El título vende un "pelotazo marroquí" planeado por Cerdán, pero el texto mismo confirma que el proyecto en Kenitra "no salía adelante, como ocurrió finalmente". Así, se infla la expectativa de una operación exitosa que el propio contenido desmiente, dejando un tufillo a promesa incumplida de un buen chismorreo. El autor no puede ir más al grano en los datos que el propio texto le brinda.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado el desmantelamiento de los grupos que combaten el narcotráfico en Cataluña por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta situación se produce a pesar de que Cataluña ha registrado 2.657 infracciones penales relacionadas con el tráfico de drogas en el primer semestre de 2025, un incremento del 8,4% respecto a 2024, superando a Andalucía (2.116 casos, reducción del 8,1%). Durante los siete años de mandato de Marlaska, la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Barcelona ha sufrido una reducción del 30% en sus grupos, pasando de seis a cuatro, y los agentes se han reducido a la mitad, de 14 a siete. Esta información fue proporcionada a OKDIARIO por Rocío Caballero Martínez, secretaria general del sindicato CEP en Cataluña. Los grupos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, con base en La Verneda, operan en toda la comunidad autónoma, combatiendo el narcotráfico a gran escala. Fuentes policiales de la Udyco en Cataluña afirman sentirse "abandonados", una situación confirmada por el comité regional de la CEP Cataluña, que advierte cómo esta merma "está favoreciendo el incremento de esta lacra y el asentamiento de más grupos de narcotraficantes en la zona". La reducción de efectivos implica que cada grupo ahora asume una o dos investigaciones, frente a las cuatro que manejaban antes, dejando otras sin investigar. La CEP ha solicitado urgentemente refuerzos de personal y material, criticando que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está haciendo sus deberes" en la lucha contra el crimen organizado, mientras mafias como la Mocro Mafia, la mafia albanesa y la dominicana se asientan en España con material de guerra y vehículos superiores. La reducción de personal también afecta a las unidades de inmigración y terrorismo, con plantillas mermadas casi a la mitad, lo que, según la CEP, "supone un grave riesgo para la seguridad nacional" y obedece a una estrategia para "contentar al independentismo". Asimismo, Marlaska no está reemplazando a los comisarios jubilados en Cataluña, lo que resulta en comisarías gestionadas por inspectores jefes o inspectores, considerados "mano de obra barata". La secretaria general de la CEP en Cataluña señala que el objetivo del Gobierno es que, en dos años, las funciones de la Policía Nacional en la comunidad se limiten a gestión de documentación y Extranjería (DNI, pasaportes, control de Extranjería), "vaciando de competencias" a la Policía Nacional. Esta política contrasta con otros territorios donde los mandos son reemplazados rápidamente. La CEP denuncia que la Brigada Provincial de Información de Barcelona también está siendo desatendida para que los Mossos d’Esquadra asuman su trabajo en el futuro, incluyendo las brigadas de Policía Judicial y Extranjería. El sindicato también se opone a la pretensión del Gobierno de declarar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña como lugar de memoria democrática, considerándolo "un intento miserable de servir en bandeja a sus socios independentistas un trofeo" y una "hoja de ruta marcada por el independentismo cuyo fin no es otro que echar a los policías nacionales de Cataluña". La CEP atribuye a Marlaska el desmantelamiento de brigadas por no ofrecer incentivos, como un complemento retributivo o un sistema de puntuación similar al del País Vasco, lo que fomenta la marcha de agentes. Rocío Caballero critica el uso de la seguridad como "moneda de cambio" para mantenerse en el poder, previendo la "extinción" del Cuerpo en Cataluña y exigiendo la dimisión de Marlaska.
Paco Salazar, exadjunto de Rebeca Torró en el PSOE, fue destituido en julio de 2025 tras conocerse sus presuntas conductas de acoso sexual. La prensa afín a Pedro Sánchez ha vuelto a publicar la noticia con nuevos detalles sobre sus denuncias perdidas y su contratación como asesor externo por el marido de Begoña Gómez, la recaudadora de Pedro Sánchez, con dinero público. El autor del artículo, Eduardo Inda, considera que esta maniobra es una cortina de humo para desviar la atención del 'caso Begoña Gómez' y otros escándalos relacionados con Pedro Sánchez, como los casos de José Luis Ábalos y Koldo García. La Fiscalía no ha tomado medidas contra Salazar hasta la fecha. El artículo critica la estrategia de la prensa afín al Gobierno para manipular la información y desviar la atención de los escándalos de corrupción y acoso. Paco Salazar cobró como técnico del Ayuntamiento de Dos Hermanas sin trabajar, mientras que su cargo real era en Moncloa. El autor predice que el Gobierno intentará sacar más 'salazares' de la manga para distraer la atención de los escándalos en curso.
