El artículo revela la controversia en torno al nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general, destacando su vinculación con Dolores Delgado y la UPF. La crítica se centra en la falta de imparcialidad y el continuismo en la institución.
El comisario Villarejo afirma haber trabajado más para el PSOE que para el PP en una entrevista con THE OBJECTIVE. Describe su relación con la familia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, desde finales de los noventa. Explica que en 2005 o 2006 se formalizó su conexión con la Unidad Central de Información para monitorizar una sauna de ambiente homosexual frecuentada por individuos vinculados a ETA y al independentismo radical. Villarejo sostiene que su labor incluía la instalación de equipos de grabación para evitar atentados y reclutar confidentes. En 2014, recibió el encargo de analizar la figura de Pedro Sánchez tras su elección como secretario general del PSOE. El informe incluía información sobre perfiles relevantes que frecuentaban las saunas. Villarejo confirma la autenticidad de un audio que menciona supuestos problemas de Begoña Gómez para justificar ingresos. Asegura que solo ha salido a la luz el 1% del material incautado en 2017.
José Luis Ábalos confirmó que Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi se reunieron en 2018 en un caserío vasco para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ábalos afirmó que fuentes presenciales le contaron sobre la reunión. Sánchez y Otegi negaron el encuentro, calificándolo de 'mentira' y 'rotundamente falso'. La vicepresidenta María Jesús Montero respaldó a Sánchez, cuestionando que se dé más credibilidad a Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo, que al presidente. El exasesor Koldo García, también presente supuestamente, confirmó la reunión. Montero sugirió que Ábalos podría estar cambiando su estrategia ante su inminente declaración en el Tribunal Supremo por el 'caso Koldo'.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, a cargo de Arturo Zamarriego, ha citado a Santos Cerdán y Antonio Hernando para el 2 de febrero de 2026 a las 10:30 horas, en calidad de testigos. Esta citación se produce tras ser implicados por Leire Díez en el caso conocido como las "cloacas del PSOE". Junto a ellos, declararán los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero. Hamlyn, imputado en un caso de hidrocarburos y fugado en Dubái, mantuvo una videoconferencia grabada con Leire Díez y Javier Pérez Dolset, donde Díez manifestó: «Quiero muerto al teniente coronel Balas». Por su parte, Luis del Rivero asistió a una reunión grabada con Ignacio Stampa. La providencia judicial advierte de multas de 200 a 5.000 euros por incomparecencia, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los cuatro comparecientes, al ser testigos, tienen la obligación legal de decir la verdad para evitar un delito de falso testimonio. El juez Zamarriego también ha solicitado a la Comisaría General de Policía Científica, a través de la Unidad adscrita de Policía Judicial, que mejore el audio aportado por el fiscal Ignacio Stampa, correspondiente a la reunión con Leire Díez y Javier Pérez Dolset. En caso de imposibilidad técnica, se procederá a su transcripción. Esta grabación supera las tres horas y presenta tramos de silencio y baja calidad sonora. Además, se ha pedido determinar si la grabación fue realizada por un asistente o por un tercero ajeno a la reunión. Asimismo, Zamarriego ha requerido al PSOE información sobre la vinculación de Leire Díez, Santos Cerdán y Antonio Hernando con el partido. La solicitud, dirigida a la unidad adscrita de Policía Judicial para su tramitación a través del secretario de Organización, pide detalles sobre si Leire Díez es o fue afiliada al PSOE, incluyendo fechas de alta y cese, actividades desempeñadas y remuneraciones percibidas. Se solicitan los mismos datos de afiliación, actividad real y percepciones económicas para Antonio Hernando y Santos Cerdán. Leire Díez ya declaró previamente, escuchó las grabaciones donde se presentaba como enviada de Cerdán, negó conocer a Pedro Sánchez, pero admitió reuniones con Cerdán, ahora citado.
