Crítica:
El artículo revela una falta de rigor en la ejecución de las órdenes de expulsión por parte del Gobierno de Sánchez, pero podría profundizar más en las causas subyacentes de esta inacción.
El artículo revela una falta de rigor en la ejecución de las órdenes de expulsión por parte del Gobierno de Sánchez, pero podría profundizar más en las causas subyacentes de esta inacción.
El Gobierno de La Rioja, liderado por Gonzalo Capellán del PP, ha generado controversia al destinar 100.000 euros mensuales para alojar a 12 menores no acompañados (menas) en un chalet de lujo con piscina en Villamediana de Iregua. La decisión se justifica por la saturación de los servicios sociales y el riesgo de no atender adecuadamente a los menores. El chalet, valorado entre 650.000 y un millón de euros, está gestionado por una entidad especializada en menores conflictivos. El coste total para ocho meses asciende a 796.579,18 euros, lo que supone 66.666 euros por menor, o 8.333 euros mensuales por cada uno. La medida ha sido criticada por Vox, que ha denunciado el elevado coste y ha cuestionado la decisión del Gobierno regional. El PP ha respondido que la medida es necesaria debido a la contingencia migratoria y que no recurrió el Real Decreto ley 2/2025 ante el Tribunal Constitucional, a diferencia de otros gobiernos regionales del PP. La polémica se enmarca en un contexto de tensiones entre el PP y Vox en La Rioja, donde el presidente Capellán ha afirmado que vetaría a Vox por considerarlo xenófobo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Egipto el 13 de octubre de 2025 para la firma del acuerdo de paz de la guerra de Gaza. Un mes después, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) otorgó tres subvenciones por un total de 700.000 euros a entidades egipcias. Estas subvenciones, sin contraprestación, se destinaron a proyectos como la innovación digital para mejorar la productividad agrícola, la inclusión económica de mujeres en El Cairo histórico y la capacitación de trabajadores de la salud comunitaria. Este patrón de comportamiento se repite desde 2021, con un total de 500 millones de euros destinados a Egipto bajo la coartada de la cooperación internacional para el desarrollo. Entre las partidas más destacadas se encuentran tres subvenciones en 2024 por un total de más de 3 millones de euros para el 'empoderamiento socioeconómico de las mujeres del alto Egipto con soluciones digitales y ecológicas'. Además, el Fondo de Internacionalización de la Empresa ha aprobado créditos reembolsables por más de 450 millones de euros para la construcción de las líneas uno y dos del metro de El Cairo, que serán ejecutados por empresas españolas como CAF.
La regularización exprés de inmigrantes en situación irregular pactada por el Gobierno y Podemos podría incluir a delincuentes en determinados supuestos debido a una modificación en el Reglamento de Extranjería. La nueva normativa permite que los solicitantes declaren no tener antecedentes penales si no pueden obtener el certificado de sus países de origen, lo que podría suponer una vía para que delincuentes se regularicen. Los abogados consultados se debaten entre la tranquilidad y la inquietud, ya que algunos argumentan que el sistema no es más laxo que otros procedimientos de extranjería, mientras que otros ven un riesgo de regularización de delincuentes. Además, se exime a aquellos que hayan cometido delitos menores 'por necesidad'. La regularización podría beneficiar a más de 500.000 personas, aunque algunas estimaciones elevan la cifra a casi 850.000. Los regularizados podrán votar en elecciones municipales bajo ciertos supuestos. El PP y Vox han criticado el real decreto, anunciando un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender su aplicación.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha adjudicado un macrocontrato de casi 750.000 euros para el suministro de balizas V16 conectadas a Blu Castle Iberia SL, una empresa cuyo administrador único, Harold Charles Christian Fitch, figura en los Papeles de Panamá. La Guardia Civil necesita un mínimo de 17.000 dispositivos para distintas unidades. De las 15 empresas que se presentaron al proceso de licitación, Blu Castle Iberia SL fue la adjudicataria con un importe de 619.650 euros sin impuestos. La empresa, constituida en 2012 inicialmente como Agrupados Nectar 6 SL para promoción inmobiliaria, cambió su nombre y se reorientó hacia las telecomunicaciones y fabricación de equipos tecnológicos. Blu Castle Iberia SL declara solo dos trabajadores en plantilla y tiene apoderados chinos con amplios poderes. Fitch fue administrador de Galadreil International Ltd, sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas y disuelta en 2015. La adjudicación ha generado debate sobre los criterios de la Administración para contratos estratégicos.
