Crítica:
El artículo presenta una visión crítica de la situación, pero podría profundizar más en las implicaciones legales del 'caso Cerdán'. La falta de respuesta del Ministerio de Transportes añade incertidumbre.
Acciona reduce un 30% la plantilla del Puente del Centenario tras estallar el ‘caso Cerdán’
Acciona reduce plantilla Puente
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Preservativos en cárceles españolas
En la última década, el Ministerio del Interior ha destinado 1.090.141,20 euros a la compra de preservativos y lubricantes para los centros penitenciarios españoles. Según una resolución administrativa obtenida a través de la Ley de Transparencia, el gasto total se divide en 805.885 euros para preservativos y 284.256,20 euros para lubricantes. El año con mayor desembolso en preservativos fue 2019, con 109.471 euros para 4.041.000 unidades. En cuanto a los lubricantes, el mayor gasto se registró en 2022, con 39.469 euros para 1.320.001 unidades. Es notable que en 2020 no se efectuó ninguna compra de preservativos ni lubricantes, y en 2023 no se adquirieron lubricantes pese a seguir comprando preservativos. Los datos reflejan un esfuerzo por mantener el suministro de estos productos en los centros penitenciarios, con un total de 24.111.200 preservativos y 10.305.203 lubricantes distribuidos entre 2016 y 2025.
Agricultura oculta pacto Uzbekistán
El Ministerio de Agricultura ha denegado el acceso al memorando de entendimiento firmado con Uzbekistán el 19 de noviembre de 2025, invocando la protección de los 'intereses nacionales'. La decisión contrasta con el tono elogioso utilizado cuando se anunció el acuerdo, presentado como un 'hito para reforzar la cooperación agrícola bilateral'. El memorando, firmado en Córdoba por el ministro Luis Planas y su homólogo uzbeko Ibrokhim Abdurakhmonov, establece líneas de colaboración en ámbitos como la investigación y desarrollo tecnológico, la agricultura de precisión y la gestión eficiente del agua. La resolución de Transparencia, firmada por el subsecretario Ernesto Abati García-Manso, se ampara en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, que permite limitar el acceso a la información cuando concurren razones de política exterior o de protección de intereses económicos. La denegación del acceso al documento completo ha generado dudas sobre los verdaderos motivos detrás de la opacidad en torno al acuerdo.
Sánchez congela jubilación jueces por Peinado
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido congelar la reforma legal que retrasa la jubilación de los jueces hasta los 75 años hasta que el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, abandone su cargo. Peinado, de 72 años, está a cargo de una causa que investiga presuntos delitos relacionados con Begoña Gómez, esposa del presidente. La reforma, que lleva meses en estudio, busca solucionar la acumulación de vacantes y la falta de efectivos en órganos clave. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por no mover ficha hasta que Peinado deje el juzgado, según fuentes conocedoras de las conversaciones entre el Ministerio de la Presidencia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El magistrado Peinado cumplirá 72 años el próximo 27 de septiembre de 2026 y, conforme a la legislación vigente, deberá jubilarse tras haber agotado la prórroga máxima permitida. La causa que instruye Peinado investiga presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción en el entorno de Begoña Gómez. La decisión de retrasar la reforma hasta la salida de Peinado está directamente relacionada con el contexto del caso Begoña y la incomodidad que genera en La Moncloa. La investigación ha sido prorrogada hasta abril de 2026 y la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado en varias resoluciones la solidez de la instrucción. El Gobierno ha asegurado que la reforma no está perfilada en su alcance, lo que deja margen para decidir si afectará únicamente a magistrados del Tribunal Supremo o si se extenderá a toda la carrera judicial. El Tribunal Supremo ha reclamado retrasar la edad de jubilación de sus magistrados hasta los 75 años y recuperar la figura del magistrado emérito debido al envejecimiento de la carrera judicial y la dificultad para cubrir plazas vacantes.
Zapatero testaferro: pagos a hijas
La investigación sobre el caso Plus Ultra ha revelado una trama empresarial y política en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su relación con el empresario Julio Martínez Martínez. Martínez contrató a Zapatero como asesor a través de su sociedad Análisis Relevante S.L., pagándole alrededor de medio millón de euros. Paralelamente, Análisis Relevante se convirtió en cliente de What The Fav, la agencia creativa propiedad de las hijas de Zapatero, justo cuando Plus Ultra iniciaba las gestiones para solicitar un rescate de 53 millones de euros al Gobierno. Zapatero se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para presionar por el rescate de Plus Ultra, empresa que había iniciado el proceso en septiembre de 2020. La concesión del rescate generó controversia dentro de la SEPI debido a la escasa relevancia de Plus Ultra en el mercado nacional.
Plus Ultra: regalos de Maduro
La aerolínea Plus Ultra está en el ojo del huracán tras transportar 'regalos muy valiosos' de Nicolás Maduro a España, según ha podido saber Libertad Digital de fuentes directas. El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid investiga un posible blanqueo de capitales por parte de la aerolínea con dinero procedente de Venezuela, aprovechando el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le otorgó en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El caso también salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a sus dos hijas. Según las fuentes consultadas, al menos un avión que cubría la ruta Caracas-Madrid trasladó una obra de arte en la cabina hace un año y medio aproximadamente. La obra, un cuadro muy valioso, se transportó en la bodega de la cola del aparato, donde se portan las valijas diplomáticas, y fue bajado del avión con discreción tras la salida de los pasajeros. La Fiscalía Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió el dinero del rescate para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. El presidente de la aerolínea, Julio Martínez, el consejero delegado, Roberto Rosell, y otros implicados quedaron en libertad con medidas cautelares el pasado mes de diciembre tras declarar ante el juez. Mientras tanto, se especula sobre la posible implicación de la organización en España en la desviación de la ayuda del rescate a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal.
ADIF paga más por balasto usado
La empresa pública ADIF pagó un millón más por el balasto reutilizado en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que lo que hubiera costado nuevo. La UTE liderada por Áridos Anfersa, empresa relacionada con la esposa de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, se adjudicó el contrato en julio de 2022 por 5,2 millones de euros, pero nunca se ejecutó. ADIF modificó el contrato de 'mejora integral' de la infraestructura en marzo de 2023, aumentando el presupuesto en 6,2 millones de euros debido a la subida de precios de materias primas y energía. La empresa pública optó por reutilizar balasto existente en lugar de comprar nuevo, lo que resultó más caro. El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas hace dos semanas está relacionado con esta obra.
Gobierno regulariza inmigrantes masivamente
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido convertir a los sindicatos y ONGs en gestores clave de la regularización masiva de inmigrantes, un proceso que afectará a más de medio millón de personas. A través de un real decreto, el Ejecutivo ha habilitado a estas organizaciones para que actúen como 'colaboradores de extranjería', permitiéndoles presentar solicitudes electrónicas de autorización de residencia y trabajo en nombre de los inmigrantes. Esta medida se enmarca en un proceso de regularización exprés que comenzó en abril y finalizará el 30 de junio, y que beneficiará a aquellos inmigrantes que hubieran solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 o llevaran al menos cinco meses en España sin antecedentes penales. Los inmigrantes deberán acreditar la ausencia de antecedentes penales en España y en los países donde hayan residido en los últimos cinco años. El sindicato Jupol ha alertado de que esta medida podría conllevar riesgos si no se refuerzan las plantillas y medios tecnológicos para verificar la información. Según un informe de Funcas, unos 840.000 inmigrantes viven en España en situación irregular, lo que supone un 17,2% de la población extranjera no comunitaria.
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