El artículo revela cómo el Gobierno español utiliza una normativa aparentemente neutra para blindar el acceso a software de proveedores chinos sin mencionarlos explícitamente. La medida surge tras la polémica con Huawei y presión internacional.
La Guardia Civil desmanteló una organización criminal que enviaba toneladas de hachís desde Marruecos a España a través de Ceuta, utilizando un narcotúnel. La juez María Tardón investiga, pero Marruecos ignora los oficios judiciales y no vigila el túnel. La Guardia Civil sigue vigilando el túnel mediante videovigilancia. El túnel, de 50 metros de recorrido y 12 metros de profundidad, se descubrió en una nave industrial abandonada en el polígono del Tarajal, Ceuta. El dueño de la empresa propietaria de la nave, llamada 'Nene', sigue en paradero desconocido. Un detenido confesó que el túnel se utilizaba para enviar droga y posiblemente para introducir inmigrantes irregulares. La investigación reveló que guardias civiles corruptos facilitaban información a los narcotraficantes por entre 70.000 y 100.000 euros por servicio. El cuarto guardia civil implicado fue detenido en noviembre. El funcionario de prisiones Mohamed Alí Duas, exdiputado de la Asamblea de Ceuta, también está implicado.
El Tribunal de Cuentas detectó deficiencias en el control interno de Casa Árabe durante el mandato de Irene Lozano (2021-2024). La entidad registró pérdidas anuales de casi 1M€ y gastos de gestión de 3.2M€ en 2023 y 3.3M€ en 2024. Lozano dimitió en febrero tras presión por su gestión económica. El informe critica la falta de un sistema de control interno estructurado y debilidades en la gestión de personal. La situación financiera se calificó de «crítica». La actual dirección, liderada por Miguel Moro, muestra disposición a corregir las deficiencias. Casa Árabe es un consorcio creado en 2006 entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Aecid, Junta de Andalucía, Comunidad de Madrid y ayuntamientos de Madrid y Córdoba. El gasto para el Ramadán se redujo un 67% respecto al año anterior, pasando de 7.666€ a 2.513€ en 2025.
José María 'Txema' Oleaga, senador vasco del PSOE y gran maestro de la Gran Logia de España, convoca elecciones internas para el 17 de enero. Promociona una candidatura continuista encabezada por Shaun Parsons, vinculada al PSOE, para mantener el control de la masonería española en medio de una grave crisis interna. Oleaga asumió el cargo en marzo de 2022 tras la dimisión de Óscar de Alfonso debido a escándalos por viajes de lujo y denuncias internas. La Gran Logia cuenta con más de 3.000 miembros y ha suspendido la actividad de cuatro logias en los últimos años. La dirección ha sido criticada por aplicar 'malas artes' de la política partidista y por una 'caza de brujas' interna tras la filtración de información a la prensa. Miembros de la logia denuncian falta de democracia y represión de voces discordantes. La crisis interna se agudizó tras la publicación de un artículo en El Confidencial sobre la infiltración del PSOE en la masonería.
El Ministerio de la Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, felicitó la Navidad a la 'comunidad cristiana' en redes sociales, generando críticas. El mensaje destacó el nacimiento de Jesús y deseos de paz. Pedro Sánchez también tuvo una felicitación polémica, deseando 'Felices fiestas' en varios idiomas y evitando referencias religiosas explícitas. Bolaños ha tenido conflictos con el Poder Judicial, acusando de prevaricación al juez Juan Carlos Peinado que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. Las redes sociales mostraron reacciones diversas ante estos mensajes navideños. El Gobierno mantiene su postura en medio de controversias judiciales y políticas.
Pilar Alegría, secretaria de Política Autonómica del PSOE y candidata a la presidencia de Aragón, fue criticada en redes sociales por un vídeo de campaña en el que aparecía tomando chocolate en Hostal de Ipiés, Sabiñánigo (Huesca). Los usuarios cuestionaron su autenticidad y cercanía con los aragoneses. Alegría gastó 300.000 € del Gobierno en autopromoción tras ser nombrada líder del PSOE en Aragón. La campaña se desarrolla de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Los comentarios en redes reflejan escepticismo hacia su candidatura. Se aludió al escándalo del Parador de Teruel donde José Luis Ábalos organizó una juerga con prostitutas. Alegría admitió haber estado esa noche en el Parador después de inicialmente negar las acusaciones de OKDIARIO.
El séquito de asesores y propagandistas de Pedro Sánchez en Moncloa cuesta 60 millones de euros anuales, un 62% más que en 2017. La plantilla ha crecido desde la llegada de Sánchez al poder en 2018. El gasto en sueldos del personal adscrito a la Presidencia asciende a 44 millones de euros, mientras que el servicio de 'Cobertura informativa' cuesta 16 millones de euros. Entre enero y octubre de 2025, se repartieron 5,7 millones de euros en 'productividad' y 'gratificaciones'. En 2017, el coste total era de 37,15 millones de euros (25,08 millones en sueldos y 12,07 millones en el servicio de comunicación). El aumento se debe al crecimiento de la plantilla de asesores y propagandistas. El presidente del Gobierno ha aumentado los gastos en personal para mantener su imagen pública y contrarrestar los casos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar.
El Ministerio del Interior enfrenta un colapso en sus infraestructuras debido a una inversión estructuralmente bloqueada. El informe del Tribunal de Cuentas revela una falta de mantenimiento básico en comisarías, casas-cuartel y centros penitenciarios. La inversión representa menos del 5% del presupuesto total del Ministerio. La Guardia Civil sufre especialmente con más de la mitad de sus créditos de inversión comprometidos. El mantenimiento diferido ha obligado a recurrir a contratos de emergencia, como en la prisión de Ceuta, construida hace apenas ocho años. La falta de planificación global y la insuficiencia presupuestaria han llevado a una gestión a corto plazo y centrada en resolver urgencias. La dependencia de fondos europeos y recursos extraordinarios introduce un riesgo evidente. El modelo actual sigue deteriorándose sin un refuerzo estable del presupuesto y una planificación preventiva. El coste del descuido se paga más caro cuando la inversión reacciona tarde. La situación afecta la seguridad ciudadana y la política penitenciaria.
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