José Luis Ábalos, exministro de Fomento y antiguo número dos de Pedro Sánchez en el PSOE, ha desmentido al presidente del Gobierno, afirmando que Sánchez se reunió en 2018 con Arnaldo Otegi, líder de Bildu y etarra convicto. Ábalos aseguró en la red social X que "Esa entrevista existió", contradiciendo la versión de Sánchez. El presidente del Gobierno, durante un viaje oficial en Angola este lunes, había negado categóricamente una reunión suya, de Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE) y Otegi en un caserío del País Vasco en mayo de 2018, calificándola de "mentira". Esta supuesta reunión habría tenido como objetivo asegurar el apoyo de Bildu para la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ábalos, exministro de Transportes, ha revelado que su información proviene de "fuentes presenciales", quienes le confirmaron la existencia de la cita para negociar la moción de censura contra Rajoy. La Moncloa, por su parte, intenta desacreditar la versión de Ábalos, insinuando que sus declaraciones son una reacción a su situación procesal. Ábalos está imputado en un caso de supuesto cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia, con la Fiscalía solicitando 24 años de cárcel para él. En contraste, para Víctor de Aldama, otro empresario investigado en la trama, se han pedido 7 años. Fuentes del Gobierno sugieren que "cuando alguien está a las puertas de la cárcel", puede manifestar este tipo de declaraciones. Subrayan que Ábalos podría no estar conforme con el trato recibido en comparación con otros investigados. A pesar de las dudas sobre la fiabilidad de Ábalos, el Gobierno confía en que Santos Cerdán no "se enganche a decir cosas que no sean o intentar trasladar dudas o sombras sobre los demás". Reconocen que "nunca se termina de conocer a las personas" y que "la gente se trastorna cuando está en los procesos judiciales", en clara alusión a Ábalos, pero esperan que no adopte "comportamientos extraños" como otros investigados que han colaborado con la Fiscalía a cambio de reducción de penas, como Aldama.
El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ha requerido al PSOE que justifique todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 en un plazo de 10 días. La Fiscalía Anticorrupción sospecha posible blanqueo de capitales relacionado con pagos a José Luis Ábalos y Koldo García. El PSOE deberá presentar una relación de pagos en metálico y documentos justificantes. La investigación se centra en posibles irregularidades cometidas durante la etapa de Pedro Sánchez al frente del partido. El Tribunal Supremo detectó discrepancias en la información proporcionada por el PSOE sobre pagos en efectivo a Ábalos y García. La UCO de la Guardia Civil deberá analizar mensajes y documentos incautados en dispositivos electrónicos. El ex ministro Ábalos y el ex asesor Koldo García están implicados en la investigación por presunta corrupción. Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, salió de prisión recientemente. La empresaria Carmen Pano declaró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en 2020. El PSOE afirma que su contabilidad es 'clara' y 'transparente'.
José Luis Ábalos acusa a Yolanda Díaz de dejar su vivienda oficial a otras personas sin derecho. La vivienda de Díaz es la más grande de todos los ministros con 443 metros cuadrados. Ábalos responde después de que Díaz le llamara 'golfo' antes de una vista en el Tribunal Supremo que podría derivar en su ingreso en prisión. Ábalos destaca su papel durante la pandemia de COVID-19, donde tuvo responsabilidad ejecutiva y controló la movilidad del país. Díaz es ministra de Trabajo y líder de Sumar. La vivienda oficial está ubicada en el Paseo de la Castellana, Madrid, y supera en tamaño a la de otros ministros como Pilar Alegría. El conflicto surge a pocas horas de la vista judicial contra Ábalos.
El Gobierno gastó 60 millones de euros en publicidad institucional en diez meses de 2025, según datos del Portal de Contratación del Estado analizados por THE OBJECTIVE. Esto sitúa al Gobierno cerca de los 70 millones adjudicados en 2024. El gasto total previsto para 2025 era de 161 millones, pero solo se han adjudicado 45 de las 146 campañas previstas. El nuevo sistema de licitación que impulsa el Ministerio de la Presidencia podría cambiar los criterios de reparto de publicidad institucional. Entre las campañas más destacadas están la de 'sensibilización fiscal' por 7.4 millones, 'seguridad vial' por 5.8 millones y 'concienciación contra la violencia contra las mujeres' por 3.8 millones. Si se incluye el gasto de empresas públicas como Renfe, ADIF y Correos, el total podría alcanzar los 140 millones, convirtiendo al Estado en el principal anunciante de España.
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