Crítica:
La noticia es intrigante, pero falta información sobre los inversores detrás de 'El Server' y la naturaleza exacta de la relación entre las hijas de Zapatero y el régimen de Maduro.
La noticia es intrigante, pero falta información sobre los inversores detrás de 'El Server' y la naturaleza exacta de la relación entre las hijas de Zapatero y el régimen de Maduro.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha desmentido tajantemente la versión oficial del Ministerio del Interior sobre las entradas irregulares en parapente por Ceuta. Según la AUGC, estos episodios no solo se producen, sino que están documentados por los propios agentes destinados en la ciudad autónoma. La controversia se origina tras una pregunta parlamentaria del diputado del Partido Popular, Javier Celaya, a la que el Gobierno respondió el 26 de diciembre negando tales accesos. Sin embargo, la AUGC sostiene que ya había alertado públicamente de este método de cruce en octubre de 2023, registrando al menos dos episodios con aterrizajes en suelo ceutí. Los guardias civiles han localizado parapentes abandonados y han levantado partes operativos, dejando constancia oficial de lo ocurrido. La negación oficial ha causado un profundo malestar entre los agentes, quienes aseguran que la respuesta del Ministerio ha impedido adoptar medidas para prevenir estos hechos. La AUGC advierte de que la utilización del parapente supone un doble riesgo: para la seguridad fronteriza y para la integridad física de quienes lo emplean. El Partido Popular de Ceuta ha acusado al Gobierno de «faltar a la verdad» y de desautorizar implícitamente el trabajo de la Guardia Civil.
La detención de Nicolás Maduro ha puesto en alerta a Podemos, cuyo liderazgo mantiene vínculos estrechos con el gobierno venezolano. Figuras clave como Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han estado históricamente ligadas al chavismo a través de fundaciones como CEPS y CELAG. Aunque Podemos asegura que su relación con Caracas ha disminuido con el tiempo, temen que la documentación sensible en los llamados 'cajones de Miraflores' pueda comprometerlos. Sin embargo, confían en que, de abrirse esa caja de Pandora, las revelaciones podrían ser más perjudiciales para figuras del PSOE, como José Luis Rodríguez Zapatero, que para ellos mismos. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, es señalada como una pieza clave en la posible divulgación de información comprometedora. El partido morado ha intentado proteger su relación con Caracas, incluso llegando a torpedear el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ahora, con la incertidumbre sobre el futuro de Maduro y el gobierno venezolano, Podemos mira con aprensión los posibles efectos colaterales en otros países de América Latina donde mantienen vínculos.
En una operación sin precedentes, la Policía Nacional ha detenido a 15 conductores de autobuses internacionales en la provincia de Barcelona por presuntamente facilitar el transporte irregular de inmigrantes entre España y Francia. Los arrestados, que operaban principalmente en la ruta París-Barcelona, cobraban entre 20 y 400 euros por pasajero indocumentado, llegando a ganar hasta 50.000 euros al año. La investigación, iniciada en marzo de 2025, ha descubierto una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas en el transporte terrestre internacional. Además de los conductores, se detectó la existencia de 'captadores' que negociaban los pagos y facilitaban el embarque de los migrantes sin documentación o con documentos falsos. Los detenidos enfrentan cargos por favorecimiento de la inmigración irregular. La operación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de transporte y la necesidad de reforzar los controles para prevenir este tipo de actividades ilícitas.
Las oficinas de extranjería en España están colapsadas debido al aumento de la presión migratoria, recibiendo más de 3.000 quejas mensuales. La Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil es uno de los principales cuellos de botella del sistema. Entre 2020 y 2025 se han presentado más de 1,07 millones de solicitudes de nacionalidad española por residencia, con un pico en 2023. Solo en 2024 se registraron cerca de 247.000 nuevas peticiones. El sistema no está absorbiendo este volumen sin costes colaterales, con un repunte de denegaciones y miles de expedientes archivados. A septiembre de 2025, había más de 245.000 solicitudes sin resolver, de las cuales casi 179.000 corresponden a 2025. La digitalización incompleta, la falta de personal especializado y la acumulación de reformas normativas han creado un sistema rígido y poco flexible.
La reciente revelación de discrepancias internas en el Ministerio de Economía sobre los rescates de Air Europa y Plus Ultra ha puesto en jaque la narrativa oficial del Gobierno de Pedro Sánchez, quien aseguró que ambos procesos se tramitaron con total normalidad. Técnicos del departamento dirigido por Nadia Calviño en aquel momento alertaron de que las ayudas beneficiaban a empresas con dificultades previas, lo que contravenía la normativa del fondo de rescate establecido para empresas afectadas por el covid-19. El caso de Plus Ultra es especialmente controvertido debido a sus pérdidas históricas de más de 13 millones de euros en los cinco años previos a la ayuda y su cuestionable estatus como empresa 'estratégica'. Además, la investigación judicial ha revelado presiones políticas, incluyendo la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero y contactos entre Javier Hidalgo, director de Air Europa, y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción investiga posibles desviaciones de fondos en el caso de Plus Ultra, con arrestos recientes de su propietario y CEO por presunto blanqueo de capitales. El caso Air Europa también está siendo investigado por el juez Peinado, pese a los intentos de frenar la investigación por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.
En la madrugada del 17 al 18 de diciembre, tres oficinas de Correos en Extremadura fueron objeto de robo, sustrayéndose 124 votos por correo junto a 14.000 euros en una de ellas. La Guardia Civil recuperó las papeletas quemadas y esparcidas, pero el dinero desapareció. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la situación de «extraordinaria gravedad» y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de no ofrecer garantías para preservar la salud democrática. Santiago Abascal, líder de Vox, advirtió sobre una «mafia corrupta» capaz de alterar el censo electoral y manipular resultados. Los 'populares' exigen la comparecencia urgente en el Congreso de la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Correos, Pedro Saura. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había entrado en Correos el 12 de diciembre por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez, detenida dos días antes, había trabajado en Correos entre 2022 y 2023, llegando a ser directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. El Gobierno la había designado jefa de comunicación en la empresa pública ENUSA en 2018. La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, denunció comportamientos sospechosos en las primarias de 2017, aunque luego se retractó. Feijóo propuso revisar el sistema de voto por correo y extremar las garantías de custodia. La Junta Electoral Central respondió que debe aplicar la legislación vigente. El BOE publicó una orden que establece las obligaciones de Correos para custodiar los votos hasta su entrega a las Mesas electorales.
La convocatoria del examen MIR 2026 se ha convertido en un caos administrativo y político a menos de un mes de su celebración, prevista para el 24 de enero de 2026. La renuncia en bloque de los médicos expertos encargados de redactar las preguntas, tras cambios unilaterales en las condiciones de trabajo y retribución por parte del Ministerio de Sanidad, ha generado una crisis de confianza sobre el proceso. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha sido acusado de mala gestión y de violar procedimientos legales fundamentales, lo que podría derivar en la nulidad del acto administrativo y la suspensión del examen. Los más de 30.000 aspirantes se enfrentan a una gran incertidumbre ante la posibilidad de que el examen no se celebre o se realice de manera irregular. La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha denunciado una 'cascada de irregularidades administrativas' y ha exigido seriedad y responsabilidad al Gobierno. La situación ha generado un estrés masivo entre los aspirantes y ha puesto en riesgo la sanidad pública.
Comentarios