Crítica:
El artículo revela la estrategia de Chivite para mantener el poder a costa de satisfacer las demandas de sus socios de Gobierno, pero omite analizar las posibles consecuencias a largo plazo de esta 'lluvia de millones'.
El artículo revela la estrategia de Chivite para mantener el poder a costa de satisfacer las demandas de sus socios de Gobierno, pero omite analizar las posibles consecuencias a largo plazo de esta 'lluvia de millones'.
Ana da Costa, hermana del activista venezolano Vasco da Costa, encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro, denunció que José Luis Rodríguez Zapatero la engañó en una reunión en la Embajada de España en Caracas. Según Ana, Zapatero se mostró indiferente al caso de su hermano y utilizó la reunión para promover la liberación de Manuel Rosales, un político cercano a él. La reunión, que Ana describe como un 'engaño', se produjo en septiembre de 2016 y contó con la presencia de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, íntimos amigos de Zapatero. Ana da Costa, que perdió a otro hermano por la represión del régimen, habla sin temor desde Caracas, donde actualmente rige un estado de excepción que castiga cualquier opinión contra Maduro. Su testimonio revela la cruda realidad de los presos políticos en Venezuela y cuestiona la verdadera intención de Zapatero al actuar como mediador.
José Luis Ábalos enfrenta una crisis legal tras ser rechazado por varios abogados penalistas debido a su complicada situación procesal y su negativa a colaborar con la Fiscalía. El exministro socialista está imputado en varias causas, incluyendo la de las mascarillas, por la que podría enfrentar hasta 30 años de cárcel. Su entorno ha tanteado a varios letrados, pero estos han declinado debido a la estrategia errática de Ábalos y su 'adherencia' al PSOE. La Fiscalía y las acusaciones populares han solicitado penas de hasta 24 y 30 años de cárcel, respectivamente. Ábalos podría cumplir los requisitos para asistencia jurídica gratuita tras ser suspendido de sueldo por el Congreso. Su defensa ha sido calificada como 'revivir a un muerto' por uno de los abogados consultados.
El Consejo de Transparencia ha obligado al Gobierno a aclarar el destino de las donaciones privadas recibidas a través de la cuenta del Tesoro Público para paliar los efectos de la dana. Un ciudadano presentó una solicitud formal de acceso a la información al amparo de la Ley de Transparencia el 28 de octubre de 2025. La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ya había denunciado en octubre que el Gobierno ocultaba información sobre estas donaciones. El Ministerio de Economía respondió parcialmente a la solicitud, desglosando solo los importes recibidos, y derivó el resto de las preguntas al Ministerio de Hacienda. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación del ciudadano por 'motivos formales', señalando que el Ministerio de Economía no proporcionó una respuesta completa. Ahora, el Ministerio de Hacienda deberá responder sobre el estado de ejecución de los gastos, el destino de las donaciones, las auditorías y los beneficios fiscales aplicados a los donantes.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado que Cataluña podrá gestionar el 80% del IVA gracias al nuevo modelo de financiación pactado con Pedro Sánchez y Salvador Illa. En su comparecencia ante el Consejo Nacional de ERC, Junqueras destacó que este acuerdo permitirá a Cataluña disponer de casi 5.000 millones de euros más y aumentar la gestión del Govern sobre los impuestos recaudados. La cifra se concreta en 4.000 millones adicionales para competencias como Mossos, Justicia o cárceles catalanas al arañar más recaudación del IVA, pasando del 50% al 56,5% y elevándose un 22% más hasta rozar casi el 80%. Además, ERC condiciona la negociación de los Presupuestos catalanes y generales a que se traspase la recaudación del 100% del IRPF. Junqueras lanzó un dardo a Carles Puigdemont, afirmando que 'aunque alguien hiciera 4.686 millones de tuits, no aportaría tanto como 4.686 millones de euros'. Por su parte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defendió el pacto ante la plana mayor del PSC, calificándolo como 'el mejor sistema de financiación autonómica de régimen común de la historia democrática española'. Sin embargo, no todas las voces socialistas están a favor; el consejero socialista de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, criticó que el acuerdo beneficia solo a Cataluña a costa del resto de comunidades.
En la madrugada del miércoles al jueves, cinco ciudadanos españoles encarcelados en Venezuela recibieron la noticia de su excarcelación tras la captura del tirano Nicolás Maduro. Sin embargo, su liberación vino acompañada de restricciones de comunicación impuestas por el régimen chavista. José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe y Rocío San Miguel fueron trasladados a Madrid en un vuelo comercial con escala en Bogotá. Al llegar a Barajas, fueron recibidos por funcionarios españoles y se les confirmó que debían mantener silencio. La diáspora venezolana en España criticó duramente estas condiciones, denunciando que el Gobierno español aceptó las restricciones sin consultar a los afectados. La liberación se llevó a cabo en un ambiente de secretismo, sin permitir que los liberados hablaran con la prensa ni con sus familiares de inmediato. La situación generó un debate sobre la dignidad y la libertad de los presos políticos y la actuación del Gobierno español.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica que favorece a Cataluña con un 182% más por habitante que Extremadura y un 25% más que Aragón en la aportación extra del Estado. La vicepresidenta María Jesús Montero anunció que el sistema recibirá 20.975 millones de euros anuales adicionales. Cataluña recibirá 577 euros por habitante, mientras que Extremadura recibirá 205 euros. El modelo incluye un fondo climático con mil millones destinados en un 66% a autonomías del litoral mediterráneo. Críticos argumentan que el sistema no soluciona la infrafinanciación de algunas regiones y carece de transparencia.
Este viernes 9 de enero de 2026, los cinco españoles liberados tras su cautiverio en cárceles venezolanas aterrizaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Bogotá. Entre los liberados se encontraban José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, quienes fueron recibidos con alivio por sus familiares. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó la jornada como un 'día feliz' para España y destacó que los cinco compatriotas se encontraban físicamente bien, aunque con alguna pérdida de peso. Su regreso se produce en un contexto de cambio político en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el anuncio de liberación de presos políticos por parte de las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez. Las familias de los liberados expresaron su emoción contenida tras meses o años de incertidumbre y espera. Fuentes diplomáticas señalaron que España espera la posible liberación de otros presos españoles en los próximos días. La hispanovenezolana Rocío San Miguel, que estuvo presa 23 meses en condiciones degradantes, se encuentra en un proceso de adaptación a la libertad.
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