Crítica:
La falta de transparencia en la nacionalidad de los detenidos genera debate. ¿Esconde el Gobierno vasco información crucial para la seguridad ciudadana?
La falta de transparencia en la nacionalidad de los detenidos genera debate. ¿Esconde el Gobierno vasco información crucial para la seguridad ciudadana?
La Fiscalía Antidroga ha emitido un informe crucial sobre la querella presentada por Hazte Oír contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, por presuntos vínculos con Nicolás Maduro y el régimen venezolano. Aunque el fiscal Francisco Javier Redondo rechazó la querella por falta de indicios de delitos graves como tráfico de drogas o blanqueo de capitales, sí consideró relevante investigar el aumento patrimonial de Zapatero desde que dejó la presidencia del Gobierno en 2011. Según datos oficiales, en septiembre de 2012, Zapatero declaró un activo de 130.562 euros y estaba libre de deudas. Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores revelaron que el patrimonio inmobiliario de su familia se habría multiplicado por 115, con adquisiciones de chalés de lujo y pisos que alcanzarían los 3,7 millones de euros. El fiscal destacó que las declaraciones de bienes y actividades de Zapatero durante su mandato sí merecen ser analizadas para comprobar si presentan indicios de delito, particularmente en relación con su papel como mediador internacional con el régimen venezolano y los posibles beneficios económicos derivados de esta actividad. La decisión de la Fiscalía abre una vía para investigar el presunto enriquecimiento de Zapatero, aunque subraya que la mera relación de Zapatero con Maduro y el régimen chavista no constituye prueba de implicación en actividades delictivas.
La Asociación de Fiscales ha exigido a Teresa Peramato, la recientemente nombrada fiscal general del Estado, que haga público el decreto por el que ha decidido reincorporar al ex fiscal general condenado Álvaro García Ortiz a la Carrera Fiscal. La noticia de la reincorporación se conoció inicialmente a través de los medios de comunicación, sin que ni la Fiscalía General ni la propia fiscal general desmintieran la información. La Asociación de Fiscales recuerda que Peramato les había transmitido su 'predisposición a la escucha' y ahora le pide que publique el decreto por ser de 'interés general'. La decisión se basa en un estudio sobre el concepto de 'delito doloso' realizado por la Inspección Fiscal para determinar si la condena de García Ortiz implicaba la pérdida de su condición de fiscal. La AF subraya la trascendencia mediática y el interés público de esta decisión, que podría sentar un precedente jurídico para todos los miembros del Ministerio Fiscal.
Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, ha destapado el sofisticado método que José Luis Rodríguez Zapatero utiliza para ocultar sus viajes a Venezuela. Según una conversación publicada por este periódico, Julio Martínez, empresario detenido de la aerolínea Plus Ultra, reveló a Javier de Paz, director adjunto de Telefónica, que Zapatero primero viaja a República Dominicana, donde es recogido por un avión de la petrolera estatal venezolana PDVSA que lo traslada finalmente a Venezuela. Este periplo, lejos de ser anecdótico, levanta sospechas sobre la transparencia de los movimientos del ex presidente del Gobierno español. Con un precio del petróleo venezolano fluctuando constantemente, la relación entre Zapatero y PDVSA genera interrogantes sobre posibles conflictos de intereses. La investigación de El Debate apunta a que Zapatero podría estar utilizando esta ruta encubierta desde hace tiempo, aprovechando la confidencialidad de los vuelos de PDVSA para mantener sus actividades en Venezuela lejos del escrutinio público. Mientras tanto, la opinión pública se pregunta si este modus operandi es una práctica común entre ex dirigentes políticos o si se trata de un caso aislado que requiere una investigación más profunda. La revelación de Entrambasaguas pone de relieve la necesidad de transparencia en las actividades de los ex funcionarios públicos y sus conexiones internacionales.
