El título anticipa el hallazgo de información relevante en el móvil del hermano de Koldo, cumpliendo parcialmente las expectativas al ofrecer detalles sobre la investigación. La noticia podría profundizar más en el impacto de estos hallazgos en la trama corrupta.
Nicole Neacsu, amiga de Koldo García, cobró 88.724 euros de Emfesa, empresa pública vinculada a ADIF. Trabajó 30 meses como delegada territorial de la zona Norte. Su contratación se ajustó a la normativa interna según Emfesa. Koldo García la conoció en el prostíbulo Rosalex de Pamplona donde ella trabajaba como encargada en Olimpo, un club de alterne en Burlada (Navarra). García solicitó un favor personal a Santos Cerdán para ayudar a Neacsu a encontrar trabajo en Valencia. La empresa justificó su contratación a través de su bolsa de empleo activa. Neacsu realizó diversas funciones en Emfesa, incluyendo verificar información para el director del contrato y localizar puntos de acopio para residuos especiales. Su salario se distribuyó en 6.474 euros en 2022, 36.326 euros en 2023 y 37.997 euros en 2024. Vicente Calzado, director de Emfesa, fue acusado de nepotismo por contratar a seis personas de su confianza.
Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, usó una tarjeta de crédito de Servinabar para gastos personales en Ibiza tras lograr un contrato de 240 millones para Acciona en Baleares. La Unidad Central Operativa (UCO) detectó un aumento en el uso de la tarjeta de Servinabar por parte de Cerdán entre el 3 y 14 de agosto de 2022, coincidiendo con una estancia en Ibiza con su familia. Los gastos incluían chiringuitos, restaurantes y la discoteca Ushuaïa. La adjudicación del contrato a Acciona por 198 millones de euros (240 millones con impuestos) se realizó en mayo de 2022 y se formalizó el 6 de julio de 2022. Ese año, Acciona ingresó 1,18 millones de euros en Servinabar, presumiblemente como 'comisión' por el contrato. Además, Cerdán usó la tarjeta para gastos de campaña en las elecciones andaluzas de junio de 2022 en Málaga y Sevilla. La UCO investiga estos movimientos como parte de una trama de corrupción.
El hijo de José Luis Ábalos denuncia que el PSOE pagó los honorarios de su abogado, José Aníbal Álvarez, para mantenerlo controlado y minimizar el perjuicio para la imagen del partido. Ábalos estuvo en prisión provisional desde el 27 de noviembre y cambió de abogado el 13 de octubre. Víctor Ábalos, hijo del exministro, afirma que Ferraz abonó los gastos de defensa para controlar a su padre. El exministro rompió con Álvarez debido a 'diferencias irreconducibles' y 'deterioro de confianza'. Víctor Ábalos comparecerá en la 'comisión Koldo' del Senado para explicar los ofrecimientos de Ferraz a su padre tras la detención de Koldo García y su imputación. José Aníbal Álvarez ha negado haber recibido dinero del PSOE y afirma que fue contratado por Ábalos. El abogado envió la minuta al Tribunal Supremo por once meses y siete días de asistencia legal.
La presidenta de Navarra, María Chivite, cesó al director general de Obras Públicas, Pedro López, en medio de una crisis política por los sobrecostes en la duplicación del túnel de Belate, donde están implicados 8,5 millones de euros. El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, tío de la presidenta, está señalado por sus propios socios de Gobierno debido a las decisiones tomadas en el proyecto. La Intervención General del Gobierno de Navarra cuestionó el modificado del proyecto, afirmando que el 69,71% del sobrecoste carece de respaldo técnico suficiente. Los socios de Gobierno exigieron responsabilidades inmediatas y el cese de Óscar Chivite. El PP elevó el tono pidiendo elecciones anticipadas y acusó a María Chivite de estar implicada en una adjudicación «plagada de irregularidades». La crisis se desbordó en el Parlamento, donde Geroa Bai y Contigo-Zurekin exigieron explicaciones y responsabilidades. EH Bildu se sumó a la exigencia de depuración de responsabilidades. El Gobierno de Navarra está sostenido por la abstención de EH Bildu. La obra del túnel de Belate está ejecutada por la UTE Acciona-Osés-Servinabar y tiene un presupuesto cuestionado. La presidenta justificó el cese de López como una decisión técnica y negó que fuera un gesto cosmético. Sin embargo, los socios y la oposición no se mostraron conformes con la medida.
El Ministerio de Isabel Rodríguez está a punto de aprobar la transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, que busca un parque de vivienda europeo cero emisiones en 2050. La directiva establece objetivos ambiciosos: descarbonizar al menos un 16% la vivienda para 2030 y un 22% para 2035. El borrador del Gobierno señala que el 75% de los edificios existentes no cumple con los estándares de eficiencia energética y promete la rehabilitación de 4,4 millones de viviendas hasta 2030 y de 17,8 millones en 2050. A partir del 1 de enero de 2028, los edificios nuevos de organismos públicos tendrán que ser cero emisiones, y a partir de 2030, todos los edificios nuevos. La directiva también establece la obligación de descarbonizar la calefacción y la refrigeración, eliminando gradualmente los combustibles fósiles con vistas a eliminar completamente las calderas de combustibles fósiles a más tardar en 2040. La patronal eléctrica (Aelec) defiende la bomba de calor como alternativa sostenible, mientras que la patronal del gas defiende las calderas que utilizan gases renovables. Ambos informes coinciden en que una electrificación completa requeriría una alta inversión en infraestructura eléctrica.
El ministro Félix Bolaños compareció en la comisión de Investigación sobre la gestión del Presidente del CIS para aclarar las competencias de Paco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez. Bolaños admitió que el Ministerio pagaba las nóminas de Salazar, pero afirmó desconocer sus funciones exactas. Salazar estaba en la estructura de Moncloa y dependía de personas no especificadas. Bolaños negó que Salazar dependiera de él. El PP, a través del senador Vicente Tirado, insistió en conocer las funciones de Salazar y quién lo supervisaba. Bolaños se limitó a confirmar que Salazar trabajaba tanto en Moncloa como en Ferraz. Otros ministros como Ángel Víctor Torres y Óscar López también evitaron pronunciarse sobre el caso, escudándose en que no entraba dentro de sus competencias. El caso Salazar implica presuntos casos de acoso a varias trabajadoras. Tras meses de inacción, el Gobierno sigue sin elevar el asunto a la Fiscalía.
El sindicato USO critica la demanda de Silvia Intxaurrondo contra RTVE por más de 250.000 euros anuales y una indemnización por 'daños y perjuicios'. USO denuncia que esto supone un cuestionamiento directo del marco legal y de las condiciones que rigen para toda la plantilla fija de RTVE. La cadena pública gasta 500 millones de euros en personal con 7.000 trabajadores. El sindicato defiende la profesionalidad de la plantilla y no aceptará que RTVE sea presionada para romper la coherencia salarial del sector público. RTVE podría enfrentarse a multas entre 30.001 y 120.005 euros. El juicio tendrá lugar en mayo próximo. La demanda de Intxaurrondo incluye una indemnización por 'daños y perjuicios'. USO denuncia desigualdad entre trabajadores debido a privilegios. La regularización obliga a aplicar la ley y el convenio, no a blindar privilegios.
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