El contenido refleja la controversia sobre el término 'mena', aunque omite la perspectiva de la RAE sobre su función de documentar el uso lingüístico actual. La crítica gubernamental parece más centrada en la connotación negativa del término que en su inclusión léxica per se.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) lanzó una propuesta para que sus asociados colaboren en el pago de la multa de 7.200 euros impuesta a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado recientemente condenado. El Tribunal Supremo también le impuso dos años de inhabilitación y el pago de 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La UPF justificó su apoyo argumentando que la condena afecta personalmente a García Ortiz y su familia. Además, la asociación promovió una recogida de firmas para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez y lograr el indulto de García Ortiz. La UPF publicó un comunicado en redes sociales defendiendo a García Ortiz, cuestionando la sentencia y resaltando posibles conflictos con la presunción de inocencia y el derecho a información veraz. La asociación considera que la resolución judicial debe ser justa y aparentarlo, evitando dudas sobre el respeto a la presunción de inocencia y garantías del Estado de Derecho.
La Policía Nacional detuvo a 27 personas en Motril (Granada) por presunto favorecimiento de la inmigración ilegal e infracciones a la Seguridad Social en una macrooperación que incluyó la inspección de cuatro locales de ocio nocturno. La operación, enmarcada en la operación Bogotá, identificó a 74 personas y se incoaron cinco actas de sanción en materia de Seguridad Social. Los locales inspeccionados estaban frecuentados principalmente por ciudadanos colombianos. La investigación comenzó tras quejas ciudadanas en participa@policia.es sobre irregularidades en esos locales relacionadas con delitos contra la legislación de extranjería y otros vinculados a la salud pública y el tráfico de drogas. Participaron varias unidades de la Policía Nacional junto con la Policía Local y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada. Además, en Sevilla, se desarticuló una organización criminal internacional dedicada al tráfico de personas entre Colombia y España, con ocho detenidos, incluidos los principales responsables. La red captaba a personas en Colombia ofreciéndoles un 'pack de viaje' para llegar a España con una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros. Los investigadores confirmaron al menos 22 entradas irregulares por esta vía. Las víctimas viajaban como turistas, recibían instrucciones para superar controles fronterizos y eran explotadas laboralmente en España. La organización facilitaba documentación falsa para dar de alta a las víctimas irregularmente a cambio de 200 euros al mes.
El Gobierno de Pedro Sánchez destina 2.3 millones de euros a la 'transformación digital' de Cuba a través de la Fundación para Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP). El proyecto 'Cuba Digital', financiado por la Unión Europea, busca digitalizar procedimientos gubernamentales y crear un Centro de Datos de última generación. Durante noviembre de 2025, Defensa Cuba Decide documentó 194 violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen cubano contra 108 personas. La FIAP, dirigida por Francisco Tierraseca desde febrero de 2024, ha realizado otras adjudicaciones polémicas a países con violaciones de derechos humanos. El plazo para la presentación de ofertas para este proyecto termina el 17 de febrero de 2026. El proyecto tiene un plazo de ejecución de dos años.
Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, gestionan Whatefav S.L., agencia de publicidad que ha contratado El Plural y Público, medios afines al PSOE. La agencia también trabajó con Análisis Relevante S.L., vinculada al caso Plus Ultra. En septiembre de 2019, El Plural colaboró con Whatefav S.L. para ofrecer información sobre deportes electrónicos. Angélica Rubio, ex asistente de Zapatero, dirigía El Plural entonces. Whatefav S.L. también trabajó con Huawei y Neox Games. La agencia facturó 471.811 euros en 2024, con un beneficio de 125.640 euros. El PP ha pedido que Zapatero declare en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. La agencia ha borrado sus cuentas en redes sociales recientemente. El Plural y Público defendieron a Zapatero tras acusaciones relacionadas con el caso Koldo y Plus Ultra. La aerolínea venezolana Plus Ultra recibió 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez.
Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, llamó a OKDIARIO desde la cárcel de Soto del Real el 19 de diciembre a las 12:30h. Amenazó con revelar información sobre sus antiguos colaboradores al salir de prisión. Koldo García lleva en prisión preventiva desde el 18 de noviembre. El ex asesor afirma que sabía que iba a ser detenido seis meses antes. Koldo García ha seguido el caso Plus Ultra, que implica a José Luis Rodríguez Zapatero, y las detenciones de Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández Guerrero por presuntas mordidas en contratos públicos. Koldo niega cualquier implicación con estos casos y asegura que hablará con pruebas cuando salga de prisión. El reglamento penitenciario permite a Koldo realizar 21 llamadas mensuales, entre ellas una a una periodista de OKDIARIO, que fue verificada por los funcionarios de la prisión. Las conversaciones son monitorizadas por motivos de seguridad.
Julio Martínez Martínez, conocido como 'Julito', presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, utilizaba un teléfono móvil aislado de internet con solo cinco contactos, incluyendo al expresidente. Este dispositivo era parte de sus estrictas medidas de seguridad para proteger sus comunicaciones relacionadas con transacciones comerciales y evitar investigaciones policiales. Martínez ha sido clave en un entramado de al menos 16 sociedades activas vinculadas a operaciones económicas de gran envergadura, como el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La relación entre Zapatero y Martínez se estrechó tras la salida del expresidente de la Moncloa en diciembre de 2011. Martínez comenzó a viajar regularmente a Venezuela para cerrar negocios y consolidó una red empresarial que está siendo investigada judicialmente. El uso de teléfonos sin conexión a internet es una estrategia para evitar filtraciones digitales y mantener la discreción en sus negocios de alto nivel. Zapatero también utilizaba dispositivos similares para comunicarse con Martínez. La investigación sugiere que hubo un borrado de correos y mensajes de Martínez tras su última reunión con Zapatero, lo que podría indicar un 'chivatazo' por parte del expresidente. La estructura jerárquica dentro de la Policía Nacional y su vinculación con figuras cercanas a Zapatero han generado sospechas de filtraciones y condicionamiento de las investigaciones.
La trama corrupta en la SEPI aumentó su actividad tras la supresión de la Dirección de Planificación y Control en 2021. Esta unidad controlaba gastos y concesión de fondos del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Se investigan adjudicaciones públicas valoradas en 132.9 millones. La 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, y el ex vicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández, fueron detenidos junto al empresario Antxon Alonso. La Audiencia Nacional investiga el alcance de la trama entre 2021 y 2023. La actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, certificó el cambio organizativo. La decisión de eliminar la unidad de control generó alarmas en el PP. La investigación continúa bajo el secreto de sumario por el juez Santiago Pedraz. La SEPI es un holding estatal que gestiona participaciones en empresas estratégicas. El FASEE es un fondo destinado a apoyar financieramente a empresas consideradas estratégicas. La trama podría haber intermediado en rescates como el de Tubos Reunidos o Plus Ultra. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo a Vicente Fernández en una posición de influencia tras su dimisión en 2019. La diputada Carolina España formuló una pregunta parlamentaria el 10 de septiembre de 2021 sobre la eliminación de la unidad de control. Moncloa defendió el cambio organizativo asegurando que las funciones de control se integraron en otras direcciones. Fuentes internas de la SEPI aseguran que la labor de control se resintió tras la reorganización. La investigación determinará si hubo cobro de 'mordidas' a cambio de adjudicaciones públicas.
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