El título refleja fielmente el contenido, destacando la imposibilidad de verificar datos en la contratación pública. La crítica se centra en la falta de estándares y la descoordinación institucional, aunque podría profundizar en soluciones concretas.
El jefe de la brigada antidroga de Valladolid, L.F., fue detenido el 4 de diciembre de 2025 por Asuntos Internos de Madrid por quedarse alijos de operaciones contra el narcotráfico. La Policía Nacional registró su vivienda en Arroyo de la Encomienda y la Comisaría de Delicias en Valladolid. El detenido es pareja de Marta Sanz, concejal del Partido Popular en Arroyo de la Encomienda. La investigación continúa abierta y hay al menos otros cuatro detenidos según el Diario de Valladolid. Asuntos Internos sospechó del jefe antidroga por su alto nivel de vida. Los investigadores tratan de averiguar qué hacía con los alijos incautados. La vivienda de la pareja fue registrada en busca de pruebas. El operativo incluyó el precintado y registro de zonas y taquillas en la comisaría. Otros agentes están siendo interrogados como posibles testigos. La detención se produjo durante la mañana en el marco de una operación antidroga. El alto cargo de la Policía Nacional es el único policía detenido por el momento.
José Luis Ábalos declara que Pedro Sánchez ordenó al PSOE pagar su abogado, José Aníbal, hasta hace 2 meses. Aníbal defendía los intereses del PSOE, no los de Ábalos. El abogado asumió la defensa tras conocerse la imputación en el Tribunal Supremo. Ábalos estuvo en prisión y tuvo desencuentros con Aníbal, quien presionó para que dejara su acta de diputado. El PSOE abrió un expediente disciplinario contra Ábalos y le ofreció beneficios a cambio de dejar su escaño. Finalmente, Ábalos cambió de abogado y contrató a Carlos Bautista, ex fiscal de la Audiencia Nacional. La reunión secreta entre los 'fontaneros' de Ferraz y Aníbal se llevó a cabo en su despacho. El objetivo era evitar que Ábalos hablara contra el PSOE. Santos Cerdán se reunió con Ábalos y le ofreció trabajo en una consultora y presencia en medios a cambio de dejar su escaño.
Cataluña es la región con mayor incidencia de delincuencia grave en España según el informe 'Demografía de la delincuencia en España' del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS. En el trienio 2022-2024, Cataluña registró 2.3 veces más violaciones por millón de habitantes que el resto de España. Lérida encabezó la lista de violaciones. Cataluña también lidera en robos con violencia o intimidación (134% más que la media) y okupaciones (3.6 veces más que el resto de España). Los autores, Alejandro Macarrón y Joaquín Leguina, atribuyen esto a la inmigración y la permisividad de las autoridades catalanas. El informe destaca que la tasa de okupación es 'impactante' y sugiere que penas más altas y más efectivos policiales podrían ayudar. España sigue teniendo baja incidencia de delitos graves excepto en usurpación de viviendas. El estudio analiza la relación entre inmigración y criminalidad, concluyendo que ciertas comunidades inmigrantes tienen tasas de criminalidad más altas.
ERC ha logrado un acuerdo con el Govern de Salvador Illa para crear una Oficina de promoción de las selecciones catalanas. La oficina contará con 100.000 euros y dependerá del Consell Català de l'Esport. ERC busca el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas. El acuerdo forma parte del pacto de investidura entre ERC y PSC, aunque inicialmente pasó inadvertido. La oficina también trabajará para que el Consejo Superior de Deportes apoye el reconocimiento de las selecciones catalanas. EH Bildu también ha solicitado al Gobierno de España que se comprometa con la oficialidad de las selecciones autonómicas de las regiones históricas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado confirmar su apoyo a esta iniciativa. La dotación inicial de la oficina será de 100.000 euros y se espera que esté operativa en los próximos meses. El consejero de Deportes, Berni Álvarez, detalló que la oficina promoverá la proyección internacional de las federaciones catalanas.
El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, busca erradicar el término 'Charo' usado para referirse despectivamente a mujeres feministas solteras mayores de 30 años. El Instituto de las Mujeres ha financiado un informe titulado 'Análisis del discurso misógino en redes: una aproximación al uso del término «Charo» en la cultura del odio'. El término se originó en 2011 en el foro Forocoches y se ha extendido a redes sociales, generando derivaciones como 'charía' y 'charocracia'. El Ministerio considera que el uso del término es una forma de violencia simbólica que busca silenciar a las mujeres y restaurar la hegemonía masculina. El informe propone reforzar la vigilancia en plataformas digitales y promover masculinidades respetuosas. La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, anunció que se generarán informes para comprender la violencia contra las mujeres en Internet. La publicación del informe ha generado críticas en redes sociales, con más de 200.000 visualizaciones, cuestionando el uso de dinero público para este fin y comparándolo con la vigilancia orwelliana de '1984'. Usuarios han ironizado sobre el coste del informe y han pedido que se monitoricen también términos usados por feministas como 'machirulos' o 'señoros'.
La constructora Sumelzo S.A., propiedad de la familia de Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, experimentó un aumento del 153% en sus ventas entre 2018 y 2020, alcanzando los 16,2 millones de euros. Sus principales clientes son administraciones públicas del PSOE, especialmente la Confederación Hidrográfica del Ebro, que le adjudicó contratos por valor de 16 millones de euros. La empresa está presidida por Juan José Sumelzo Jordán y Fernando Sumelzo Cía, hermano y padre de Susana Sumelzo, respectivamente. La UCO investiga un pago de 12.100 euros a Servinabar, una constructora vinculada a presuntas comisiones por adjudicaciones de obra pública. En 2015, la facturación alcanzó los 12 millones de euros gracias a contratos del Gobierno aragonés con Javier Lambán al frente. En 2019, la facturación fue de 9 millones de euros y en 2023 superó los 13 millones. Susana Sumelzo fue apoderada de la empresa en 2007 pero cesó en 2008 al ser elegida senadora.
La juez Rosario Espinosa Merlo ha inadmitido a trámite la querella presentada por Abogados Cristianos contra Miguel Ángel Gómez Fernández, cuñado de Pedro Sánchez, por presunto delito de tráfico de influencias y malversación. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha tumbado la acusación tras el informe contrario del Ministerio Fiscal del 20 de noviembre de 2025. Gómez Fernández es director de Vancouver Media desde octubre de 2018. La querella acusaba a Gómez Fernández de beneficiarse de su relación familiar con Sánchez para obtener beneficios indebidos. Vancouver Media recibió 4.3 millones de euros en 2019 y 12 millones en 2020 y 2021 en deducciones fiscales. La juez descarta la aplicación del artículo 423 del Código Penal sobre malversación y concluye que no hay indicios de tráfico de influencias. Abogados Cristianos recurrirá a la Audiencia Provincial de Madrid. La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, permanece investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Su hermano, David Sánchez, ha sido enviado a juicio por malversación y prevaricación.
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