Crítica:
El título adelanta parte del contenido pero no menciona la profundidad de la investigación. La información detallada revela una compleja red de posibles irregularidades.
El título adelanta parte del contenido pero no menciona la profundidad de la investigación. La información detallada revela una compleja red de posibles irregularidades.
La familia de una joven de Cardedeu denunció al Hospital General de Granollers por un presunto delito de odio tras negarse a atender a la paciente en catalán el 18 de agosto de 2025. La doctora afirmó: «Si no me habla en español, no la atenderé» y «no le comprendo, soy peruana». La paciente acudió a urgencias con síntomas de intoxicación química. Representada por Acció Cassandra, la familia considera la conducta como humillante y vejatoria. El caso ha sido presentado en el juzgado de Granollers. La acusación sostiene que la negativa vulnera derechos constitucionales y se encuadra como delito de odio. Acció Cassandra solicita una investigación rigurosa para garantizar la dignidad de los ciudadanos que usan el catalán en servicios públicos esenciales, especialmente en emergencias sanitarias. El incidente pone de manifiesto la persistencia de casos de discriminación lingüística en la sanidad catalana. La entidad lamenta que otros casos semejantes hayan sido archivados, pero considera esta denuncia crucial para abrir nuevas vías jurídicas en defensa de la libertad lingüística. La familia y los colectivos implicados apelan al deber de los profesionales sanitarios de respetar los derechos de los pacientes y al cumplimiento de las garantías constitucionales. La protección de la lengua catalana es esencial para la unidad nacional y la convivencia pacífica en el marco jurídico nacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró al Cártel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista el 24 de noviembre. Esta medida permite justificar futuras operaciones en suelo venezolano si Donald Trump lo aprueba. La Autoridad Federal de Aviación estadounidense emitió un aviso de alerta el pasado sábado por el aumento de la actividad militar en el espacio aéreo de Venezuela, provocando la cancelación de vuelos de varias aerolíneas. En agosto, Washington aumentó la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro a 50 millones de dólares. Trump ordenó un despliegue militar en el mar Caribe en agosto y en septiembre el Ejército estadounidense comenzó a atacar «narcolanchas», hundiendo una veintena y matando a 83 tripulantes. La Administración republicana está preparada para una «nueva fase de operaciones» que podría incluir acciones en el terreno. Trump autorizó un plan de acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Se especula que Maduro podría exiliarse en Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Brasil, Cuba o Qatar si Trump derroca al régimen chavista. Rusia y Maduro mantienen relaciones estrechas y firmaron un acuerdo de cooperación en mayo. Turquía ha comprado petróleo y oro a Venezuela pese al embargo internacional. Brasil ha distanciado su postura del régimen chavista desde las elecciones venezolanas de julio de 2024. Cuba enfrenta una grave crisis social y económica. Qatar tiene experiencia en dar asilo a actores incómodos y medió en negociaciones entre Trump y la cúpula chavista.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, solicitó cancelar el interrogatorio a dos funcionarias de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que su defensa había pedido declarar como testigos hace un año. Las funcionarias iban a declarar el próximo viernes ante el juez Juan Carlos Peinado. Gómez está siendo investigada por intrusismo laboral y apropiación indebida por firmar un pliego de prescripciones técnicas para un contrato de 'asesoría técnica y tecnológica' con Deloitte por 60.000 euros. Su abogado, Antonio Camacho, había solicitado la declaración de estas testigos en noviembre de 2024 para aclarar si Gómez firmó el pliego por indicación de la UCM y para demostrar que Gómez fue quien planteó la idea del nombre 'Transformación Social Competitiva' para un máster. Ahora, la defensa de Gómez renuncia a estas declaraciones por no considerarlas necesarias. Sin embargo, no se opone a que se tome declaración a otras cuatro funcionarias de la UCM que acudirán ante el magistrado el mismo viernes. La Audiencia Provincial de Madrid había obligado al juez a resolver sobre la procedencia de llamar a declarar a estas testigos.
