El artículo presenta una clara parcialidad a favor de Vox y Jorge Campos, mientras que retrata a Balti Picornell de manera negativa. La información proporcionada es principalmente sobre las polémicas protagonizadas por Picornell durante su mandato.
El Ministerio del Interior ha publicado los datos de criminalidad de enero a septiembre de 2025, revelando un aumento del 17,7% en Rivas respecto al mismo periodo de 2024. Vecinos y comerciantes denuncian la inseguridad 'alarmante' y critican al Ayuntamiento gobernado por IU, PSOE y Más Madrid por 'mentir' sobre la efectividad de sus medidas de seguridad. Los delitos sexuales aumentaron un 77,7%, los robos con fuerza en domicilios y comercios un 50%, y los robos de coches un 37%. La propietaria de un bar-restaurante denunció haber sido robada 8 veces en el último año, con pérdidas de casi 12.000 euros. Los vecinos expresaron su miedo y frustración por la falta de seguridad y la percepción de que el Ayuntamiento manipula los datos para mostrar una disminución de la criminalidad. La oposición criticó al Gobierno local por comparar el tercer trimestre con el segundo en lugar de hacer una comparación interanual. La alcaldesa, Aída Castillejo, atribuyó los 'buenos resultados' a las medidas implementadas, como la incorporación de 7 nuevos agentes de Policía Local y 47 efectivos de Guardia Civil. Sin embargo, los ciudadanos consideran que estas medidas son insuficientes.
La Conselleria de Educación y Universidades de Baleares ha firmado un acuerdo para pagar el incremento salarial del 2,9% congelado en 2020 y 2021 a 5.000 docentes de centros educativos concertados. El pago, aproximadamente 15 millones de euros, se realizará en dos fases durante 2026 y 2027, condicionado a la disponibilidad presupuestaria. El acuerdo incluye una cláusula para adelantar la recuperación de los porcentajes acordados si se dan las condiciones económicas. El documento ha sido rubricado por el conseller Antoni Vera, sindicatos (USO, STEI, FSIE, UGT y CCOO) y patronales (Escuela Católica, Centros de Enseñanza y Confederación Española, entre otros). La medida beneficiará a docentes y profesores jubilados afectados por la congelación salarial durante la pandemia. La decisión sigue la orden del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de devolver el 2,9% a personal público. El acuerdo marco de marzo de 2023 ha visto cumplidos varios de sus puntos, incluyendo la revisión de módulos para gastos de funcionamiento, equiparación salarial con el profesorado de la red pública, y reducción de la carga lectiva semanal a 23 horas para ESO, bachillerato y formación profesional. Además, se han iniciado pagos de complementos por antigüedad y formación. La Conselleria ha impulsado mejoras en centros concertados, como la dotación de un ATE por centro, contratación de psicólogos educativos, y aumento de horas de dotación adicional. También se ha ampliado la concertación de servicios de orientación educativa y recursos para la atención a la diversidad.
Óscar Puente, Ministro de Transportes, propone vender billetes sin asiento en trenes de Renfe para aumentar ocupación y evitar asientos vacíos. Renfe reportó casos de usuarios que compraban plazas y no las usaban desde 2022. Puente argumenta que viajar de pie es habitual en Europa. El presidente de Renfe es partidario de esta medida para tránsitos no muy largos. La ocupación objetivo es del 100%. Actualmente, Renfe aplica una fianza de 20 euros a quienes no usan su plaza al menos tres veces. Puente también cuestiona la necesidad de controles de seguridad en estaciones de tren, señalando que en el resto de Europa no existen. Los controles en España se implementaron tras los atentados del 11-M de 2004. El ministro considera este tema 'muy delicado'.
El ex magistrado Luis Sáenz de Tejada ofreció gratuitamente al presidente Pedro Sánchez una querella contra la juez Beatriz Biezma, instructora del caso de su hermano David Sánchez. La querella, presentada en septiembre de 2024, acusaba a Biezma de prevaricación y vulneración de derechos fundamentales. Aunque Sáenz de Tejada aseguró que probaba la irregularidad procesal en la investigación, Sánchez no ha presentado ninguna acción legal en tres meses. El caso David Sánchez investiga la presunta creación irregular de su plaza en la Diputación de Badajoz. La instrucción ha finalizado y se prevé juicio antes de verano. La Fiscalía se ha posicionado en contra de la recusación de varios magistrados del tribunal. La juez Biezma descartó acusaciones de 1.5 millones de euros en cuentas bancarias de David Sánchez y defraudación a Hacienda. Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial en 2019 por violencia psicológica contra su ex mujer, ha mantenido una campaña contra Biezma a través de redes sociales y vídeos.
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una iniciativa en las Cortes Valencianas solicitando la destitución de Pilar Bernabé como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana debido a su manejo del 'caso Salazar'. El PP acusa a Bernabé de negligencia al no proteger a las víctimas de presunto acoso sexual por parte de Francisco Salazar, ex alto cargo del PSOE y Moncloa. La propuesta obliga a los socialistas valencianos a posicionarse sobre el cese de Bernabé. El caso afecta directamente a dos dirigentes socialistas valencianas: Rebeca Torró (secretaria de Organización) y Pilar Bernabé (secretaria de Igualdad). El PP critica que las denuncias de las trabajadoras se borraron sin investigar y sin apoyo a las víctimas. El portavoz del PP, Fernando Pastor, exige la dimisión inmediata de Bernabé. La decisión final sobre el voto corresponde al PSPV, liderado por la ministra Diana Morant.
El PSOE ha eliminado de su página web el perfil de Francisco Salazar, ex secretario ejecutivo de Acción Electoral, tras conocerse denuncias de acoso sexual. Salazar cobraba 6.724,80 € brutos al mes. La información se mantuvo hasta diciembre de 2025. Salazar renunció en julio de 2025 tras publicarse testimonios de mujeres que lo acusaban de acoso. El PSOE admitió que gestionó mal las denuncias y prometió transparencia. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se renovó en julio de 2025 tras la entrada en prisión de Santos Cerdán. Políticas feministas del PSOE exigieron explicaciones sobre la gestión del caso. Adriana Lastra pidió que el comité antiacoso eleve las denuncias a la Fiscalía. Salazar era licenciado en Ciencias Políticas por la UNED y tenía un máster en Gestión Medioambiental. Fue ponente en jornadas y congresos sobre agricultura y medio ambiente.
Bernardo Ciriza, ex consejero de Navarra, acompañaba a Santos Cerdán al Ministerio de Transportes para impulsar empresas que luego pagaban mordidas. Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Ciriza se reunían con José Luis Ábalos y Javier Herrero. Se interesaban por obras en Navarra, como el trazado ferroviario de Pamplona. El Tribunal Supremo investiga a Cerdán por presuntamente amañar obras públicas. El juez Leopoldo Puente lo envió a prisión preventiva por indicios de conformar una organización criminal con Ábalos y Koldo García para obtener premios económicos por adjudicaciones ilícitas de obra pública. La trama involucraba a la empresa Servinabar y Acciona Construcciones. Cerdán y Ciriza iban con planos del trazado ferroviario y presionaban para que llegara la alta velocidad a Pamplona, un proyecto que llevaba 20 años paralizado. El PP denunció la trama de corrupción en la Comisión de Investigación del Senado. Cerdán es electricista de formación, pero no ingeniero, lo que no le impidió interesarse por proyectos de ingeniería.
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