Crítica:
El artículo carece de voces discrepantes que maticen la postura de los sindicatos policiales. La información podría enriquecerse con datos sobre cómo otros países han gestionado regularizaciones masivas.
El artículo carece de voces discrepantes que maticen la postura de los sindicatos policiales. La información podría enriquecerse con datos sobre cómo otros países han gestionado regularizaciones masivas.
En un movimiento estratégico para esquivar el Congreso, el Gobierno ultima un Real Decreto para regularizar a inmigrantes sin papeles acreditando cinco meses de residencia en España. La reforma, pactada entre PSOE y Podemos tras un año de negociaciones, permitiría documentar a quienes estuvieran en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales relevantes. El procedimiento, que podría beneficiar a entre medio millón y un millón de personas según las fuentes, tendría un efecto inmediato al suspender procedimientos de retorno y órdenes de expulsión, concediendo una autorización provisional de residencia que permite trabajar legalmente y acceder a derechos como la asistencia sanitaria. La medida se enmarca en una tradición de regularizaciones en España, que comenzaron en 1986 y han permitido documentar a más de 1,1 millones de personas hasta 2004. La última gran regularización, en 2005 bajo Zapatero, benefició a 572.961 personas. Ahora, el Ejecutivo retoma esta herramienta por vía reglamentaria, evitando el trámite parlamentario y atribuyendo a Podemos el impulso de la negociación.
En un giro inesperado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó su reacción al descalabro parlamentario con un vídeo grabado desde la Moncloa antes de que se produjera la votación en el Congreso de los Diputados. Con 178 votos en contra, liderados por PP, Vox y los diputados de Junts, se frustró la derogación de la ley antidesahucios y la revalorización de las pensiones a través de un decreto ómnibus. La estrategia de Sánchez, lejos de fragmentar el decreto para evitar polémicas, se centró en forzar un 'todo o nada', culpando a la oposición de la derrota y capitalizando políticamente el rechazo. Este movimiento se produce en un contexto de debilidad parlamentaria del Ejecutivo y en vísperas de la campaña electoral en Aragón, donde una parte significativa de la población es jubilada.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto prohibir la participación y asistencia de menores a los toros, argumentando que se ejerce violencia contra los animales. Esta medida se incluirá en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), cumpliendo así con las exigencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU desde 2018. La ministra de Infancia, Sira Rego, destacó que esta reforma es crucial para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. La prohibición no solo afectará a la asistencia como público, sino también a la participación activa en actividades como la caza. Además, la LOPIVI reforzará la prevención de violencias contra la infancia y mejorará el acompañamiento a las víctimas. Entre los cambios previstos se incluye la obligatoriedad de escuchar a los menores en procesos judiciales que les afecten y la ampliación a diez años de la prescripción de delitos sexuales contra la infancia.
La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha confirmado que el acuerdo para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales en España tiene un precio, aunque ha asegurado que el PSOE ha pedido discreción sobre los detalles. Montero ha negado que el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado o al aumento del gasto en Defensa sea la moneda de cambio. Sin embargo, ha condicionado el respaldo de Podemos a que se baje el precio de los alquileres por ley y se deje de invertir en armas. El acuerdo se ha cerrado horas antes de la votación del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, para la que el Gobierno también necesitará los votos de Junts. La regularización, según Montero, es una obligación legal para garantizar derechos a las personas sin papeles que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025. Podemos critica que el PSOE no habría tomado esta medida sin el apoyo de su partido, que 'aguanta el chaparrón mediático'. Además, Irene Montero ha destacado que la regularización es fundamental para evitar que el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña refuerce el racismo y la violencia institucional contra los migrantes.
La exsecretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano Balbuena, culpó a dibujos animados como 'Peppa Pig' y 'La Patrulla Canina' de la baja representación femenina en el sector del transporte. Según ella, estos programas perpetúan estereotipos de género al mostrar hombres musculosos reparando carreteras y mujeres dedicadas a labores de cuidado. Serrano hizo estas declaraciones en un acto sobre el papel de la mujer en la conservación de la red viaria en 2024, cuando aún ocupaba su cargo en el Ministerio dirigido por Óscar Puente. Su intervención ha resurgido en plena crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz y los problemas en el servicio de Rodalies en Cataluña. La dirigente argumentó que los dibujos animados influyen en la percepción de las niñas sobre el sector de transportes, haciéndoles creer que no es para ellas. Aunque fue cesada en mayo de 2025, sus palabras siguen generando debate sobre la representación de género en los medios y su impacto en las vocaciones profesionales.
El Gobierno de Pedro Sánchez destinará 271 millones de euros a publicidad institucional en 2026, la segunda cifra más alta en los últimos 15 años. Este gasto forma parte del Plan 2026 aprobado en el Consejo de Ministros, que incluye 124 campañas institucionales y 49 comerciales. Los ministerios de Transición Ecológica y Cultura lideran el número de campañas, mientras que la Dirección General de Tráfico y la Agencia Tributaria destacan por su inversión. El gasto total desde 2019 alcanza los 2.308 millones de euros. El Gobierno busca mejorar la eficacia de sus mensajes y reducir la intervención de agencias en la planificación.
La Seguridad Social está en el ojo del huracán tras las denuncias de presuntas irregularidades en las oposiciones celebradas en Galicia. Funcionarios con años de experiencia han alzado la voz, cuestionando la capacidad de los nuevos empleados públicos que obtuvieron altas calificaciones en los exámenes. Un total de 34 de las mejores notas a nivel nacional provinieron de la sede de La Coruña, lo que representa aproximadamente el 10% del total de opositores admitidos. Además, 25 de las 50 mejores calificaciones de toda España también salieron de esta sede. Los funcionarios denuncian que muchos de estos nuevos empleados no poseen ni siquiera los conocimientos básicos sobre el temario que supuestamente dominaron. 'Algunos no saben ni redactar una frase', afirma una funcionaria madrileña. La Fiscalía Provincial de La Coruña ha iniciado una investigación después de que el Ministerio de Migraciones le trasladara un informe interno sobre presuntas irregularidades. La polémica se extiende a otras convocatorias recientes para ocupar puestos en Hacienda y ADIF, especialmente en la localidad gallega de Celanova, donde varios aspirantes con calificaciones sobresalientes tienen nexos personales comunes.
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