Begoña Gómez participó en noviembre de 2019 en un evento de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Accra (Ghana). La OMT presentó la UNWTO Online Academy con el Instituto de Empresa (IE). Gómez intervino en una mesa redonda sobre educación y tecnología para el avance socioeconómico de las mujeres en turismo. La OMT había recibido la sede en Madrid gratis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2019 por 75 años, tras una reforma que costó más de 25 millones. Koldo García afirmó que Gómez intervino en la cesión gratuita de la sede. La OMT ha apoyado institucionalmente al Africa Center del IE dirigido por Gómez. Sánchez se reunió con el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, en septiembre de 2018 para impulsar el turismo sostenible. En enero de 2022, Gómez se reunió con el embajador de Ghana, Muhammad Adam, y el Africa Center firmó un acuerdo con la Ghana Enterprises Agency por 25.350 euros. La embajadora de España en Ghana, Alicia Rico Pérez, asistió al evento de 2019.
La Audiencia Nacional ha emitido una orden europea de detención contra José Antonio Urrutikoetxea 'Josu Ternera', exdirigente de ETA, por su implicación en la financiación de ETA a través de 'herriko tabernas'. El juez Santiago Pedraz ordenó la busca, detención e ingreso en prisión. Ternera fue procesado este año por dirección de organización terrorista. La investigación se basa en documentos incautados en Francia en 2019 que lo sitúan como uno de los máximos dirigentes de ETA desde 2002 hasta su arresto en mayo de 2019. Estos documentos incluían material reservado accesible solo a la dirección de ETA. Ternera participó en reuniones con representantes del Gobierno en nombre de ETA y fue quien anunció públicamente la disolución de ETA. Ternera, de 74 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, Francia, y posteriormente liberado bajo fianza por motivos de salud. Sin embargo, su liberación quedó bloqueada al comprobarse que había órdenes de detención pendientes en España. Está reclamado por diversas causas, incluyendo el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987 y el atentado en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en 2006.
La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha respondido críticamente al vídeo de la ministra Mónica García sobre el Estatuto Marco. Hernández cuestiona las afirmaciones de García sobre las mejoras en las condiciones laborales y la explicación del Estatuto. La huelga del sector sanitario está prevista para los próximos días y podría ser indefinida. Hernández, que fue cercana a García en su etapa como líder de la oposición en Madrid, ahora se muestra crítica con sus declaraciones. La sindicalista desmonta las afirmaciones de García sobre la mejora de las condiciones laborales y la explicación del Estatuto Marco. Hernández afirma que la jornada complementaria sigue siendo obligatoria y mal remunerada. La disputa se centra en la interpretación del Estatuto Marco y sus implicaciones para los médicos. El sector sanitario está en alerta por la posible huelga indefinida. La respuesta de Hernández ha generado controversia en el ámbito político y sanitario. El vídeo de García fue diseñado para congraciarse con la profesión médica, pero ha sido ampliamente criticado. Las condiciones laborales de los médicos y la calidad de la asistencia sanitaria son los principales puntos de discordia. La huelga está prevista para los próximos días y podría tener un impacto significativo en el sistema sanitario. La postura de Hernández refleja la opinión de muchos médicos y sindicatos que se sienten descontentos con las medidas propuestas por García. La situación sigue siendo tensa y sin una resolución clara.
La Unión Europea ha decidido aplazar hasta diciembre de 2026 la ley contra la deforestación que afecta a productos como café, cacao y soja. La normativa obliga a empresas a demostrar mediante geolocalización que sus importaciones no han provocado deforestación. El acuerdo incluye flexibilidades y simplificaciones para empresas y Estados miembros. Teresa Ribera ha criticado el acuerdo calificándolo de 'chantaje'. La ley, aprobada en 2023, debía entrar en vigor en enero de 2025 pero se ha retrasado debido a dificultades de aplicación. Los grandes operadores deberán cumplir la ley desde el 30 de diciembre de 2026, mientras que pequeños operadores y microempresas lo harán desde el 30 de junio de 2027. El texto pactado reduce obligaciones para microempresas y excluye productos impresos. La decisión ha sido apoyada por el Partido Popular Europeo y grupos de derecha, mientras que socialdemócratas, liberales y verdes no lograron un acuerdo común.
Irene Montero, ex ministra de Igualdad, pidió el 4 de diciembre prohibir la sanidad privada en España en TVE. Afirmó que 'la privatización es un crimen contra la salud pública' y criticó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por 'regalar millones' a empresas privadas como Quirón y Ribera Salud. Montero argumentó que mientras la sanidad pública se centra en curar enfermedades, la privada busca hacer negocio. Sin embargo, datos contrastan con sus críticas, mostrando que la sanidad privada tiene menor tiempo de espera para operaciones quirúrgicas, citas con especialistas y pruebas diagnósticas. Montero insistió en que la privatización pone en riesgo la salud pública y es 'política homicida'. Propuso que las empresas que hacen negocio con la sanidad 'se vayan a robar a otro sitio'.
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