El título revela la controversia en el currículum de la concejal, pero el contenido profundiza más en la falta de formación de varios ediles de Bildu. La conexión entre el pasado del bar y la concejal resulta débil al no demostrar vínculo directo actual.
La Fiscalía Anticorrupción imputa a José Luis Ábalos y Koldo García un delito de uso de información privilegiada relacionado con el rescate de Air Europa con 476M€. El juez Leopoldo Puente decretó prisión provisional para ambos. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los delitos de uso de información privilegiada (artículo 442 del Código Penal) y aprovechamiento de información privilegiada (artículo 418). Ábalos enfrenta una posible pena de 2 años de prisión y Koldo de 1 año y 6 meses. El delito implica un déficit de control que podría escalar responsabilidades hasta Pedro Sánchez. La nota de prensa favorable a Air Europa se publicó el 8 de agosto de 2020, antes de que la compañía solicitara oficialmente el rescate el 7 de septiembre. Ábalos asegura que no entiende por qué no se imputa a Air Europa ni a Jésica por presunto cohecho. La investigación apunta a un posible intercambio de favores, incluyendo un chalet vacacional en Marbella. Expertos en compliance como María de la Torre destacan que este delito señala un 'déficit de control' y conlleva inhabilitación especial para cargo público de hasta 12 años.
La Audiencia Nacional absuelve a Yassine Kanjaa, autor del asesinato de un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023, debido a su enfermedad mental. La sentencia ordena su internamiento en un centro psiquiátrico por un máximo de 30 años. Los magistrados apreciaron eximente completa de alteración psiquiátrica. El yihadista presentaba un cuadro de filiación esquizofrénica con descompensación psicótica aguda que anulaba sus facultades. La Fiscalía pedía hasta 50 años de cárcel por intento de asesinato y asesinato con carácter terrorista, pero la Sala de lo Penal descartó esta calificación al no apreciar una alteración grave de la paz pública ni un estado de terror en la población. La sentencia incluye indemnizaciones de 150.000 euros a la viuda del sacristán, 50.000 euros a cada uno de sus hijos y 17.000 euros a los familiares del sacerdote herido. La magistrada Carolina Rius emitió un voto particular defendiendo que el trastorno del acusado no debería impedir considerar sus actos como terrorismo, lo que permitiría a las víctimas acceder a ayudas específicas.
Menos de 24 horas después del acuerdo entre Gobierno y sindicatos, los funcionarios recibirán un incremento salarial del 2,5% en diciembre con efectos desde el 1 de enero de 2025. El aumento, parte de un pacto que incluye subidas del 11,4% en cuatro años, ha generado sorpresa entre los empleados públicos por su rapidez y se especula que podría estar relacionado con un eventual adelanto electoral. Los sueldos de los funcionarios oscilarán entre 11.112,92 euros y 34.801,72 euros anuales. El acuerdo también incluye la eliminación de la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna y movilidad, y la adaptación de la clasificación de puestos de trabajo. Las negociaciones fueron rápidas a pesar de las posturas inicialmente distanciadas. El incremento total previsto para los próximos años es del 11,4%, distribuido en un 2,5% retroactivo para 2025, un incremento fijo del 1,5% en 2026 (más un 0,5% adicional si la inflación es igual o superior al 1,5%), un 5% (o 4,5% si se confirma el adelanto del año anterior) en 2027, y un 2,4% en 2028.
Una empleada de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense declaró ante el juez que Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, actuaba como interlocutora de Begoña Gómez en cuestiones relacionadas con el software del proyecto. La declaración se produjo el 28 de noviembre de 2025 ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, donde el magistrado Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. En noviembre de 2024, el juez abrió una nueva línea de investigación debido a una querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del software de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez. El juez imputó a Gómez apropiación indebida de marca e intrusismo. Ahora, Peinado ordena diligencias para esclarecer si Gómez cometió un delito de intrusismo al firmar la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares relativas a la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), así como documentos y pliegos técnicos del contrato con Deloitte para el desarrollo del software. La defensa de Gómez ha incidido en que firmó dichos pliegos por órdenes de la Complutense. La interventora de la Universidad Complutense, María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha descartado que Gómez actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra TSC. El juez Peinado ha avisado de que si envía la causa a juicio, Gómez sería juzgada por un jurado popular.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intromisión en la causa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La APM exige el cese de ataques contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial. Durante el XXVII Congreso Nacional de la APM, la presidenta Mª Jesús del Barco criticó la reforma del acceso a la carrera judicial y la falta de presupuestos para crear 2.500 plazas de jueces y fiscales. El ministro Félix Bolaños defendió la libertad de expresión y las reformas legales, asegurando que no afectan a la independencia judicial. La APM rechazó las declaraciones de Bolaños, calificándolas de «vicios ocultos». La Ley de Eficiencia ha reducido la pendencia un 5% en España y un 92% en Molina de Segura. El Gobierno planea crear 2.500 plazas de jueces en 3 años si se aprueba la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial.
La Unidad de Delitos Económicos de la UCO está investigando al ex secretario general del PSOE Santos Cerdán por su patrimonio y conexiones empresariales. Se ha descubierto una red de empresas vinculadas al PNV, incluyendo a Joseba Antxon Alonso, socio de Cerdán, y a la expresidenta navarra Uxue Barkos. La investigación ha revelado correos electrónicos que muestran una relación cercana entre Alonso y Barkos, así como entre Alonso y Manu Ayerdi, entonces vicepresidente y consejero de Desarrollo Económico de Navarra. La UCO ha encontrado una asesoría legal compartida por empresas de Alonso y otras vinculadas al PNV, con pagos cruzados y sinergias societarias sospechosas. La investigación también ha descubierto que Alonso ha estado vendiendo sus sociedades, incluyendo Next Generation Caliope Innova, una consultora para energías renovables, y ha dejado de ser administrador único de la misma. Otras empresas implicadas son Alegure y Grupo Mining Team, que se hicieron con contratos públicos en Navarra y Aragón. El PNV ha mostrado nerviosismo ante estas revelaciones, que podrían salpicar a empresarios y políticos vinculados al partido.
El ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García ha generado convulsión en el PSOE. Ábalos amenazó con revelar información sobre el rescate de Air Europa y la implicación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El Gobierno instaló un gabinete de crisis en Moncloa. Dirigentes del PSOE temen el peor escenario y consideran que Begoña Gómez es el 'talón de Aquiles' de Pedro Sánchez. La situación judicial del PSOE se agrava con tres causas abiertas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El exministro Ábalos manifestó su intención de 'abrir el melón de Air Europa' y aseguró que 'podemos llegar a Begoña'. La derrota parlamentaria sobre el techo de gasto complica aún más la situación del Gobierno. Los socialistas más veteranos creen que Ábalos 'solo ha empezado a asomar la patita de su venganza'. El clima de colapso y descomposición interna en Moncloa es evidente. Los rumores de crisis de gobierno y convocatoria electoral se suceden. Pedro Sánchez podría dimitir si Begoña Gómez es condenada.
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