La noticia revela la falta de transparencia en la información proporcionada por Adif y el Gobierno sobre el accidente de trenes. Las contradicciones en las fechas de inspección y las declaraciones de los ministros socavan la credibilidad de las explicaciones oficiales.
La Abogacía del Estado se encuentra en el ojo del huracán debido al 'caso Begoña Gómez', desatando una guerra soterrada entre sus miembros. El juez Juan Carlos Peinado solicitó a la Asociación Española de Abogados del Estado su juicio sobre las cualificaciones académicas necesarias para redactar pliegos de condiciones en adjudicaciones públicas, en el marco de la investigación sobre si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, incurrió en intrusismo laboral al suscribir el pliego técnico de la licitación para la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La Asociación inicialmente avaló la actuación de Gómez, argumentando que no se requiere una titulación específica para redactar estos documentos. Sin embargo, la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho, surgida tras la querella por prevaricación del presidente contra el juez Peinado, cuestionó esta valoración, sugiriendo que la falta de titulación universitaria de Gómez podría ser un impedimento. El presidente de esta nueva asociación, Francisco Espinosa, llegó a comparar la acción del presidente con un 'error iuris' y expresó su 'disculpa' en nombre de los abogados del Estado responsables. La UCM, consultada por el juez Peinado, informó que no tiene constancia de que otras personas sin titulación académica superior hubieran suscrito pliegos técnicos de condiciones, aunque sus normas no exigen una titulación concreta. Este caso pone de relieve las tensiones internas dentro de la Abogacía del Estado y la complejidad de determinar las competencias necesarias para ciertas tareas administrativas.
En un intercambio de tuits que ha generado un gran revuelo en redes sociales, Elon Musk ha cuestionado la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales en España, sugiriendo que se trata de una maniobra electoral para importar un bloque de votantes leales a la izquierda. Musk compartió un mensaje del tuitero Ian Miles Cheong, quien criticaba la medida argumentando que permitiría a estos inmigrantes obtener la ciudadanía en apenas dos años. Sánchez respondió a Musk con un tuit en inglés, afirmando que 'Marte puede esperar, la humanidad no', en una aparente alusión a la prioridad de abordar los desafíos humanos sobre las ambiciones espaciales. Sin embargo, esta respuesta ha sido aprovechada por el PP para lanzar un 'zasca' al presidente, cuestionando su ausencia en el funeral por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz y sugiriendo irónicamente que '¿Adamuz está en Marte?'. La ausencia de Sánchez en eventos relacionados con la tragedia, delegando en su ministro Óscar Puente, ha generado críticas y ha sido aprovechada por la oposición para cuestionar su compromiso y liderazgo.
La adjudicación de viviendas protegidas en Alicante a cargos cercanos al PP ha generado una gran controversia. El alcalde Luis Barcala ha anunciado la apertura de un expediente para investigar los hechos y ha asegurado que cualquier irregularidad será trasladada a la Fiscalía. Entre los adjudicatarios se encuentran la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y los hijos de la directora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman. La oposición ha elevado el tono, con Vox solicitando el cese de Pérez-Hickman y el PSOE criticando la política de vivienda del PP. La promotora, Fraorgi, defiende que las adjudicaciones se hicieron según la ley y que los compradores cumplían los requisitos. Sin embargo, la dimensión política del caso ha disparado el impacto, con acusaciones de favoritismo y nepotismo. El caso ha escalado al ámbito regional y ha generado una gran expectación en la ciudad.
La empresa Áridos Anfersa, beneficiada con un contrato de 5,2 millones de euros para suministrar balasto para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, nunca ejecutó el contrato y dejó colgado a ADIF. Cuatro días después de ganar la adjudicación, la empresa dio de alta en la Seguridad Social a Patricia Úriz, esposa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La contratación se produjo un año después de que Koldo García se reuniera con la compañía. Desde ese encuentro, Áridos Anfersa multiplicó sus contratos públicos, pasando de 18 adjudicaciones en 2021 a 102 en 2023. La principal adjudicataria fue la empresa pública Tragsa. Patricia Úriz recibió 13.796 euros netos entre agosto de 2022 y junio de 2023, sin que se hayan encontrado evidencias de que desarrollara actividad laboral presencial. La UCO apunta que la esposa de Koldo García recibió dinero de otras empresas beneficiadas por adjudicaciones públicas. La investigación sugiere una posible trama de corrupción relacionada con la concesión de contratos públicos.
El organismo Adif, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dirigido por Óscar Puente, ha destinado cerca de 190.000 euros a adaptar la señalización de dos estaciones emblemáticas: Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Córdoba-Julio Anguita. La empresa Roura Cevasa ganó las licitaciones para ambos proyectos. En Córdoba, el cambio de nombre se anunció el 16 de mayo de 2025 y la inauguración oficial tuvo lugar el 16 de septiembre del mismo año. Para la estación de Madrid, el anuncio se hizo el 3 de marzo de 2022 y la presentación oficial fue el 31 de marzo de 2023. Los trabajos en Madrid incluyen la sustitución de cuatro rótulos principales y la renovación de elementos gráficos en andenes. El plazo de ejecución para Madrid es de tres meses. La documentación de estos procesos fue obtenida por Libre Mercado a través de la Ley de Transparencia.
En una declaración ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, el empresario Víctor de Aldama reveló que la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de PDVSA con información sobre la financiación del PSOE y la Internacional Socialista. Aldama, investigado por su papel en el caso Hidrocarburos relacionado con un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros en el IVA, explicó que su función en el negocio de los hidrocarburos era cobrar una deuda contraída en 2014 con un empresario venezolano. Durante el interrogatorio, que duró más de una hora, Aldama también implicó al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la trama, afirmando que Torres mantuvo reuniones con el empresario Manuel Sellés y el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García en Canarias, donde se le entregaron 'depósitos fiscales' vinculados al negocio de hidrocarburos. Además, Aldama confesó que la trama le entregó entre 40.000 y 50.000 euros que él remitió a José Luis Ábalos y Koldo García. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a la trama el pago de un millón de euros al exministro y su exasesor a cambio de gestiones para conseguir la licencia como operadora de hidrocarburos de Villafuel. Aldama desmintió a la propietaria de Have Got Time, Carmen Pano, afirmando que no le dio las dos bolsas con dinero en efectivo y que no cree que ella llevase el dinero a la sede socialista.
El Gobierno ha iniciado los trámites para aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales a los funcionarios del Estado, tal como se comprometió en el Acuerdo Marco de 2022. El Ministerio de Función Pública informó a los sindicatos de este avance, que busca modificar la resolución que regula la jornada y horarios. Los sindicatos, como CCOO, UGT y CSIF, han reaccionado con cautela, destacando que el compromiso llega con retraso y que quedan pendientes otros asuntos como la jubilación parcial anticipada y el desarrollo del teletrabajo. La medida está implantada en la mayoría de las administraciones y se espera que se concrete en el primer trimestre del año.
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