La Guardia Civil investiga una conversación entre José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García sobre la repatriación de material ferroviario excedente de América Latina a España a través de Bolivia. La grabación, fechada el 23 de noviembre de 2023, revela cómo García presenta la operación como «perfectamente» cerrada y propone activar contratos de emergencia por 5 o 10 millones en ADIF y Transportes para ayudar a empresas afines. Aunque Ábalos había cesado como ministro en julio de 2021, ambos seguían hablando como si tuvieran influencia en decisiones de contratación pública. Meses después, empresas vinculadas acumularon contratos de emergencia ferroviarios. La investigación no establece una relación causal directa, pero la correspondencia temporal es relevante. El material excedente procedía de proyectos internacionales en América Latina, donde grandes constructoras españolas tienen una fuerte presencia. La contratación de emergencia permite adjudicar sin procedimiento competitivo, lo que levanta sospechas de favoritismo.
La Abogacía del Estado se encuentra en el ojo del huracán debido al 'caso Begoña Gómez', desatando una guerra soterrada entre sus miembros. El juez Juan Carlos Peinado solicitó a la Asociación Española de Abogados del Estado su juicio sobre las cualificaciones académicas necesarias para redactar pliegos de condiciones en adjudicaciones públicas, en el marco de la investigación sobre si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, incurrió en intrusismo laboral al suscribir el pliego técnico de la licitación para la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La Asociación inicialmente avaló la actuación de Gómez, argumentando que no se requiere una titulación específica para redactar estos documentos. Sin embargo, la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho, surgida tras la querella por prevaricación del presidente contra el juez Peinado, cuestionó esta valoración, sugiriendo que la falta de titulación universitaria de Gómez podría ser un impedimento. El presidente de esta nueva asociación, Francisco Espinosa, llegó a comparar la acción del presidente con un 'error iuris' y expresó su 'disculpa' en nombre de los abogados del Estado responsables. La UCM, consultada por el juez Peinado, informó que no tiene constancia de que otras personas sin titulación académica superior hubieran suscrito pliegos técnicos de condiciones, aunque sus normas no exigen una titulación concreta. Este caso pone de relieve las tensiones internas dentro de la Abogacía del Estado y la complejidad de determinar las competencias necesarias para ciertas tareas administrativas.
En un intercambio de tuits que ha generado un gran revuelo en redes sociales, Elon Musk ha cuestionado la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales en España, sugiriendo que se trata de una maniobra electoral para importar un bloque de votantes leales a la izquierda. Musk compartió un mensaje del tuitero Ian Miles Cheong, quien criticaba la medida argumentando que permitiría a estos inmigrantes obtener la ciudadanía en apenas dos años. Sánchez respondió a Musk con un tuit en inglés, afirmando que 'Marte puede esperar, la humanidad no', en una aparente alusión a la prioridad de abordar los desafíos humanos sobre las ambiciones espaciales. Sin embargo, esta respuesta ha sido aprovechada por el PP para lanzar un 'zasca' al presidente, cuestionando su ausencia en el funeral por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz y sugiriendo irónicamente que '¿Adamuz está en Marte?'. La ausencia de Sánchez en eventos relacionados con la tragedia, delegando en su ministro Óscar Puente, ha generado críticas y ha sido aprovechada por la oposición para cuestionar su compromiso y liderazgo.
Comentarios