacción del proyecto, y 26 millones para la 'resignificación' y la construcción de un museo o centro de interpretación. La Conferencia Episcopal ha mostrado su connivencia con el proyecto.
El fiscal Ignacio Stampa grabó una reunión con emisarios del PSOE el 30 de abril que duró más de tres horas. En ella, se transmitió la instrucción de Pedro Sánchez de 'limpiar todo' relacionado con su esposa Begoña Gómez, imputada por presuntos delitos. La reunión incluyó 12 referencias a Sánchez. Leire Díez y Javier Pérez Dolset, investigados en la causa, estuvieron presentes. El audio fue aportado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid como prueba de un intento de soborno. Stampa había sido apartado del caso Villarejo por la ex fiscal general Dolores Delgado. El encuentro se presentó como una 'disculpa' por la actuación de la Fiscalía contra Stampa, pero se reveló como un intento de obtener información para 'limpiar' la imagen de Begoña Gómez y su familia, incluyendo los negocios de su padre, Sabiniano Gómez, relacionados con saunas.
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