El artículo destaca la negligencia del Ministerio del Interior al entregar un coche inseguro a la Guardia Civil, poniendo en riesgo la vida de los agentes. Sin embargo, falta una mayor profundidad en la investigación y una mayor variedad de fuentes.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una regularización exprés y masiva de inmigrantes con requisitos más laxos que nunca. Para acogerse, basta con haber solicitado protección internacional o llevar cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025. No se requiere empadronamiento; en su lugar, se aceptan documentos como informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales o contratos de alquiler. Además, solo se necesita una 'declaración responsable' para acreditar la ausencia de antecedentes penales, sin verificación gubernamental explícita. Esta medida supone la regularización más flexible de las seis aprobadas en España desde 1986, superando incluso las de gobiernos anteriores como el de Felipe González en 1986, 1991 y 1996, y las de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. La nueva regularización podría beneficiar a un número significativo de inmigrantes indocumentados que cumplan los requisitos establecidos.
Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, ex jefe militar de ETA, saldrá en semilibertad pese a estar condenado a 377 años de cárcel por múltiples atentados. La decisión, basada en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, ha generado indignación entre las víctimas del terrorismo, quienes denuncian una 'amnistía encubierta'. Txeroki fue condenado por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa y estragos terroristas, entre otros crímenes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) critica que se le concedan beneficios sin mostrar arrepentimiento ni desvincularse de la izquierda abertzale. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, reclama que la Fiscalía de la Audiencia Nacional actúe para impedir esta decisión. Covite denuncia la falta de transparencia del Gobierno vasco en la concesión de beneficios penitenciarios a presos de ETA y la 'soledad institucional y social' en la defensa del derecho de las víctimas a la Justicia.
En un contexto de reconfiguración política en Venezuela tras la captura del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Caracas invitado por Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país. Zapatero se reunió con Rodríguez y con políticos de la oposición como Henrique Capriles y Enrique Márquez, recientemente liberado tras más de un año de prisión. La visita de Zapatero, conocido por su papel en negociaciones entre el régimen chavista y la oposición, coincide con un momento en que Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha optado por una estrategia de estabilidad en Venezuela, trabajando con el régimen actual sin presionar por una transición democrática inmediata. El objetivo de Washington es asegurar el control de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, y promover inversiones que podrían superar los 100.000 millones de dólares. Sin embargo, esta estrategia genera temores entre los funcionarios del régimen, que temen perder poder y fortunas obtenidas bajo Maduro. La situación en Venezuela sigue siendo delicada, con la necesidad de garantías legales, seguridad y control sobre grupos armados para atraer inversión extranjera.
En un movimiento inesperado, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aterrizó en Venezuela sin previo aviso al Gobierno de España ni al Ministerio de Asuntos Exteriores. Moncloa se apresuró a desligarse del viaje, enfatizando que no se trataba de una misión oficial y que, por tanto, no era de su incumbencia. 'No es cosa nuestra', fue la tajante respuesta desde el Ejecutivo. La visita coincide con un momento de cambios políticos en Venezuela, donde el oficialismo ha iniciado una Ley de Amnistía que ha resultado en la excarcelación de varios presos y la revisión de sus causas. Zapatero, que no ocupa ningún cargo público, ha expresado su 'gran confianza' en la presidenta encargada de Venezuela, destacando los pasos que ha dado en un corto período para mejorar la situación en el país. Aunque su papel ha sido el de un interlocutor en intentos de diálogo entre el Gobierno venezolano y diversos sectores políticos, su presencia en el país ha generado debate político en España debido a la frontera difusa entre su iniciativa privada y los efectos públicos de sus acciones. El Gobierno insiste en que cualquier gestión relacionada con ciudadanos españoles en el exterior se canaliza a través de la red diplomática y consular, y que todo lo demás queda fuera de su competencia directa.
La detención de Óscar Sánchez, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en octubre de 2024, ha desvelado un entramado de corrupción y narcotráfico que involucra a una veintena de personas, incluyendo a Francisco de Borbón von Hardenberg, primo lejano de Juan Carlos I. Sánchez, con acceso a información privilegiada gracias a su cargo, ayudó a la organización criminal a introducir 58 toneladas de cocaína valuadas en 2.500 millones de euros a través de 37 contenedores marítimos. Además de facilitar información sobre las iniciativas policiales, Sánchez proporcionó consejos legales a los investigados, como Ignacio Torán, para diseñar una estrategia legal que les permitiera evitar la detención. El informe policial destaca que Torán utilizaba los beneficios del narcotráfico para blanquear capitales a través de inversiones en lingotes de oro, relojes de lujo y una mansión en Dubái valorada en más de 10 millones de euros. La investigación, llevada a cabo por el juez Francisco de Jorge, ha revelado un complejo entramado de blanqueo que incluía la compra de criptomonedas, billetes de lotería premiados y la adquisición de inmuebles en Madrid e Ibiza. La Policía ha incautado seis vehículos de alta gama y atribuido a Torán el control de criptoactivos valorados en 10,2 millones de dólares.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está ultimando un informe con nuevos indicios sobre la trama de presuntos amaños de contratos públicos liderada por Leire Díez, exmilitante socialista, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los investigadores analizan la documentación incautada en diciembre al grupo Hirurok, integrado por Díez, Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Los primeros análisis de los dispositivos incautados revelan indicios de amaños más allá de las cinco operaciones por valor de 132,9 millones de euros ya imputadas, por las que habrían recibido hasta 750.000 euros en supuestas comisiones. El caso se destapó tras analizar el teléfono de Antxon Alonso en el marco del caso Koldo, encontrando un grupo de WhatsApp llamado Hirurok donde se concertaban para amañar contratos aprovechando su influencia sobre funcionarios. La UCO ha acelerado las pesquisas y prepara un atestado para el juez Santiago Pedraz, quien mantiene la causa bajo secreto de sumario. Leire Díez está imputada por el presunto cobro irregular de 21.500 euros a través de la venta de un coche a la sociedad Mediaciones Martínez, utilizada para canalizar mordidas. Los hechos investigados datan de 2021, 2022 y 2023. El juez Pedraz prorrogará el secreto de sumario para proteger la investigación.
El magistrado Jesús Villegas ha analizado en profundidad el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha negado a entregar su pasaporte al juez que investiga sus actividades. Villegas ha explicado que, aunque Gómez no está obligada a entregar pruebas que puedan incriminarla, el juez dispone de mecanismos alternativos para obtener la información necesaria. Entre ellos, pedir a la policía judicial que reconstruya sus movimientos a través de registros policiales y administrativos. Villegas ha destacado que el juez puede oficiar a la policía para recabar información existente en registros, lo que podría ser clave para avanzar en la investigación. Además, ha planteado dos hipótesis sobre la negativa de Gómez a entregar su pasaporte: que contenga elementos inculpatorios o que haya detalles de su vida privada que quiera preservar. Para resolver este dilema, Villegas sugiere que el juez podría ordenar la extracción de solo los elementos relevantes para la investigación, manteniendo ocultos los detalles privados. El magistrado también ha criticado la falta de colaboración del matrimonio Sánchez-Gómez con la justicia, mencionando las querellas por prevaricación contra el juez instructor, que fueron desestimadas, y la negativa de Pedro Sánchez a declarar como testigo. Villegas ha calificado la 'ley Begoña', una proposición de ley del PSOE que buscaba restringir la acusación popular, como una 'auténtica barbaridad' que pretende crear privilegios defensivos para proteger a delincuentes. Finalmente, ha concluido con una reflexión: 'Por favor, los inocentes no tienen nada que temer'.
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