Crítica:
El artículo revela una falta de transparencia en la gestión de rescates por parte de la SEPI y su dependencia del Ministerio de Hacienda. La crítica se centra en la ocultación de información a la Comisión Europea durante dos años.
El artículo revela una falta de transparencia en la gestión de rescates por parte de la SEPI y su dependencia del Ministerio de Hacienda. La crítica se centra en la ocultación de información a la Comisión Europea durante dos años.
Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE en Extremadura tras el batacazo electoral, pero mantiene su escaño como diputado. Esto le permite conservar su condición de aforado, lo que podría afectar su juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, en 2017. La decisión se interpreta como una maniobra para dilatar los plazos judiciales. Gallardo ya intentó anteriormente blindarse cambiando de cargo en mayo, pero fue considerado 'fraude de ley'. Ahora, al mantener su escaño, podrá ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el 28 de mayo de 2026. Expertos como Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, explican que su aforamiento dependerá de jurar la Constitución. El GRECO criticó en verano la falta de reforma en el aforamiento en España, y el magistrado Manuel Marchena considera que hay aforados 'de más'.
El Gobierno de Pedro Sánchez invertirá 1.371 millones de euros en un nuevo abono único para trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses de largo recorrido. El ministro Óscar Puente anunció que los viajes en transporte público alcanzan 420 millones de desplazamientos, un 23% más que en 2022. El gasto total para subvencionar transporte público asciende a 6.500 millones de euros desde 2022 y 9.290 millones desde 2018. Se prorrogan todos los descuentos vigentes este año. Se introduce el 'Pase Vía' en servicios Avant con descuentos del 45% al 72%. En Cercanías, se aplicará un descuento del 40% a partir del quinto viaje usando el sistema Cronos. En Media Distancia de ancho métrico, los descuentos de ida y vuelta aumentan del 7% al 20%. El precio máximo para títulos adquiridos en plaza H (discapacitados) se fija en 7 euros. El ministro destacó que estas subvenciones han supuesto un 75% menos de gasto para los ciudadanos, con ahorros de hasta 5.000 euros anuales para usuarios de trenes Avant.
El Gobierno ha prorrogado por séptimo año la ley antidesahucio que protege a okupantes con ingresos inferiores a 1.800 euros o 2.200 con hijos. La Plataforma de Afectados por la Ocupación critica que estas condiciones son fáciles de cumplir y que el 93,4% de los propietarios de viviendas de alquiler son familias trabajadoras. Según la plataforma, hasta 80.000 familias están manteniendo a 'okupas vulnerables' debido a la ley. Las ayudas gubernamentales solo llegan al 7% de los afectados y se consideran 'miseria'. La medida ha sido pactada entre EH Bildu y el PSOE. El salario medio en España es de menos de 1.500 euros. Los propietarios denuncian que se está 'hundiendo' a familias trabajadoras y que no se han considerado sus situaciones.
Una auditoría independiente revela que el Govern balear de Francina Armengol pagó 106 millones de euros en material sanitario durante la pandemia. 45,6 millones no pueden ser rastreados por falta de actas de recepción y certificaciones de entrega. La auditoría de 60 expedientes del Servicio de Salud de Baleares muestra que algunos precios pagados estaban sobrevalorados: mascarillas quirúrgicas a 1,40 € (precio medio 0,70 €), guantes de nitrilo a 0,29 € (precio medio 0,16 €) y FFP3 a 8,40 € (precio medio 4,31 €). Proveedores como Innjoo Technology SL, Add Valorem Finance SL y Tyrval Import Export estuvieron involucrados. La auditoría denuncia compras fraccionadas y licitaciones simplificadas sin comparativas de precios ni referencias de mercado. Se cuestiona la trazabilidad y control de las compras, lo que podría implicar responsabilidad penal o administrativa. La falta de transparencia convierte las compras en un 'agujero negro financiero'. Expertos recuerdan que la urgencia no puede sustituir la rendición de cuentas.
La Audiencia Nacional ha bloqueado cuentas bancarias de Leire Díez, exmilitante del PSOE, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Antxon Alonso, empresario, en el marco de una investigación sobre presunta trama de comisiones por ayudas y contratos públicos. La medida fue adoptada por el juez Antonio Piña y ratificada por Santiago Pedraz. Los tres investigados fueron detenidos este mes por presunta participación en una trama que cobró 700.000 euros en comisiones. La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, aborda presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Según la Guardia Civil, los investigados pertenecen a un grupo llamado «Hirurok» que habría orientado expedientes en la Administración pública en beneficio propio. La actividad delictiva se habría desarrollado entre 2021 y 2023, afectando varias administraciones públicas. Los investigados habrían utilizado la mercantil Mediaciones Martínez para canalizar fondos. El juez Piña impuso medidas cautelares como la retirada de pasaporte y comparecencias quincenales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por vulnerar el derecho a un juicio justo en el caso Latorre Atance c. España. La Audiencia Nacional fue arbitraria al obligar a un administrador concursal a responder con su patrimonio por una deuda de 2.5 millones de euros ante Hacienda, mientras exoneraba parcialmente a sus socios. El TEDH criticó la falta de coherencia en la aplicación de la ley y la insuficiencia de los remedios ofrecidos por el sistema judicial español. La sentencia destaca que la derivación de responsabilidad tiene una naturaleza 'civil' y patrimonial, afectando directamente al bolsillo y la reputación del individuo. España ha sido condenada a indemnizar al administrador con 17,600 euros por daños morales y costas. El fallo subraya la necesidad de mecanismos de reparación efectivos y no meramente compensatorios. La sentencia pone de manifiesto deficiencias estructurales en el sistema de justicia administrativa y tributaria español, particularmente en la dificultad para revertir sentencias injustas una vez que adquieren firmeza.
El Gobierno de Ximo Puig aprobó la compra de cinco edificios históricos de Correos en la Comunidad Valenciana por 31.4 millones de euros entre 2019 y 2023. Las adquisiciones incluyen edificios en Valencia (23.9 millones), Alicante (4.9 millones), Gandía (2.4 millones), Elche (738.000 euros) y Castellón (2 millones). Leire Díez, exdirectiva de Correos y vinculada al PSOE, estuvo involucrada en las negociaciones durante su etapa en la empresa pública entre noviembre de 2021 y febrero de 2024. La Agencia Tributaria investiga posibles irregularidades en estas compras, incluyendo el pago de 14.000 euros a la empresa Interpreta Cultural Projects SL por un informe justificativo de la compra del edificio de Valencia. La compra de estos edificios se financió detrayendo de la partida de construcción de colegios, pabellones deportivos y vivienda pública. Los inmuebles adquiridos tienen un uso previsto para fines culturales y públicos, pero actualmente algunos permanecen infrautilizados o sin un uso definido. El PP ha pedido explicaciones sobre estas adquisiciones, cuestionando el trato de favor hacia Correos y su presidente, Juan Manuel Serrano, cercano a Pedro Sánchez.
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