El presidente Pedro Sánchez ha generado estupor en el Tribunal Constitucional (TC) con sus declaraciones sobre la sentencia que condenó al ex fiscal general Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación. Sánchez sugirió que el TC podría corregir el fallo del Tribunal Supremo. Fuentes del TC consideran las declaraciones de Sánchez 'inaceptables y un escándalo', afirmando que el presidente parece tratar al TC como un organismo dependiente del Gobierno. García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de secretos tras filtrar información contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez propuso a la fiscal Teresa Peramato como sustituta de García Ortiz al frente de la Fiscalía General. El proceso para recurrir la sentencia implica agotar todas las instancias ante el Supremo antes de presentar un recurso de amparo ante el TC. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha modificado jurisprudencia para favorecer intereses del Gobierno de Sánchez. La defensa de Sánchez argumenta que el Gobierno respeta las sentencias pero discrepa con la 'orientación' del fallo. Sánchez negó que su Gobierno pretenda controlar el TS, contrastando con declaraciones de Ignacio Cosidó del PP en 2018. El TC deberá esperar a que García Ortiz solicite un incidente de nulidad de sentencia ante el Supremo antes de poder presentar un recurso de amparo.
La Audiencia Nacional investiga como terrorismo yihadista el ataque a vecinos y policías en Vallecas (Madrid). Un joven de 18 años de origen magrebí atacó con un cuchillo a viandantes y policías el 25 de noviembre de 2025. El ataque ocurrió en dos fases: a las 14:00 horas hirió levemente a tres personas y a las 16:30 horas atacó a la policía que lo abatió con tres disparos de subfusil. El joven fue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón bajo custodia policial. La investigación está a cargo de especialistas en terrorismo yihadista de la Brigada de Información de la Policía Nacional. El sindicato policial JUPOL acusa al Ministro del Interior, Grande-Marlaska, de intentar minimizar el carácter yihadista del ataque y de negar la existencia de un problema grave de inseguridad en España. El ataque se produjo con un cuchillo de grandes dimensiones y el agresor gritó '¡Alá es grande!' y 'Os voy a llevar a todos conmigo'. La policía utilizó una pistola eléctrica Taser sin éxito antes de disparar.
El Ministerio de Transportes abonó 8.717,42 euros por el viaje oficial de José Luis Ábalos a Marruecos del 24 al 26 de enero de 2019. La comitiva incluía a Santos Cerdán y Jésica Rodríguez, 'amiga' de Ábalos. El viaje incluyó reuniones con el primer ministro marroquí Saad-Eddine El Othmani y otros ministros. La UCO confirmó que Jésica Rodríguez cobró 3.000 euros por el viaje. La delegación se alojó en el Sofitel Jardin des Roses de Rabat, uno de los hoteles más exclusivos de Marruecos. Ábalos mantuvo reuniones con varios ministros marroquíes y visitó el mausoleo de Mohammed V. Jésica Rodríguez, entonces estudiante de Odontología, acompañó a Ábalos en otros viajes internacionales posteriormente. La UCO validó la información previamente publicada por THE OBJECTIVE en septiembre de 2024.
El PSOE teme que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, revele información sensible al ingresar en prisión el próximo jueves 27 de junio. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos. Fuentes socialistas creen que Ábalos 'va a cantar' para reducir su pena. Koldo García es señalado como el filtrador de noticias falsas, y se teme que revele asuntos sensibles del Gobierno y el partido. Koldo fue colaborador de la Guardia Civil y tiene información sobre las primarias de 2017 y el Delcygate. Ábalos y Koldo parecen estar sincronizados en sus estrategias. Santos Cerdán, otro implicado, ha mostrado lealtad al partido y no ha filtrado información. El PSOE teme las consecuencias de dejar solo a Cerdán y que Ábalos y Koldo revelen información sensible.
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