Crítica:
La noticia deja sin respuesta por qué el Gobierno eligió precisamente la Gran Vía para esta campaña. ¿Buscaba realmente conmemorar el fin de la dictadura o provocar una reacción política?
La noticia deja sin respuesta por qué el Gobierno eligió precisamente la Gran Vía para esta campaña. ¿Buscaba realmente conmemorar el fin de la dictadura o provocar una reacción política?
La Fiscalía Antidroga ha reconocido la existencia de posibles 'hechos delictivos' en el patrimonio del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, aunque descarta investigar al socialista por falta de indicios. La querella presentada por la asociación Hazte Oír ante la Audiencia Nacional se basaba en presuntos vínculos de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y su enriquecimiento patrimonial tras dejar la presidencia del Gobierno. El informe de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Debate, destaca que los documentos de declaración de bienes y actividades de Zapatero sí merecen ser analizados para comprobar si presentan caracteres de delito. Sin embargo, subraya que las meras informaciones publicadas no son suficientes para fundamentar una investigación penal. El patrimonio de Zapatero ya está siendo investigado en otros procedimientos, como el 'caso Plus Ultra', donde se sospecha que el ex presidente recibió una comisión de 10 millones de euros por su intermediación en el rescate de la aerolínea durante la pandemia.
En un controvertido desembolso, el Ministerio para la Transición Ecológica destinó 72.600 euros a la exposición 'Aquí hay petróleo', que explora la intersección entre el petróleo, el franquismo y los imaginarios sociales. La muestra, inaugurada el 7 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se enmarca en un convenio entre la Fundación Biodiversidad y el Círculo de Bellas Artes firmado en julio de 2024. Con un presupuesto inicial de 60.000 euros más IVA, la exposición incluye la proyección de la película 'Aquí hay petróleo' (1956), dirigida por Rafael J. Salvia, y una instalación artística interactiva en forma de dodecaedro por 14.950 euros. Comisariada por Gemma Barricarte y Jaime Vindel del CSIC, la exposición analiza el concepto de 'petromasculinidad', vinculando el uso de combustibles fósiles con una identidad masculina autoritaria durante el franquismo. Vindel recibió 2.000 euros por su trabajo, mientras que Barricarte trabajó sin remuneración. La exposición itinerará por Madrid y Sevilla, con una segunda sede prevista entre marzo y julio de 2026.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado 2,8 millones de euros en una campaña publicitaria que muestra a tres jubilados compartiendo piso en un futuro distópico debido al alza de los precios del alquiler. La iniciativa, parte del Plan de Acciones de Comunicación sobre vivienda y agenda urbana, ha generado controversia por su contenido y coste. El contrato más cuantioso, de 2.231.404,96 euros, fue adjudicado a Media Diamond para la compra de espacios publicitarios, mientras que Sra. Rushmore recibió 548.250 euros por la creatividad y producción del contenido. El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, defiende que la campaña busca concienciar sobre la importancia de la acción pública para garantizar el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, la oposición y algunos socios del Gobierno han criticado la medida por considerarla insuficiente y mal enfocada. El anuncio original fue retirado tras las críticas, pero su versión completa permanece disponible en plataformas digitales. El Gobierno ha destinado 161 millones de euros para 146 campañas en 2025, y ha gastado 329,5 millones en combatir las fake news entre 2022 y 2025.
Los sindicatos UGT y CCOO han visto reducida su actividad reivindicativa desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, pero su financiación pública no ha cesado. De hecho, en enero de este año, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo les otorgó sendas subvenciones de 30.000 euros para 'cooperación internacional al desarrollo sostenible'. Esta no es una excepción; entre 2020 y 2024, ambos sindicatos habrían recibido casi 400 millones de euros en subvenciones públicas de diversas administraciones. UGT ha creado incluso un secretario de Política Internacional para justificar el uso de estos fondos, mientras que CCOO organiza simposios y eventos para concienciar sobre la cooperación internacional. Otros ejemplos de subvenciones incluyen 159.963 euros a UGT y 165.036 euros a CCOO en octubre de 2025 del Instituto de las Mujeres para planes de igualdad, y 1.042.167 euros a UGT por su participación en órganos consultivos del Ministerio de Trabajo. Estos datos reflejan la dependencia de los sindicatos mayoritarios de la financiación pública y su alineación con las políticas del Gobierno actual, a pesar de que muchos trabajadores se sienten precarizados.
En un giro inesperado, el Ayuntamiento de Vic ha vuelto a imponer el catalán como requisito lingüístico para contratar personal en el servicio de desratización, pese a haber sido condenado previamente por exigir un nivel demasiado alto de catalán a sus empleados públicos. La asociación Convivencia Cívica ha impugnado el pliego de condiciones y solicitado su suspensión cautelar. El consistorio ya fue amonestado por la Justicia por requerir un nivel B2 de catalán a aspirantes a albañiles de cementerios. Con esta decisión, el Ayuntamiento reincide en su política lingüística, generando controversia y debate en la comunidad.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que se querellará contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y contra Rocío Arrabal, portavoz socialista en el Ayuntamiento, tras el archivo de la denuncia del PSOE contra él por supuestos delitos de malversación y abuso sexual. Landaluce ha calificado la denuncia como «un gran montaje» para dañar su honor y el de su familia. El conflicto se remonta a octubre de 2024, cuando se iniciaron las acusaciones. El alcalde ha asegurado que pedirá responsabilidades a todos los que considera que le han difamado. Además, ha informado que dejará de estar afiliado al Partido Popular para evitar que el partido sea atacado por el Grupo Socialista, pero seguirá ejerciendo sus responsabilidades como alcalde.
El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba aviones de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, para viajar a Venezuela sin dejar rastro. Las aeronaves, un Dassault Falcon 2000EX (YV3360) y un Learjet 45 (YV1118), fueron bloqueadas por EE.UU. en 2020 por 'actividades ilícitas'. Según Julio Martínez, empresario detenido por la UDEF, Zapatero viajaba primero a República Dominicana en vuelos comerciales y luego tomaba los aviones de PDVSA para llegar a Caracas. El objetivo era evitar dejar huella documental de sus desplazamientos. Se estima que Zapatero realizó alrededor de sesenta viajes a Venezuela, pese a que públicamente afirmó realizar unos veinte viajes anuales. La investigación sobre el rescate de Plus Ultra, en la que está implicado Julio Martínez, continúa en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. La UDEF reconstruye los movimientos de Martínez durante 2022, incluidos varios viajes a Venezuela.
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