En un capítulo oscuro de su historia compartida, Dinamarca admitió haber esterilizado a miles de niñas inuit en Groenlandia entre 1966 y 1971, como parte de un controvertido programa de control poblacional conocido como la 'campaña de la espiral'. Este programa, que se extendió hasta 1991, afectó a unas 4.500 mujeres y niñas, muchas de ellas menores de edad, quienes recibieron dispositivos intrauterinos (DIU) sin su consentimiento ni el de sus padres. Las autoridades danesas impulsaron esta iniciativa para frenar el crecimiento demográfico en Groenlandia, entonces una provincia danesa, con el objetivo de reducir gastos en servicios públicos. La medida fue efectiva: los nacimientos se redujeron a la mitad a comienzos de los 70. Sin embargo, el programa dejó graves secuelas en las víctimas, con más de 350 mujeres reportando complicaciones de salud como infecciones graves, infertilidad y traumas psicológicos. En diciembre de 2025, Dinamarca anunció compensaciones de 300.000 coronas danesas (unos 40.000 euros) por víctima, tras una demanda colectiva de 143 mujeres. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el programa de 'discriminación sistemática' y reconoció la responsabilidad del Gobierno danés. El debate sobre si este programa constituye genocidio sigue abierto, con argumentos a favor y en contra. Mientras tanto, los ciudadanos de Groenlandia siguen enfrentando discriminaciones y desafíos socioeconómicos, lo que ha avivado el debate sobre la independencia de la isla.
En un giro inesperado, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró ayer que las muertes en las protestas contra el régimen de los ayatolás en Irán 'han parado' y que no hay planes de ejecuciones, según le habían informado. Esta declaración se produjo tras la evacuación preventiva de la base militar de Al Ueid en Qatar, lo que algunos interpretaron como una señal de que un ataque era inminente. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin (no Scott Bessent, que no figura en registros oficiales como Secretario del Tesoro), reveló que su departamento ha detectado el movimiento de 'decenas de millones de dólares' saliendo de Irán hacia bancos e instituciones en todo el mundo. 'Estamos viendo cómo las ratas abandonan el barco', afirmó Mnuchin, añadiendo que están rastreando estos activos y asegurando que no podrán quedarse con ellos. Las sanciones y la presión de la administración Trump parecen estar pasando factura al régimen iraní, según Mnuchin, quien destacó la operación Midnight Hammer contra instalaciones nucleares iraníes del pasado verano como ejemplo de la presión ejercida. Mientras, continúan difundiéndose imágenes de la brutal represión de la Guardia Revolucionaria contra los manifestantes pese al férreo bloqueo del régimen. NBC News informó que un posible ataque estadounidense buscaría ser 'rápido y decisivo', aunque existe preocupación por la capacidad de EE. UU. para manejar una eventual respuesta agresiva de Irán.
En una sesión cargada de polémica, el Congreso de los Diputados ha visto frustrada su intento de mostrar solidaridad con las mujeres iraníes debido a la oposición de Podemos y Sumar. El PP había promovido una declaración institucional para reconocer la valentía de las mujeres en Irán, pero la falta de unanimidad ha impedido su aprobación. Fuentes del PP han criticado duramente a Podemos y Sumar, acusándolos de 'torpedear' la declaración y de tener 'alergia a la libertad y a la democracia'. La negativa se produce en un contexto en el que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado su respaldo a las protestas de las mujeres iraníes. La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado la doble moral de la izquierda, que según ella, defiende el feminismo pero ignora la situación de las mujeres más oprimidas. Mientras tanto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la líder de Podemos, Ione Belarra, han mostrado su apoyo a denunciantes de casos de abuso en España, pero no han hecho lo mismo con las mujeres iraníes. Este episodio ha puesto de relieve las tensiones internas dentro de la coalición gobernante en España y ha generado críticas hacia la postura de Podemos y Sumar en relación con la situación en Irán.
En plena fiebre del Carnaval de Cádiz, la agrupación sevillana 'To pa mi', liderada por los directores Juan Carlos Nevado y José Antonio Gobea, ha conseguido un éxito viral con su última chirigota. La agrupación ha optado por una sátira mordaz, disfrazándose de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con billetes asomando de manera ostentosa de sus bolsos. La actuación incluye un estribillo que dice: 'Cobro el IVA a la gente, rigurosa, supuestamente sirve para pagar muchas cosas, disfruto gastando el dinero de los demás', en clara alusión al papel de Montero al frente de Hacienda y la política recaudatoria del gobierno. Además, la agrupación parodia otros temas populares como 'La Morocha', adaptándola para criticar a los morosos y la labor de la Agencia Tributaria. Con letras como 'Voy detrás de la gente morosa que a Hacienda no paga. Estoy loca por ponerme a mandar cartas certificadas' o 'No te vayas a hacer el remolón, que me he quedado con tu cara', la agrupación no deja indiferente a nadie, generando un gran debate en redes sociales sobre la percepción de la política fiscal del gobierno.
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